Los seis jóvenes fueron condenados en 2017 por un delito contra la ordenación del territorio y usurpación de bien inmueble. - ARCHIVO

GUADALAJARA.- Los seis de Fraguas irán a la cárcel si la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no hace algo "de inmediato" para paralizarlo. Este es el mensaje que lanzan desde el colectivo Fraguas Revive para tratar de frenar la ejecución de la sentencia que les condena a penas, como mínimo de un año y 6 meses de prisión -no ingresarían al no tener antecedentes-, así como a pagar la demolición de las reconstrucciones, tasada en casi 110.000 euros, que de no abonarse sí les llevará a la cárcel.

Una petición que realizan tras haber recibido el auto del Juzgado de lo Penal nº 1 de Guadalajara, de fecha 20 de junio de 2022, al que ha tenido acceso PeriódicoCLM, por el que se ordena la ejecución de la sentencia, debiendo pagar los seis repobladores la responsabilidad civil fijada "de forma conjunta y solidaria".

Responsabilidad civil que se cuantifica en virtud del presupuesto presentado por la empresa pública Tragsa en febrero de 2021, incluyendo en la fase 1 el coste de demolición de las obras y construcciones, así como la estimación de los costes en la retirada de residuos existentes anteriores al 7 de febrero de 2017, que en total ascienden a 109.840,87 euros.

Un presupuesto en el que se distinguen tres períodos, a cada uno de los cuales se atribuye una cuantía y actuaciones. Así, para el primer período, establecido hasta el 17 de septiembre de 2013, el presupuesto de demolición, carga y transporte de escombros referentes a la casa principal y trasera, para los que se determina un volumen aparente de 400 y 54 metros cúbicos, respectivamente, asciende a 47.857,35 euros.

Para el segundo período, comprendido entre el 17 de septiembre de 2013 y el 14 de enero de 2014, en el que se lleva a cabo la ampliación de la letrina (18 m3) y el gallinero (12 m3), así como la acumulación de basuras y soporte de placas solares entre otros residuos, el presupuesto valora la ejecución en 1.213,19 euros.

Mientras, para el tercer período, comprendido entre el 14 de enero de 2014 y el 7 de febrero de 2017, que se corresponde con las edificaciones de casa almacén (500 m3) y la edificación de paja y adobe (75 m3), se presupuestan 60.770,33 euros para su demolición, carga y transporte de escombros.

Presupuesto que fue impugnado por la representación de los seis jóvenes, al considerar que se habían integrado construcciones que no fueron contempladas en la sentencia condenatoria. Algo que se rechaza en este auto, en el que defiende que la valoración se hace "en virtud de una estimación del reparto a cada uno de los periodos", al ser "fácilmente identificables a cada período" las unidades de obra de demolición de cada una de las construcciones, no así en lo que respecta al volumen de residuos que "ha ido variando en el tiempo, por lo que no se sabe con exactitud a qué período temporal corresponde" y estima así que "no hay otro modo distinto de cuantificar la responsabilidad civil".

Desde Fraguas Revive consideran que se siguen "obviando los bienes patrimoniales que merecen protección", pues la Junta insiste en demoler "a ras de suelo" las reconstrucciones.

Además, el derribo de las edificaciones se calcula "como si se tratase de bloques macizos, con una cantidad ingente de escombro", el cual no habría en caso de derribo, lo que según el colectivo "engorda" el presupuesto de 27.000 a 110.000 euros.

Subrayan así que el estudio realizado por el Gobierno regional es "desproporcionado" y que no se ajusta realmente a lo que hay en el poblado. Por eso ven "injusto" que, ya que no hay construcciones condenadas de nueva planta, que todas son autorizables y que "la ordenación territorial de Fraguas, y otros muchos pueblos es fraudulenta", al ser "heredada del franquismo", se les impute ese delito de ordenación del territorio.

Auto de ejecución de la sentencia dictada en 2017, y ratificada en 2019 por la Audiencia Provincial, que condena a estos jóvenes por un delito contra la ordenación del territorio y usurpación de bien inmueble, a penas de prisión de, al menos año y medio; abonar algo más de 3.000 euros cada uno de ellos de multa y a pagar los gastos de la demolición que, de no ser abonados, haría que la condena de cárcel se elevara hasta los dos años y tres meses.

Aunque este nuevo auto de ejecución ya está recurrido, desde Fraguas Revive son conscientes de que la vía judicial "está prácticamente agotada".

Recuerdan además que este proceso dura ya más de diez años y que ninguno de los condenados reside en Fraguas, por lo que vuelven a defender que "en ningún caso" se pretendía destruir la naturaleza, sino todo lo contrario, "cuidarla, reconstruir la zona y permitir que fuera nuevamente repoblada", subrayan.

Por ello insisten y vuelven a pedir que la Junta de Comunidades intervenga y paralice el proceso, ya que de otro modo será "inevitable" que los seis de Fraguas ingresen en prisión, al no poder asumir la responsabilidad civil -gastos de la demolición- que se les exige.

Cabe recordar que a finales del pasado año los repobladores de Fraguas recibían una resolución de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la que se les daba diez días para marcharse de forma voluntaria o se procedería a la ejecución forzosa. Una resolución que daba vía libre a las acciones necesarias para recuperar la posesión del monte ocupado, así como a la demolición de las construcciones ilegales.