GUADALAJARA.- "Tenemos claro que fue una detención ilegal, que podemos ser absueltos o condenados por lo que sea, pero si hay condena se llegará con los recursos hasta Estrasburgo si es necesario" y si hay absolución "a lo mejor nos planteamos denunciar, para que entienda la Guardia Civil de Guadalajara que no se puede detener a la gente por protestar".
Ideas claras con las que se enfrentan al juicio los ocho activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Guadalajara que el 5 de diciembre de 2017 acudieron a la sucursal de Caixabank en la localidad guadalajareña de Cabanillas del Campo para tratar de frenar el desahucio de una mujer y sus hijos pidiendo por escrito el compromiso verbal que la entidad había adquirido durante las negociaciones, que fueron detenidos de manera ilegal -tal y como aseguran- y para los que piden penas de tres años y medio de prisión.
Uno de 'los 8 de Caixabank' es Gustavo Rioja, quien tiene claro que "los derechos fundamentales están para protegerse, y están por encima del derecho a la propiedad o los derechos del banco", algo -precisa- que "tiene bien claro la jueza también, porque se lo hemos dicho veinte veces", tal y como explica durante la entrevista con PeriódicoCLM.
Fue el primero al que hace cinco años la Guardia Civil 'invitó' a salir de la sucursal bancaria una vez llegada la hora del cierre. No estaban dispuestos a marcharse si ese documento que "formalizara que esa familia estaba en un proceso de negociación para poder pedir al juzgado que retrasara la vista. Era un desahucio en precario, si antes de la vista no tienes nada, que es lo normal, sigue adelante y se dicta sentencia en 24 horas diciendo que tienes que abandonar la vivienda y te dan plazo de salida".
Durante toda la mañana se sucedieron llamadas y reuniones, aunque Gustavo está convencido de que desde el banco "estaban ganando tiempo únicamente. Desde el principio se ve muy claro que no tienen intención de dar el documento en ningún momento", aunque incluso hasta diez minutos antes del cierre desde Barcelona, la mediadora de la entidad con la que habían tratado, aseguraba que enviaría un fax con el compromiso. Un fax que nunca llegó.
Sí lo hizo la Guardia Civil, cuya presencia volvió a reclamar el director de la sucursal llegada la hora del cierre. Se negaron a salir del banco sin el documento que les había llevado hasta allí, pero los agentes empezaron a sacarlos.
"Nos piden que salgamos, vamos haciendo una resistencia pasiva, nos vamos levantando nosotros o nos levantan a alguno, nos esposan y nos llevan", explica Rioja. Algo que "en todo caso correspondería con la figura jurídica de allanamiento de persona jurídica, que es un delito leve para el que el Código Penal no permite la detención".
No obstante, les llevan al cuartel de la Guardia Civil "y allí es cuando nos damos cuenta de que nos están deteniendo, cuando nos meten al calabozo". Antes de ese momento, recuerda Gustavo, nadie les comunicó que estaban detenidos, "fue muy dantesco todo, muy de película de Almodóvar".
"Es en este momento cuando nos damos cuenta de que hay órdenes políticas", explica el activista, puesto que quien en ese momento se encontraba de responsable en el puesto de la Guardia Civil había comentado a los primeros en salir de la sucursal que tras la filiación conllevaría solo una multa administrativa. "Ellos sabían muy bien que eso era un delito de allanamiento de persona jurídica, que no nos podían detener, pero alguien debió levantar el teléfono en algún momento y dijo que no, que había que darnos un escarmiento", apunta Gustavo. "Esto no lo podemos confirmar, no tenemos la llamada telefónica del señor Sánchez Seco -quien era subdelegado del Gobierno en aquel entonces-, aunque seguro que no fue él, sino alguno de súbditos", apunta.
"Nos detienen y cuando ven que por redes se está pasando que estábamos siendo detenidos y empiezan a aparecer por allí más y más compañeros y compañeras, unas cien personas, y luego nos liberan al tiempo". Ocho horas en las que "nos tomaron las huellas y toda la parafernalia", para después iniciar "todo el tema del procedimiento judicial, cuando vemos claramente que se aumentan todos los cargos posibles, habidos y por haber. Lo de Caixabank es una desproporción".
Y es que la resistencia fue pasiva, no hubo enfrentamientos ni violencia, algo que podría haberse comprobado en las grabaciones de seguridad de la sucursal, que sin embargo fueron borradas. "Cuando nos llaman a declarar, nuestros abogados solicitan como prueba de cargo las grabaciones de la sucursal, y contestan a los quince días diciendo que las han borrado cumpliendo con la ley de protección de datos. No existe esa prueba de cargo", apostilla Rioja.
Sin embargo es así como "se procede a una denuncia pidiendo hasta tres años y medio de cárcel por parte de Caixabank, un año y medio la Fiscalía, basándose en las declaraciones del director de la sucursal". "Los propios guardias civiles declaran que no hubo uso de la violencia, ni coacciones, ni ningún tipo de resistencia", recuerda.
Y así han pasado cinco años de espera hasta la celebración del juicio. En su caso, al contrario que en el de su compañera Anastasia, que llegó a ser desahuciada por la misma entidad que pide penas de cárcel para ellos, Gustavo Rioja no ha perdido su vivienda, "aunque aguantas cuestiones de otro tipo". "Esta es una cosa más. Yo llevaba seis años en la asamblea de la PAH y he vivido distintas situaciones de persecución, no solo esta", añade.
"Hemos tenido hace cuatro años el caso de Safira, que fue desahuciada. Nos sacaron los antidisturbios de la vivienda, habiendo incluso una orden de la ONU" en la que se advertía de la dramática situación de la joven, con discapacidad y sin ingresos suficientes para poder acceder a una solución habitacional. "No lo admitieron y nos pusieron una denuncia a 22 activistas. Ganamos en el proceso de instrucción, ni siquiera se llegó a juicio, porque la propia jueza vio claramente que era un hecho de libertad de expresión y que, por tanto, no había ningún tipo de violencia ni coacciones, muy similar a este caso, solo que se hizo en la puerta de una vivienda, en lugar de en una sucursal bancaria", apunta Gustavo.
"Multas hemos tenido en varias ocasiones", señala, puesto que "la persecución a los activistas es habitual aquí en Guadalajara". "Es una provincia pequeña, en la que todos nos conocemos. Siempre cuento la misma anécdota para ilustrarlo: para entregarme una citación para ir a declarar al juzgado, la Guardia Civil se presentó en la puerta del instituto preguntando por mi hijo menor, para decirle que dónde estaba su padre. Eso son coacciones", subraya.
"Este tipo de cosas las hemos ido viviendo. Otro compañero también estuvo en otra causa bastante importante, por el tema de una foto que se publicó de la comisión judicial yendo a desahuciar a una familia con menores en el barrio del Alamín. Él durante el proceso también perdió su vivienda" en ese mismo barrio. "Al final acabas haciendo callo, es parte del juego", apostilla Rioja.
Porque a pesar de todo, incluso de que no se pudiera evitar que la familia por la que habían acudido a la oficina bancaria hace ya cinco años fuera desalojada de la vivienda, están convencidos de que merece la pena su lucha. "El problema es que la PAH no solamente denuncia las cosas vía juzgado, que es lo que ellos quieren; nosotros señalamos a los culpables. Si entramos a una sucursal a decir que su director y el jefe de recuperaciones están paralizando un caso de desahucio y quieren juzgar a una familia para expulsarla, pues lo hacemos; si tenemos que ir a la puerta de un domicilio a bloquearlo y a sacar fotos de la comisión judicial que va a la calle a desahuciar a una familia con dos bebés, sin preaviso, pues lo hacemos", subraya.
"Es lo que no se tolera en esta sociedad, el que señales a los culpables, además que son poderosos. Esta denuncia claramente es una forma de ajusticiar, pasarte un tiempo de incertidumbre, pidiendo cantidades desorbitadas. La Caixa sabe que es totalmente desorbitado y la propia Fiscalía lo sabe, pero claro, si señalas a uno de los mayores bancos de Europa, a un banco que posiblemente puede llegar a dos tercios de este país a base de créditos, molesta. Esa es la gran diferencia. Es lo que hay, son las armas que tenemos", señala.
Con estas premisas el próximo 30 de noviembre 'los 8 de Caixabank' acudirán al juicio. Ese día se ha convocado una concentración a la puerta de los juzgados de Guadalajara, a las nueve de la mañana. "Espero que esté toda Guadalajara en la puerta, que ni el juez pueda entrar con el coche. Que se den cuenta de que no nos asustan, que vean que todo el mundo tiene derecho a defender sus derechos", concluye Gustavo.
