GUADALAJARA.- Aseguran que intentaron parar un desahucio pacíficamente, sin empleo de la violencia y defendiendo los derechos de una joven discapacitada en situación de vulnerabilidad, pero ahora se les acusa de un presunto delito de desobediencia y resistencia grave a la autoridad, por lo que podrían enfrentarse a penas de entre uno y cuatro años de cárcel. Es la situación en la que se encuentran los veintidós activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Guadalajara que hace casi un año trataron de impedir el desahucio de Safira Sánchez, de 23 años, de la vivienda que ocupaba en el barrio de Las Ramblas. Una joven que, junto a su madre, también se encuentra entre los imputados.
Todos ellos acudían este jueves a declarar en el Juzgado número 3 de Guadalajara, tras la denuncia presentada contra ellos por intentar frenar hace ahora un año el desalojo de esta joven discapacitada de la vivienda propiedad de un banco en la que se alojaba.
Lo hacían convencidos de que lo único que hicieron aquel día fue defender el derecho de Safira a una vivienda digna, cumpliendo además con el mandato del Comité de Derechos Económicos y Sociales de la ONU, según el cual no se debería haber materializado el desahucio hasta que no hubiese una alternativa habitacional para la joven.
Alternativa que los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara siguen defendiendo que no existía, a pesar de que desde la Junta de Comunidades declaró en su momento haber ofrecido alternativas a Safira.
Por ello habrían acudido a tratar de parar el desahucio de la joven de 23 años, entonces con un 66 por ciento de discapacidad, por la que percibía una pensión de 380 euros. Una situación de vulnerabilidad ante la que acudieron a ayudar a Safira y que terminó con un desalojo a la fuerza por parte de la Policía.
Los imputados aseguran que ellos en ningún momento emplearon la violencia para impedir el desahucio, por lo que consideran que al ser acusados de todo lo contrario lo que se pretende es "asustar a la población" y tratar de "desprestigiar" las acciones que se llevan a cabo desde la PAH.
Así, tras prestar declaración ante el juzgado resumían sus testimonios asegurando que lo que han hecho ha sido "contar la verdad".
Ahora queda esperar a la decisión del juez, que emitirá un auto en el decidirá si se eleva el procedimiento a penal o si bien se sobresee la causa y se archiva.
AMNISTÍA DENUNCIA LA CRIMINALIZACIÓN
Un caso que sigue de cerca Amnistía Internacional Castilla-La Mancha, desde la que recuerdan que el Comité DESC de la ONU "exigió" a las autoridades suspender el desalojo u ofrecerle un alojamiento alternativo, lo cual no hicieron. Consideran por ello que las autoridades "no solo no han cumplido con su obligación de dar una respuesta habitacional adecuada" a esta joven, sino que "con sus actuaciones posteriores han incrementado la situación de desamparo, criminalizando a la víctima".
Respecto a la investigación abierta contra más de una veintena de activistas por tratar de impedir el desalojo, señalan desde Amnistía Internacional que el atestado policial "está lleno de imprecisiones y vaguedades", llegando a concluir que hubo intimidación, "pero sin aportar detalles sobre la conducta concreta de estas personas que supuestamente originaron la misma".
Del mismo modo, han detallado desde la organización a través de sus redes sociales, "tampoco se incluye ninguna actividad que denote violencia por parte de Safira, ni de su madre, ni de los y las activistas".
Por ello muestran su preocupación por el hecho de que en el atestado policial se mencione que "todo responde a una estrategia de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca". Algo que, subrayan, supone la "criminalización" de un movimiento social que "pretende defender los derechos humanos de las personas que han sido privadas de su derecho a la vivienda".
FEBRERO DE 2017, EL INICIO DE LA HISTORIA
El origen de esta situación en la que ahora se encuentran inmersos tanto Safira y su madre como la veintena de activistas imputados por un presunto delito de desobediencia y resistencia grave a la autoridad tiene su punto de partida en febrero de 2017, cuando la entidad bancaria Kutxabank presentaba una demanda por desahucio en precario sin título de propiedad. Reclamaban así una vivienda de 60 metros cuadrados que llevaba vacía más de cinco años, y que había sido utilizada por la afectada y su pareja para vivir.
Un desahucio que era aplazado por el Juzgado de 1ª Instancia en dos ocasiones. La primera el 8 de junio y la segunda el 11 de septiembre de 2018, a petición exclusiva de Safira, y sin que interviniera en ese tiempo de manera clara ningún organismo oficial que, posteriormente, precisan desde la PAH, lo harían "obligados por la sociedad civil".
Antes del segundo aplazamiento, con fecha 8 de agosto, se remitía por parte de la joven una solicitud de amparo al Comité DESC de la ONU, respondiendo éste con fecha 5 de septiembre, admitiendo su solicitud e instando a España a paralizar el desalojo.
Es en ese momento, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, cuando comienza la violación de derechos civiles, por inacción, por parte de las instituciones públicas, señalando a la Junta de Comunidades, a través de su Dirección Provincial de Bienestar Social, y al Juzgado de 1ª Instancia.
Recuerdan cómo desde el Comité DESC de la ONU se instaba al cumplimiento de los derechos de Safira y se pedía la paralización del desahucio como medida preventiva "hasta otorgarle vivienda alternativa adecuada a sus necesidades, en el marco de una consulta genuina y efectiva con la autora".
Algo que aseguran no se produce, como tampoco por parte de los organismos públicos, ni juzgado ejecutante ni la Administración regional, se remite documento o información alguna en relación a este asunto a la oficina de enlace del Gobierno español con el Comité de la ONU, ya que de haber sido así, dicho organismo lo hubiera puesto a disposición del abogado de Safira Sánchez como parte afectada y denunciante del caso, tal y como obliga su procedimiento, entre el 12 de septiembre -para un día antes estaba previsto el desahucio y es aplazado- y el 22 de octubre, fecha en la que finalmente se produce el desalojo.
Es en este contexto en el que la propia afectada, acompañada por activistas de la PAH acuden sin cita a la sede de la Delegación de Bienestar Social de la Junta el 17 de octubre, para exigir una respuesta formal a la solicitud del Comité DESC de la ONU. Una visita durante la cual, explican, se les informó de que "ya se había mandado al organismo internacional dicha información, sin haber consultado previamente a la interesada".
Asimismo alegaban que se había citado en dos ocasiones a la joven, sin que se hubiera presentado. Citaciones que no habrían quedado acreditadas en ningún momento.
Desde la PAH detallan cómo posteriormente, y gracias a que la ONU les dio traslado de las alegaciones presentadas por la Junta ante la oficina de enlace del Ministerio de Justicia, la afectada llega a conocer el informe de Bienestar Social, según el cual se le ofrecían varias opciones.
Una de ellas pasaba por una ayuda económica de emergencia social, la cual era "incompatible" con los ingresos de la paga no contributiva de 380,10 euros por discapacidad de la afectada, y de lo cual Bienestar Social era conocedor.
Otra hacía referencia a un alojamiento temporal que, apuntan desde la PAH, "con claridad no es lo adecuado a las necesidades de la afectada por su temporalidad y su situación personal de discapacidad grave demostrada", de lo cual también son conocedores en Bienestar Social. Un alojamiento en un albergue de transeúntes, que en Guadalajara es el Albergue Betania, una opción que "ni es el recurso siquiera admisible para el caso".
Una tercera opción sería una ayuda para el pago del alquiler, de una cuantía anual aproximada de 1.000 euros, "incompatible con el caso de Safira", subrayan desde la PAH, "ya que la misma no tenía ningún contrato de alquiler y era precisamente ese el centro de sus reclamaciones".
Alternativas todas ellas "inasumibles" por la afectada, al ofrecer sólo "soluciones muy parciales", que no reducían la situación de vulnerabilidad.
Por otra parte, desde la PAH consideran que la paralización del desahucio solicitada por el Comité de la ONU se podría haber producido si desde la Consejería de Bienestar Social se hubiera solicitado al Juzgado la aplicación del convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social, firmado entre ambas instituciones en 2016.
Así, sin actuar unos ni otros, se llega a mediados del mes de octubre "sin soluciones aceptables", y sin invocar un convenio que podría haber solucionado de manera preventiva la situación, reduciendo el daño a la afectada.
Es de este modo como se llega al 22 de octubre, cuando el juez de 1ª Instancia emite la orden para proceder con el desahucio, incumpliendo la resolución del Comité de la ONU y violando los derechos civiles de Safira Sánchez.
Un hecho irreparable y cuyas consecuencias sigue viviendo hoy la afectada, que vive en situación de desamparo, a pesar de que la vivienda de la que fue desalojada "sigue a día de hoy cerrada y sin uso".
Como consecuencia de esta vulneración de derechos, veintidós personas han sido denunciadas penalmente por este deshaucio y debían acudir este jueves a declarar en calidad de investigadas, sumando las penas a las que se enfrentan más de 100 años de prisión.
