La nueva planificación del Tajo contempla un aumento en los caudales mínimos.

TOLEDO.- El Gobierno central ha ratificado los planes hidrológicos, incluido el del Tajo, confirmando así los caudales mínimos para este río y el recorte a las derivaciones de agua desde sus embalses de cabecera hacia el Segura. Un grifo del trasvase que se irá cerrando de forma progresiva, a la par que se implementa el caudal ecológico establecido a su paso por Aranjuez, que en 2027 deberá alcanzar los 8,65 metros cúbicos por segundo, y que mientras tanto se ha acordado suba de 6 a 7 metros cúbicos por segundo desde el 1 de enero de 2023 y que en 2026 sea ya de 8 metros cúbicos por segundo.

Un planteamiento que responde a lo acordado con el Ejecutivo central para llegar al cumplimiento de lo establecido en las cinco sentencias del Tribunal Supremo en relación a la obligación de fijar un caudal ecológico para el río, como recoge la legislación vigente, tal y como se ha venido defendiendo desde Castilla-La Mancha.

Sentencias que se han venido sucediendo desde el año 2019, y constituyen uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno regional en su defensa de los caudales mínimos en el trámite de audiencia seguido ante el Consejo de Estado en defensa de los intereses castellanomanchegos y frente a las reclamaciones realizadas desde el Levante para que no se incluyeran en el plan de cuenca.

Alegaciones en las que, cabe recordar, el Ejecutivo castellanomanchego señalaba también la necesidad de "respetar" siempre la prioridad de la cuenca cedente, así como la "progresividad" en la implantación de los caudales mínimos acordada en el seno del Consejo Nacional del Agua el pasado mes de mayo.

Cuestión a la que también hoy ha hecho referencia la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, durante la rueda de prensa que ha ofrecido tras el Consejo de Ministros. Ribera ha señalado que se ha diferido en el tiempo la implantación de los caudales mínimos "por la voluntad de conciliar los requerimientos legislativos con el impacto social, económico y ambiental que conllevan".

Todo ello pese a las críticas del Levante español, cuyos regantes volvían a concentrarse hoy en Madrid para protestar por el recorte al trasvase, y a quienes Ribera ha recordado que "no se debería cuestionar la ejecución de las sentencias", ya que su cumplimiento no supondrá "ningún riesgo" para la disponibilidad de recursos en las cuencas que históricamente se han beneficiado del trasvase.

Y es que el establecimiento de los caudales mínimos que conllevarán un recorte en el trasvase del Tajo al Segura, supondrá "en el peor de los escenarios" una reducción en los envíos de entre 70 y 100 hectómetros cúbicos al año, tal y como ha subrayado Ribera.

Durante el año hidrológico 2021/2022, desde el Tajo se trasvasaron al Segura un total de 231 hectómetros cúbicos, de los cuales 89 se destinaron a abastecimientos y 141 a riego. De este modo, y según las previsiones del Gobierno en base a la nueva planificación del Tajo, el recorte al trasvase se situaría entre el 30 y el 43 por ciento.

Aunque desde el Ejecutivo se reconoce que habrá que dar respuesta "a los nuevos desafíos que aparecen en el horizonte", Ribera ha recalcado el "compromiso total del Gobierno con el Levante", al que ha lanzado un mensaje de "tranquilidad".

En este sentido, Ribera ha trasladado a los regantes que habrá suficiente volumen de agua disponible y que los precios del agua desalada serán "asumibles por los regantes" y que "solamente se aplicarán en el momento en que las inversiones en energía estén también en marcha".

Un contexto en el que ha subrayado que el Ejecutivo no quiere que la nueva planificación hidrológica "suponga una carga inasumible para un colectivo enormemente importante en la producción de riqueza", como son los agricultores murcianos, alicantinos y almerienses.

Asimismo ha manifestado la disposición del Gobierno a mantener un diálogo "constante" con las administraciones autonómicas y con las comunidades de regantes, tal y como se ha hecho durante el ciclo de planificación, para de este modo "poder seguir revolviendo los problemas que se puedan derivar".

Junto a ello, la ministra ha destacado el ambicioso programa de inversiones planteado para compensarlo, de forma que a través de la desalación, la reutilización y la eficiencia se podrán obtener "como mínimo" hasta 140 hectómetros cúbicos de "aportaciones adicionales" de aquí al año 2027.

Junto al plan del Tajo, en el Real Decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros se encuentra también la planificación hidrológica de otras once cuencas, abarcando el 86 por ciento del territorio nacional, afectan a 65 por ciento de la población y para las que se ha previsto una inversión de 22.844 millones, de los cuales más de 10.000 millones son de inversión estatal. "Nunca jamás" se han destinado tantos recursos en España para la inversión y gestión en agua, ha sentenciado Ribera.