GUADALAJARA.- El Gobierno que preside el socialista Emiliano García-Page va a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional en el que solicitará el levantamiento de la suspensión de ejecutividad de su ley 'antifracking', mientras no exista un plan estratégico regional que impida la fractura hidráulica en Castilla-La Mancha.
Así lo ha desvelado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta, Francisco Martínez Arroyo, durante la rueda de prensa ofrecida por la plataforma 'No al fracking en Guadalajara' a la que, además del Gobierno regional, se sumaban diversos alcaldes de la zona; formaciones políticas como PSOE, Podemos, IU, Equo y Ciudadanos, así como los sindicatos CCOO y UGT.
Una convocatoria en la que se ponía de manifiesto la necesidad de "volver a la lucha", después de que se admitiera a trámite el recurso de anticonstitucionalidad presentado por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy contra la legislación 'antifracking' que aprobó el Parlamento castellano-manchego el pasado 9 de marzo de 2017.
Llaman así a defender una ley que actúa bajo el mandato de la Constitución y que representa a todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Una lucha por preservar sus pueblos de los peligros que suponen los efectos de la fractura hidráulica, contra la especulación y la destrucción de sus tierras, la salud y el bienestar de los ciudadanos.
Desde el Ejecutivo regional confían en que el Constitucional levante la suspensión, porque de ello depende que en Castilla-La Mancha se pueda realizar prácticas de fractura hidráulica, algo que "queremos impedir a través de ese recurso", subrayaba el consejero.
Y es que están convencidos de que la normativa castellano-manchega 'antifracking' "no invade competencias estatales", puesto que "se apoya en dos competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma: el medio ambiente y la salud pública", ha llegado a defender Martínez Arroyo. En ambas, es el Gobierno autonómico el que tiene competencias para legislar, por lo que difieren del veto promovido desde el Ejecutivo nacional del Partido Popular.
APUESTA POR UN MODELO SOSTENIBLE
Una ley autonómica con la que no solo se pretende salvaguardar la salud pública y el medio ambiente, sino que refleja la apuesta de Castilla-La Manca por un modelo energético sostenible, "muy alejado" de prácticas como el fracking o las energías nucleares. Un modelo, subraya el consejero, que el Ejecutivo regional va a defender "siempre" puesto que "garantiza la viabilidad de nuestro territorio".
En la ley actualmente en suspenso, se establecen para ello medidas adicionales de protección de la salud pública y el medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica.
El Gobierno regional considera que deben prevalecer las garantías de la salud pública y medio ambiente sobre una práctica "de la que se desconocen con precisión sus efectos", por lo que considera que hay "argumentos suficientes" para que en Castilla-La Mancha se pueda legislar sobre esta materia "apoyándonos en competencias exclusivas" de esta comunidad autónoma, siendo éste el modo con el que "vamos a defender los intereses de la región".
