GUADALAJARA.- Los desalojos de las más de 40 viviendas okupadas en la localidad guadalajareña de Horche han comenzado. El gran número de okupaciones y los problemas derivados de ellas, había llevado a sus vecinos a movilizarse y reclamar soluciones.
Este jueves tenían lugar los primeros 10 desalojos de los pisos okupados en Horche, a los que se sumaban este viernes los ejecutados en un edificio de Alovera, dos de los municipios de la provincia de Guadalajara cuyos alcaldes se han reunido con subdelegación del Gobierno y Fiscalía para pedir medidas y seguridad ante esta situación que se da en varias localidades.
Tras notificarles previamente el desalojo voluntario, este jueves se desplegó un amplio dispositivo de la Guardia Civil en la manzana que comprende los nueve portales de viviendas okupadas ilegalmente en Horche, para ejecutar el alzamiento del desahucio de diez viviendas.
Según ha explicaba el alcalde de Horche, Juan Manuel Moral, la empresa se puso en contacto con él para que desconectara los contadores y le informó de estos desalojos.
Los desalojos se produjeron sin incidentes, más allá de algunos insultos a medios de comunicación allí desplazados, ha relatado a el presidente de la Asociación Defiende Horche, Fernando García, constituida para pedir medidas y seguridad ante la situación de incivismo y delincuencia derivada de los okupas de estas viviendas.
"Nos pilló por sorpresa. Se presentó la autoridad judicial, representantes de la propiedad, una entidad bancaria, y operarios", ha asegurado García, quien valora estos desalojos como el primer paso para solucionar la situación.
Asimismo, ha aseverado que "es un balón de oxígeno para el pueblo y tenemos esperanza porque estamos viendo que se están buscando solución por parte de todas las partes aunque no estaremos tranquilos hasta que no se vayan todos y se tomen medidas para que no vuelvan a ocuparse".
En este sentido, García ha concretado que se han quitado las puertas de acceso y tapiado la entrada", mientras que la propiedad se ha llevado radiadores y todos los elementos de cocina y baños para evitar nuevas okupaciones ilegales.
García ha recordado que muchos de estos okupas ilegales llevan allí 8 años mientras que propietarios de alguna de esas vivienda han tenido que abandonarla por miedo y amenazas, pagando la hipoteca mientras no pueden vivir en ella y tienen que buscarse otro sitio.
Al respecto, ha comentado que "tenemos gente en la asociación que se está medicando debido a esta situación insostenible" y ha apuntado que "más allá de la ocupación ilegal, los okupas se han dedicado a robar, amenazar a la gente y tensionar el ambiente en la localidad".
A su vez, el desalojo de Alovera ha afectado a 20 familias que ocupaban ilegalmente cerca de 40 viviendas, que finalmente se han marchado voluntariamente tras llegar a un acuerdo con los propietarias del inmueble.
