CUENCA.- El Consejo de Ministros ha acordado este miércoles dejar sin efecto la designación de la localidad conquense de Villar de Cañas como emplazamiento para albergar el almacén temporal centralizado (ATC) de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos de alta actividad y su centro tecnológico asociado. Una decisión adoptada tras la aprobación del Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (7º PGRR) que descartaba esta opción y se decantaba por la puesta en marcha de siete almacenes temporales descentralizados (ATD) en los emplazamientos de las centrales nucleares.
Ha sido necesario más de un año para que oficialmente se haya materializado, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del documento propuesto por Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el carpetazo definitivo al proyecto del ATC en Villar de Cañas. Y es que si bien el documento aprobado en noviembre de 2022, tras el trámite de información pública y el análisis de las alegaciones planteadas, calificaba el proyecto en la localidad conquense como "inviable", la incertidumbre generada ante el adelanto electoral y la defensa del cementerio nuclear en esta ubicación por parte de algunos partidos había hecho temer que pudiera no llegar este momento.
Sin embargo ahora sí, junto con la aprobación en el Consejo de Ministros del nuevo PGRR, también se ha acordado dejar sin efecto la designación de Villar de Cañas para albergar el ATC, adoptada también por un consejo de ministros, entonces presidido por Mariano Rajoy, el 30 de diciembre de 2011, a propuesta del ministerio de Industria, Energía y Turismo, al frente del que se encontraba José Manuel Soria.
Una decisión que contó entonces con el beneplácito de la entonces presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, pese al rechazo social que había generado el proyecto en la comunidad autónoma.
Se pone así el punto final a doce años de polémicas entre quienes defendían la importancia del proyecto para esta zona de la región, como el Ayuntamiento de Villar de Cañas, gobernado por el PP todo este tiempo, y aquellos que desde el inicio lo rechazaron por los efectos que una instalación de estas características podría tener en el entorno y para sus vecinos, entre los que se han encontrado colectivos ecologistas, partidos políticos y diversas organizaciones. Oposición que también ha mostrado desde su llegada a la Junta de Comunidades el Gobierno de Emiliano García-Page que a lo largo de las dos anteriores legislaturas combatió desde diversos frentes -incluido el político-, el proyecto.
Ahora esta ubicación se descarta oficialmente, a la vez que entra en vigor el 7º PGRR, documento en el que se establece la política del Gobierno en materia de gestión de residuos radiactivos, incluido el combustible nuclear gastado, así como en relación al desmantelamiento y la clausura de instalaciones nucleares.
Un Plan que ha superado una larga tramitación, iniciada en marzo de 2020 con la difusión del borrador. Un proceso en el que por primera vez un PGRR ha sido sometido a evaluación ambiental estratégica, incluyendo una fase de consultas e información pública, así como al informe del Consejo de Seguridad Nuclear y de las comunidades autónomas, al objeto de garantizar una amplia participación, consenso y respaldo social.
Cabe recordar que al abrirse el proceso de información pública, en abril de 2022, desde el Ejecutivo castellanomanchego ya se vio claro el "descarte" por parte del Ministerio de la opción de Villar de Cañas como emplazamiento para el ATC, al considerar que abriendo la puerta a una segunda opción como eran los siete almacenes descentralizados en las centrales nucleares existentes la instalación proyectada en la provincia de Cuenca ya no formaba parte de la "hoja de ruta" del departamento dirigido por Ribera.
El 7º PGRR prevé unos costes futuros de 20.220 millones de euros que, de acuerdo con el principio de "quien contamina, paga", se sufragarán con el Fondo para la financiación de las actividades del PGRR, gestionado por Enresa y dotado con las aportaciones económicas de los titulares de las instalaciones nucleares.
Tras su aprobación, el 7º PGRR sustituye al 6º PGRR, vigente hasta hoy, que fue aprobado en 2006 y debería haberse actualizado antes de 2015, de acuerdo al calendario establecido por la Directiva 2011/70/Euratom, por la que se establece un marco comunitario para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos.
Así, con nueve años de retraso, ve la luz esta nueva planificación que, según destaca el Ministerio, se encuentra en consonancia con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), que fija la hoja de ruta para que España cumpla los objetivos europeos de clima y energía, así como con el Protocolo de cese ordenado de explotación de las centrales nucleares, firmado en marzo de 2019 entre Enresa y sus propietarios.
El Plan aprobado este miércoles, contempla entre otras cuestiones el cese de la operación de las centrales nucleares entre 2027 y 2035, ampliando los plazos previstos en el documento anterior, según el cual la parada definitiva de las centrales en operación se habría producido a los cuarenta años de vida útil, entre 2021 y 2028.
Asimismo recoge el inicio del desmantelamiento de las centrales nucleares a los tres años de su cese de operación definitivo, excepto Vandellós I, parada desde 1989 por un accidente grave, cuya última fase se ejecutará a partir de 2030.
Otra de las medidas incluidas en el 7º PGRR es la continuidad de la operación del centro de almacenamiento de El Cabril (Córdoba) para residuos de media, baja y muy baja actividad, hasta completar el desmantelamiento de las centrales, como ya estaba contemplado en el anterior Plan.
Del mismo modo, señala la continuidad de las actuaciones para ampliar la capacidad de los almacenes temporales individualizados para el combustible gastado en las centrales nucleares, que permitan su explotación y su desmantelamiento.
Junto a ello, se establece la puesta en marcha de siete almacenes temporales descentralizados -la opción por la que se ha descartado la ubicación del ATC en Villar de Cañas- en los emplazamientos de las centrales nucleares para el combustible gastado y los residuos de alta actividad, hasta su traslado al almacenamiento definitivo. Así, establece que el ATD de cada central estará formado por su almacén temporal individualizado más una nueva instalación complementaria, o medidas adicionales, que permitan realizar las operaciones de mantenimiento de los contenedores en los que se almacena el combustible gastado cuando la central deje de estar operativa.
Por último, se recoge el almacenamiento definitivo del combustible gastado y los residuos de alta actividad en un almacén geológico profundo (AGP), solución técnica que ya estaba prevista en el 6º PGRR, la cual es también la elegida por los países más avanzados en esta materia. Para ello, el nuevo Plan establece una hoja de ruta para que España pueda disponer de un almacén de estas características, asegurando un proceso previo de información y participación pública, a semejanza de los desarrollados en los países europeos que ya han decidido el emplazamiento de sus AGP, como Finlandia, Suecia, Suiza y Francia.
Una vez aprobado el Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos, el Gobierno dará cuenta de su aprobación a las Cortes Generales y a la Comisión Europea.
