TOLEDO.- El próximo lunes, regantes y agricultores del Levante español se manifestarán en Madrid frente a la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ya que ven peligrar su actividad por la rebaja del flujo de agua que van a recibir del trasvase Tajo-Segura.
Las "tres provincias del trasvase" -Alicante, Murcia y Almería- cuentan con el apoyo de sus gobiernos regionales para que no merme la llegada de agua del Tajo, mientras que las de Castilla-La Mancha, también con el apoyo de su Ejecutivo, reclaman lo contrario.
Este nuevo episodio de la recurrente "guerra del agua" en España se produce en un momento en el que las políticas medioambientales han tomado peso de la mano del Pacto Verde Europeo y la aplicación de las directivas y normativas comunitarias, que parten de un escenario en el que la escasez de este bien se va a agravar con el cambio climático.
Este jueves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentaba el informe "España 2050" en el que se recoge que, "para superar la amenaza del estrés hídrico", el país debe "reordenar los usos agrícolas y cultivos, priorizando la agricultura sostenible y socialmente justa".
"Y modificando el régimen de la Ley de Aguas, basándose en los principios de recuperación de costes y de 'quien contamina paga', y aumentar la resiliencia de las explotaciones agrarias", ha añadido.
El documento sentencia que "los recursos hídricos disponibles están disminuyendo en cantidad y calidad" y que "el 36 por ciento de los acuíferos están en riesgo de sobreexplotación y más de la mitad representan un alto grado de contaminación por nitratos" debido al uso de fertilizantes en el campo y de fármacos para el ganado.
España cerró 2020 con 3,83 millones de hectáreas agrícolas de regadío, una cifra levemente superior a la de 2019; el 53 por ciento de esta superficie se riega con los sistemas más eficientes, los localizados o por goteo, pero aún quedan 888.094 hectáreas que se irrigan por gravedad, lo que se traduce en un mayor consumo de agua.
De los fondos del Plan de recuperación europeo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha anunciado que cerca de 563 millones de euros -el 50 por ciento del presupuesto que gestionará este departamento- se destinará a la mejora de los sistemas de riego.
A esta cantidad hay que añadir otros 2.091 millones del Plan de recuperación que el Miteco ha anunciado para la partida de "Preservación del espacio litoral y recursos hídricos".
El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, está convencido de que "hay agua para todos" en una guerra que considera "política", y lamenta que en estos momentos "preocupa más la calidad que la cantidad" de agua.
"La calidad es importantísima, pero no se pueden olvidar de unas cantidades mínimas, que son fundamentales para producir alimentos", ha apuntado antes de recordar que la zona que está peor ahora es la del Guadalquivir, que cuenta con el 50 % de la dotación de agua de un año normal porque ha llovido poco.
A su juicio, la solución para el trasvase Tajo-Segura, "aunque llueva menos por el cambio climático", pasa por "depurar el agua de Madrid y del cauce medio utilizando el tratamiento terciario, no solo con filtros y rejillas, sino además con químicos que actúen contra cada uno de los elementos que se quieren eliminar.
Con las aguas bien depuradas y regeneradas de las ciudades y pueblos -ha explicado- la calidad y el volumen del Tajo medio mejoraría sensiblemente y se podría reutilizar para el riego, evitando el problema que ahora hay con el trasvase al Segura.
El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, que también es el portavoz del Círculo del Agua -convocante de la manifestación del lunes ante el Miteco- ha asegurado que "la solución no pasa por aumentar los caudales para contaminarlos después" en su curso medio.
Desde su punto de vista, la política hidrológica del Miteco criminaliza a una "agricultura de precisión, con "sistemas de riego altamente tecnificados" como la de Alicante, Murcia y Almería, que ya paga más cara que en ningún otro lugar el agua -bien del trasvase o de plantas desalinizadoras- y que aporta al PIB 3.013 millones de euros.
