VALENCIA.- No hubo choque de trenes, pero sí algunos recados y aunque en tono conciliador, la brecha abierta por el futuro del trasvase Tajo-Segura y sus reglas de explotación, estuvo presente en el encuentro que este miércoles protagonizaban en la localidad valenciana de Requena los presidentes autonómicos de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, para firmar un acuerdo de colaboración sanitaria.
Y es que si bien ambos responsables autonómicos coinciden en la necesidad de que haya diálogo en España sobre el problema del agua, puesto que es un recurso de todos y lo deseable sería llegar a un acuerdo nacional, en los términos que debería contemplar ya no es tal la convergencia.
Para García-Page en España hay espacio para "un cierto consenso" sobre agua, aunque para algunos "pesan más los votos que los metros cúbicos", por lo que abogaba por una estrategia nacional ya que si bien se podrían alcanzar acuerdos entre las comunidades, para que merezcan la pena deben ser homologables a todo el país.
Mazón por su parte se mostraba "absolutamente de acuerdo" en que el agua "es de todos" y en que el camino del diálogo y el acuerdo "es posible y es transitable", aunque es más difícil que en otros asuntos, al tiempo que reivindicaba que centrarse en lo que puede unir y no en lo que separa es "la mejor manera de construir España".
Un camino hacia la búsqueda de consensos en el que, según el presidente castellanomanchego, la desalación puede "contribuir muchísimo" a allanar acuerdos, aunque -subrayaba- el debate "más espinoso" en materia de agua es el precio de la desalación -algo en lo que está dispuesto a echar una mano a la Comunidad Valenciana o a Murcia-, "no de dónde sale el agua, sino cuánto vale y quién lo paga".
Punto al que replicaba el presidente valenciano, asegurando que el problema de la desalación no es solo el precio, sino también la calidad del agua y los usos preferentes puesto que puede estar contraindicada para los cítricos, por ejemplo. Por ello considera que lo importante es ver todos los recursos existentes, desde la desalación al trasvase, y llegar a una política nacional del agua.
"EL AGUA ES DE TODOS"
Al margen de esa diferencia de criterio sobre la desalación y el por qué uno la sitúa como alternativa al trasvase y otro como complemento al agua que llegue desde la cabecera del Tajo, tanto García-Page como Mazón coinciden en que "el agua es de todos", lo cual para el socialista castellanomanchego hace que sea "más complicado" ponerse de acuerdo". No obstante, precisaba, aunque el camino más directo y deseable sería el consenso, "en última instancia están los tribunales".
Y es que, cabe recordar, la posición defendida desde el Gobierno de Castilla-La Mancha cuenta con el aval de cinco sentencias del Tribunal Supremo en las que se apunta la necesidad de establecer caudales ecológicos para el Tajo, uno de los puntos que se han defendido desde esta comunidad autónoma en el proceso de consulta pública abierto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de cara a la modificación de las reglas de explotación del trasvase.
Según García-Page, agua en España para beber no falta y no va a faltar nunca, lo que se discute son otros usos del agua, y el debate es complicado porque es territorial, aunque considera que el actual Ministerio de Transición Ecológica "tiene las ideas más claras" que otras veces y están alienadas con Europa.
Por su parte Carlos Mazón instaba al ministerio a hacer su trabajo "con rigor y responsabilidad", porque no se trata de pelear por 7, 8 o 9 hectómetros cúbicos, ni de discutir sobre si las cuencas cedentes son prioritarias o sobre los caudales ecológicos, sino de ver cómo se complementan los recursos que existen.
Un planteamiento que no coincide con el de Castilla-La Mancha, cabe recordar, desde la que se defiende no solo la implantación de los caudales ecológicos -que ya en sí misma conllevaría una reducción de las derivaciones de agua hacia el Levante-, sino también la prioridad de la cuenca cedente.
Mazón, por su parte, aboga por actuar "sin demagogia ni lucha territorial", porque el problema del agua va más allá de los votos, los territorios y las coyunturas, y hay que actuar con criterios técnicos y con voluntad de diálogo en torno a un asunto que es complejo.
