CUENCA.- El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha dado la razón al Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey en su recurso contra la autorización del Gobierno regional a una macrogranja en la localidad colindante de Huerta de la Obispalía al considerar que se cometieron graves deficiencias en la evaluación ambiental. De este modo condena a la Junta de Comunidades a retirar el permiso concecido a esta explotación ganadera, al considerar que no ha sido valorado debidamente el riesgo para el medio ambiente en lo relativo al tratamiento de purines.
Una sentencia, de fecha 11 de septiembre, por la que se estima el recurso contra la licencia ambiental integrada concedida por la Consejería de Desarrollo Sostenible a la macrogranja proyectada por la empresa Hnos. Matas de Huerta. En ella, el juez, establece que se debería haber profundizado y justificado perfectamente el tratamiento de estos residuos y que se habrían incumplido los requisitos legales para acceder a la autorización.
De este modo, se establece la anulación de la misma, al tiempo que se condena a la Consejería y a la empresa promotora, como codemandados, al pago de las costas, poniendo el foco en el riesgo que supone para los recursos naturales la no evaluación de los efectos ambientales de los proyectos de macrogranjas.
En este sentido, la sentencia señala la "omisión de trámites esenciales" en el proceso y considera que son la aprobación de la autorización por parte de la Junta "se pone en grave riesgo la calidad de los recursos hídricos de toda la comarca", al estar "incompleta" la documentación aportada, lo que conlleva una alteración del juicio de pronóstico "sobre los verdaderos y presumibles efectos que sobre el medio ambiente podrían derivarse de la ejecución del proyecto".
El alto tribunal castellanomanchego viene a dar la razón al Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey, cuyo recurso se basaba en que no se había tenido en cuenta la acción sinérgica del resto de explotaciones porcinas que tiene la empresa promotora, en total cinco, en el vecino municipio de Huerta de la Obispalía, que en total suman 22.000 plazas de cebo y 2.500 madres. Algo, argumentaban, que conlleva una "incorrecta" gestión de los purines, no quedando justificado en el estudio ambiental presentado por los promotores que la contaminación de las aguas existente en los núcleos que componen el municipio de Torrejoncillo no proceda de la aplicación "indiscriminada" de purines.
Así, la sentencia viene a confirmar que no se ha hecho un análisis del impacto acumulado de estas cinco explotaciones en el municipio colindante, tal y como planteaba el consistorio. "La ausencia de un análisis en la declaración de impacto ambiental de los riesgos acumulados o sinérgicos del proyecto con la totalidad de la actividad ganadera en esa misma zona (...) se ebe considerar como una omisión relevante que desnaturaliza el procedimiento de evaluación de impacto ambiental", el cual -prosigue la sentencia- "debe ser el adecuado para preservar de forma integral los intereses ecológicos concurrentes en esa zona".
SIN PODER BEBER AGUA DEL GRIFO
Y mientras que se ha llegado a esta sentencia, los vecinos de Torrejoncillo del Rey siguen sin poder consumir agua del grifo en sus hogares, al superar los niveles permitidos de nitratos. Según las últimas analíticas, realizadas en junio de 2023 por el laboratorio Labaqua Alicante, el nivel de nitratos por litro de agua se situaba en 81 miligramos, cuando el máximo permitido por la ley es de 50 mg/l.
Un problema de contaminación por nitratos que "viene de largo", recuerdan desde la asociación Pueblos Vivos Cuenca, puesto que ya en noviembre de 2021 la analítica arrojaba un nivel de 76 mg/l, según los datos proporcionados por el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC) del Ministerio de Sanidad.
Pero la imposibilidad de beber el agua que sale por el grifo en sus hogares no es el único problema que vienen soportando los habitantes de Torrejoncillo del Rey, puesto que a ello se suman los malos olores, propagación de moscas y daños sobre las infraestructuras, cuestiones que tampoco se habían tenido en cuenta por parte de la Administración regional en la evaluación ambiental planteada por el promotor.
Cuestiones señaladas por el ayuntamiento, como también la inexistencia en la autorización ambiental de las concesiones de agua en las distintas granjas del promotor y que, previa a la construcción de la última de ellas, se había llevado a cabo un cambio de cultivo, con la roturazión de terreno de monte con un permiso de resalveo.
Junto a todo ello, se apuntaba también el incumplimiento en lo relativo a las distancias, puesto que las existentes entre las granjas con el suelo urbano de Huerta de la Obispalía no se ajustaban a la normativa actual incumpliendo así las prescripciones urbanísticas y sanitarias en vigor.
NO ES LA PRIMERA
Pero esta sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha no es la primera en la que la Junta de Comunidades es condenada por otorgar "de forma ilegal" una autorización ambiental integrada a otra macrogranja de esta misma empresa.
Y es que, recuerdan desde Pueblos Vivos Cuenca, en enero de 2018 dictó una sentencia en este sentido, que la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural "se negó a cumplir", acelerándose los trámites desde la Consejería de Medio Ambiente para una nueva autorización ambiental integrada, lo que "en la práctica" se tradujo en que "no hubo ni un solo día de paralización de la actividad de la macrogranja".
De este modo, esta que ahora se ha conocido es la tercera sentencia condenatoria hacia la evaluación ambiental de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la provincia de Cuenca. Y es que, junto a estas dos de las macrogranjas de la empresa Hnos. Matas de Huertas S.L., también en octubre de 2018 el juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cuenca se pronunciaba en el mismo sentido, en relación a un proyecto de macrogranja en Cañete. Entonces, además de condenar al ayuntamiento de la localidad por irregularidades en la tramitación del proyecto y a la empresa promotora, "se puso en entredicho la evaluación ambiental de la Administración regional", como ocurre ahora.
RECLAMAN UN "CAMBIO PROFUNDO"
Desde las organizaciones Ecologistas en Acción y Pueblos Vivos Cuenca consideran imprescindible "un cambio profundo" en la Consejería de Desarrollo Sostenible, que garantice la evaluación "rigurosa" de los proyectos presentados.
En este sentido, la presidenta de Pueblos Vivos Cuenca, Remedios Bobillo, se pregunta cómo, tras esta sentencia que confirma el incumplimiento por parte de la Junta de su "obligada imparcialidad y objetividad" al tramitar los proyectos de macrogranjas, se puede confiar "en un organismo público que actúa como un coladero para ciertas empresas afines al poder político y que tienen vía libre para saltarse la legalidad".
No obstante, estas organizaciones valoran de forma positiva la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia, la cual consideran "muy clara" respecto a "la necesidad de que se justifique perfectamente el destino de los purines". Algo que no se produce en la mayoría de los casos, apuntan, puesto que "la Junta ha aprobado muchísimas macrogranjas fiándose de la mera afirmación de sus promotores de que disponen de hectáreas suficientes para verter el purín, sin comprobar nada".
Por ello están convencidos de la existencia de un modus operandi que "pone los intereses del lobby cárnico por encima del interés general, a costa de poner en grave riesgo nuestra agua de boca y por ello, la salud de los ciudadanos".
Sentencias que vienen acompañando en los últimos años a las protestas contra la proliferación de macrogranjas porcinas en la provincia de Cuenca, como la protagonizada en noviembre de 2022 en Cuenca capital, hasta donde diversos colectivos, convocados por Pueblos Vivos Cuenca, llevaron su denuncia sobre la "venta" de sus municipios a la industria cárnica y el "coladero" que ha supuesto la moratoria para la instalación de macrogranjas de porcino en la región (aprobada en enero de 2022 en las Cortes), en vigor hasta el 31 de diciembre de 2024.
