El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante el Pleno celebrado este jueves en las Cortes regionales, en el que se ha aprobado la moratoria a las macrogranjas. — C. TOLDOS

TOLEDO.- Las Cortes de Castilla-La Mancha han dado luz verde a la moratoria para la instalación de nuevas macrogranjas de porcino en la región durante los próximos tres años, ni tampoco la ampliación de las ya existentes.

Una medida anunciada el pasado mes de diciembre por el presidente regional, Emiliano García-Page, quien apuntaba entonces que sería con carácter "indefinido", aunque poco después ya se le ponía fecha de finalización, el 31 de diciembre de 2024, en la enmienda socialista a la ley de acompañamiento de los presupuestos en la que se introducía.

Una ley que ha salido adelante únicamente con los votos de los 19 diputados del PSOE en la Cámara autonómica, que han hecho valor su mayoría absoluta frente al rechazo frontal a la propuesta por parte del Partido Popular y Ciudadanos.

De este modo, en plena polémica sobre las macrogranjas a raíz de las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en una entrevista en The Guardian, y las reacciones generadas en torno a sus palabras, el Gobierno de Castilla-La Mancha saca adelante una iniciativa que frena la proliferación de este tipo de instalaciones en la región.

Así, durante la vigencia de esta moratoria, no se admitirán solicitudes ni se concederán nuevas autorizaciones ambientales integradas para la instalación de explotaciones ganaderas de porcino, como tampoco se admitirán modificaciones de las autorizaciones ya concedidas si suponen una ampliación de capacidad.

No obstante, sí se deja una puerta abierta a aquellos proyectos, tanto de nueva construcción como de ampliación, que incorporen sistemas tecnológicos apropiados para el tratamiento, valorización y separación de sólidos-líquidos de purines.

Una moratoria que el Ejecutivo de García-Page justifica ante la necesidad de ordenar adecuadamente el sector y realizar aquellos estudios que sean necesarios para ello.

Un sector que en los últimos 15 años ha visto cómo el censo de animales se ha incrementado en un 47 por ciento y las explotaciones ganaderas ser ya 1.286. Desde el año 2016, se han tramitado en Castilla-La Mancha 90 nuevas explotaciones con autorización ambiental integrada, otras 6 modificaciones sustanciales y 210 modificaciones no sustanciales.

Esta moratoria afectará a aquellos proyectos de explotaciones de porcino que superen las 2.000 cabezas, y que por tanto precisen autorización ambiental integrada, no así para el resto de iniciativas que se seguirán tramitando como hasta ahora.

Para el presidente castellanomanchego, se trata de "una pequeña pausa procesal" para llegar a un consenso con el sector ganadero, por lo que debe quedar al margen de la "demagogia barata o el fanatismo absoluto".

Así lo ha señalado durante una comparecencia junto a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, con la que se ha reunido en Toledo. A preguntas de los periodistas, García-Page se ha vuelto a pronunciar sobre las palabras de Garzón, defendiendo que "no se puede decir fuera de España" que un producto español es de poca calidad, por lo que ha vuelto a invitar al ministro a visitar empresas de Castilla-La Mancha.

"SACAR TAJADA"

Una medida que ha defendido la portavoz del grupo socialista en las Cortes, Ana Isabel Abengózar, quien tras dejar claro "el compromiso del Gobierno con el sector ganadero" ha subrayado que esta moratoria "no pone en riesgo el sector cárnico, el ganadero o el agrícola".

En este sentido ha asegurado que "no se trata de atacar a nadie", sino de "velar y ayudar al futuro del sector primario, del campo y de estos pueblos".

Ha insistido en que la medida se adopta ante el "crecimiento exponencial" de las solicitudes de aumento de capacidad.

Abengózar ha recordado que ni PP ni Ciudadanos plantearon en la comisión de Economía y Presupuestos texto alternativo alguno a esta medida, y sin embargo ahora en medio de la polémica con Garzón "sí quieren sacar tajada".

Por su parte desde la formación naranja, la diputada Elena Jaime aseguraba que su partido no quiere una moratoria indefinida o hasta 2024, sino que, por ejemplo, "todas sin excepción cumplan con las normativas medioambientales".

Desde la bancada del PP su portavoz, Lola Merino, insistía en exigir el cese del ministro Garzón por su "campaña de acoso y derribo al sector ganadero" del país.