Castilla-La Mancha mantiene los test a los trabajadores de las residencias mientras recurre su rechazo al Supremo
CIUDAD REAL.- La Junta de Comunidades presentará un recurso ante el Tribunal Supremo para recuperar todas las restricciones aprobadas la semana pasada con el fin de contener la propagación de la covid-19 en las residencias de mayores de la región.
Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, después de que transcendiera la decisión tomada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) en la que se tumbaban algunas de las medidas complementarias, como la de realizar test periódicos cada siete o catorce días al personal de atención directa a los residentes.
Un revés por parte del TSJCLM que se ha producido al tiempo que el número de positivos en los centros sociosanitarios de la región se ha triplicado y se empiezan a conocer importantes brotes, como el que afecta a la residencia de Alamillo, donde se han contagiado ya más de la mitad de los internos.
Fernández ha pedido hoy durante una visita a un centro de mayores de la localidad ciudadrealeña de Almagro que los responsables del Poder Judicial "ayuden a proteger la salud y la vida de las personas más vulnerables, que son las de las residencias", además de solicitar a la Justicia que "reconsidere su posición".
Mientras esperan un cambio de criterio por parte del TSJCLM, la titular de la Consejería de Igualdad ha explicado que los servicios jurídicos "están preparando el recurso" ante el Supremo, manteniendo además la orden de realizar los cribados a los empleados hasta el próximo 20 de agosto.
Desde la Junta entienden que actualmente cuentan con los "instrumentos jurídicos" para poder para facilitar que se puedan hacer test al personal de los centros, y que las decisiones judiciales "se ubican en un contexto de pandemia y de crisis sanitaria todavía grave".
Igualmente, la consejera ha advertido de las personas mayores aún se encuentran en una "situación de vulnerabilidad" por la covid "aunque estén vacunadas" con la pauta completa, motivo por el que ha defendido emplear "todos los instrumentos jurídicos" para proteger la salud y la vida de la gente de Castilla-La Mancha.