TOLEDO.- El proyecto de ley de Medidas Tributarias y Administrativas que contempla la supresión de casi una veintena de tasas y reduce la presión fiscal para determinados colectivos en Castilla-La Mancha da un paso más en su tramitación, después de que esta semana el Consejo de Gobierno haya dado luz verde al documento, que puede así ser remitido a las Cortes para su posterior aprobación.
Un conjunto de medidas que anunciaba el pasado mes de octubre el presidente del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, durante el debate sobre el estado de la región, y sobre las que hoy ha informado en rueda de prensa el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha destacado su carácter "progresivo y solidario" de las medidas planteadas.
Deducciones fiscales, reducción de tipos impositivos y eliminación de 19 tasas con lo que se persigue por una parte favorecer a las familias, los jóvenes y las personas con discapacidad, y por otra impulsar la actividad económica rebajando la presión fiscal en determinadas actuaciones empresariales.
En este sentido, Ruiz Molina ha subrayado cómo las deducciones fiscales que recoge el proyecto de ley "se han hecho con bisturí", al no ser partidario el Ejecutivo de las "rebajas fiscales generalizadas" como las que propone el PP, puesto que éstas "normalmente lo que hacen es beneficiar a aquel que más capacidad económica tiene y perjudicar al que menos tiene".
Por ello, y con el objetivo de poner la política fiscal "al servicio del ciudadano" se plantean estas medidas, entre las que se encuentra la supresión de 19 tasas.
El consejero ha destacado entre las tasas que se suprimen está la de la licencia de caza y pesca para los residentes en Castilla-La Mancha, al considerar que con ella "se favorece también el turismo cinegético". Asimismo en el paquete se incluye también un conjunto de deducciones y bonificaciones fiscales que afectan fundamentalmente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, al ser ambos "los más importantes" sobre los que tiene competencias normativas la comunidad autónoma.
Una serie de medidas que vienen a sumarse a las ya contempladas en la ley contra la Despoblación aprobada el pasado mes de mayo, lo que en su conjunto supondrá una merma en los ingresos de entre 40 y 41 millones de euros.
En este sentido Ruiz Molina ha precisado que de esa cantidad, 29 millones corresponden al paquete de medidas fiscales contra la despoblación y por otra se han estimado unos 11 millones del nuevo paquete de medidas tributarias.
Sin embargo, esta reducción de los ingresos no va a traducirse en un recorte en las prestaciones de los servicios públicos, puesto que se va a compensar con "los beneficios obtenidos como consecuencia de la renegociación de la deuda pública, que ha supuesto un ahorro de 50 millones de euros".
Con la aprobación de este paquete de medidas tributarias no solo se va a mantener la presión fiscal tal y como comprometió el presidente regional en 2015, sino que además se va a reducir.
Asimismo Ruiz Molina ha querido destacar cómo estas medidas fiscales son "coherentes" con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, y "en ningún caso" afectan al estado de gastos, salvo en lo referente a los intereses de la deuda, ha precisado.
