TOLEDO.- Uno de los principales retos de esta legislatura para el Gobierno regional es la reforma del Estatuto de Autonomía, o incluso la elaboración de uno nuevo. Una idea que, aunque pasaba algo desapercibida, ya planteaba el vicepresidente primero del Ejecutivo regional, José Luis Martínez Guijarro, el pasado 6 de septiembre, cuando confirmaba el inicio de los primeros contactos con el PP para "consensuar el nuevo Estatuto o una modificación del actual", y sobre la que este lunes ha vuelto a incidir durante su comparecencia en la comisión de Asuntos Generales del Parlamento autonómico para dar a conocer las principales líneas a desarrollar durante los próximos cuatro años en sus áreas de competencia.
Un planteamiento respecto al que Martínez Guijarro ha considerado que la reforma debe ser "tan profunda" que "casi es más operativa la elaboración de un nuevo Estatuto". Se persigue la aprobación de un Estatuto de "nueva generación" que incorpore los cambios constitucionales y sociales desarrollados durante este siglo.
Idea que también apuntaba a finales de agosto el jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, quien durante una entrevista en la Cadena Ser abogaba por un nuevo Estatuto para actualizar la coordinación entre administraciones.
Una reforma estatutaria, cabe recordar, que el pasado 31 de mayo, durante la celebración del acto institucional del Día de la Región celebrado en Manzanares (Ciudad Real), García-Page situaba como una de las "prioridades inmediatas" para su gobierno, después de que apenas tres días antes revalidara en las urnas la mayoría absoluta que le garantizaba continuar al frente del Ejecutivo una tercera legislatura.
El vicepresidente primero, quien ya fue el encargado de coordinar los intentos de reforma estatutaria en las dos legislaturas anteriores aunque finalmente no fue posible lograr el consenso deseado, se ha mostrado confiado en que esta vez los acuerdos necesarios estén listos a finales de año, de modo que pueda ser una de las primeras proposiciones de las comunidades autónomas cuando arranque la nueva legislatura nacional.
En este sentido, ha subrayado la disposición del Gobierno regional para colaborar, trasladar los acuerdos que se alcancen a un texto normativo y respaldar este objetivo, aunque ha precisado que "la voz cantante" la tienen los grupos parlamentarios.
No obstante, ya sea vía nueva redacción del Estatuto o vía reforma del existente, Guijarro ha incidido en que el objetivo es que el Estatuto de Autonomía incorpore como derechos de la ciudadanía el acceso a los servicios públicos, de modo que estén garantizados con independencia de quien gobierne; nuevas herramientas que posibiliten la aprobación de decretos-ley; la reforma de la ley electoral que mejore la representatividad de la Cámara, con una ampliación del numero de diputados y, entre otras cosas, la supresión del régimen de aforamientos, tanto para los parlamentarios regionales como a los miembros del Consejo de Gobierno.
Así, el vicepresidente primero ha subrayado la necesidad de "incorporar al nuevo texto tanto las nuevas exigencias de regeneración democrática que demanda nuestra sociedad civil hasta el régimen presupuestario y control de gasto introducido por la reforma del artículo 135 de la Constitución".
Durante su intervención, Martínez Guijarro ha recordado la prosperidad que ha supuesto para esta comunidad autónoma los 40 años de Estatuto de Autonomía que, en sus propias palabras, "han sido los mejores para Castilla-La Mancha".
LEY DE INTEGRIDAD PÚBLICA
Por otra parte, el vicepresidente se ha referido a la voluntad de este Ejecutivo autonómico por seguir apostando e incrementando la transparencia en toda la gestión de la Administración regional consolidando así el modelo de gobernanza que se viene desarrollando desde el año 2015, en el que se ha venido potenciando el fomento de la participación ciudadana y rendir cuentas a la ciudadanía de la gestión.
Para seguir ahondando en estas directrices, desde la Vicepresidencia Primera se va a abordar la elaboración de la Ley de Integridad Pública, "un paso más en la política de transparencia que ha sido siempre el frontispicio en la actuación del Gobierno de Emiliano García-Page", que viene a completar la normativa que existe en la comunidad autónoma incorporando nuevas obligaciones para los miembros del Ejecutivo regional.
Finalmente, ha avanzado la elaboración de la Ley de Evaluación de Políticas Públicas y Disposiciones Normativas que servirá como instrumento "para que el conjunto de ciudadanos pueda saber cuáles son los resultados de determinadas políticas que implementa la Administración regional".
GRUPOS PARLAMENTARIOS
En el turno de los grupos parlamentarios, la portavoz del PSOE, Ana Isabel Abengózar, ha resaltado que la Vicepresidencia Primera tiene entre sus competencias los retos de futuro que hay por delante como país y región, y que la 'hoja de ruta' será "ambiciosa" porque el Gobierno regional "no se conforma con lo ya avanzado".
Por parte del PP, su portavoz, Carolina Agudo, ha puesto el acento en el cambio en el panorama político que se ha producido en esta legislatura, con un Partido Popular con mayor poder territorial municipal, por lo que ha considerado que "toca hablar y entenderse" para llegar a acuerdos sobre lucha contra la despoblación o la modificación del modelo de financiación autonómica.
De su lado, el presidente del grupo parlamentario de Vox, David Moreno, ha pedido más concreción en la reforma estatutaria y en el resto de asuntos de competencia de la Vicepresidencia Primera, y ha añadido que no espera novedades en la acción de Gobierno sino "continuidad en las políticas socialistas".
