TOLEDO.- El Gobierno de Castilla-La Mancha levanta la suspensión de la aplicación del canon medioambiental del agua y comenzará su recaudación a lo largo de este año, al considerar que no se dan ya las circunstancias para mantenerla.
Así lo ha señalado este martes el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha subrayado que la incidencia de este canon en las economías domésticas será muy pequeña, en torno a un euro o poco más en la factura.
Se trata de uno de los aspectos incluidos en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2024, tal y como ha detallado el consejero, tras recordar que en abril de 2022 se aprobó la suspensión de la aplicación del canon incluido en la nueva Ley de Aguas -a la que se había dado luz verde apenas dos meses antes- como consecuencia de los efectos negativos derivados de la invasión rusa de Ucrania y el aumento de la inflación. Se abría así un paréntesis en el cumplimiento de esta medida ante la necesidad que planteaba entonces el contexto económico.
Desde el Ejecutivo regional consideran que ya no se dan las circunstancias para mantener la suspensión de la aplicación del canon, de ahí que se haya decidido levantar la medida y comenzar en este ejercicio a recaudarlo. Una aplicación del canon obligatoria para todas las regiones de Europa, que viene recogida en el artículo 9 de la Directiva Europea del Agua, siendo Castilla-La Mancha una de las pocas comunidades autónomas que todavía no lo ha incorporado a su legislación, estando así en el límite de lo permitido por las instituciones europeas.
Respecto al destino que tendrá la recaudación del canon, Ruiz Molina ha explicado que se destinará a financiar nuevas infraestructuras de abastecimiento, ahorro, reutilización y depuración de aguas en los municipios, estando además dispuesto el Ejecutivo regional a ceder una parte de lo recaudado a los ayuntamientos para que puedan ejecutar inversiones en infraestructuras del ciclo integral del agua de su competencia.
Una decisión de levantar la suspensión del canon del agua que el Partido Popular va a estudiar este miércoles con responsables de la formación en las grandes ciudades de la región. Según ha explicado su secretaria general, Carolina Agudo, el presidente del PP regional, Paco Núñez, mantendrá una reunión con los alcaldes y portavoces del partido para analizar la repercusión de este acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno.
Cabe recordar que hace algo menos de dos años, cuando se decidió abrir un paréntesis en la aplicación medioambiental del canon del agua en Castilla-La Mancha, los populares rechazaron la proposición de ley planteada por el PSOE, al considerar su cobro no era "cosa de Europa, sino del Gobierno de Castilla-La Mancha", al tiempo que reclamaban la derogación total de la Ley de Aguas, con la consiguiente supresión del impuesto, así como de la subida de los cánones de aducción y depuración contemplados.
Una suspensión a la que también se opuso entonces Ciudadanos, entonces con representación parlamentaria en la región, formación desde la que también se solicitaba suprimir "para siempre" el canon, aunque no así la derogación de la Ley de Aguas.
Norma, cabe recordar, que también tuvo que sacar adelante en solitario el PSOE con los votos de sus diputados, después de que desde la oposición se criticase el supuesto "afán recaudatorio" en la medida.
VÍAS PECUARIAS, PROYECTOS PRIORITARIOS Y LEY DEL JUEGO
Pero además de levantar la suspensión de la aplicación del canon medioambiental del agua, esta ley de acompañamiento de los presupuestos también incluye otras modificaciones legislativas, como la relativa a la ley de vías pecuarias, con el objetivo de dar respuesta a las situaciones en las que fuera necesario modificar trazados por algún instrumento urbanístico, aunque garantizando la plena integridad del dominio público pecuario de la región; o de la ley de servicios sociales, incluyendo como prestación técnica la ejecución de medidas judiciales y socioeducativas respecto a personas infractoras menores de edad.
Junto a estas modificaciones, la ley contempla otras como la relativa a la ley de medidas urgentes para la declaración de proyectos prioritarios en la región, con el objetivo de dotar de mayor seguridad jurídica a las unidades que tramitan estos proyectos, estableciendo que se deberán precisar los umbrales mínimos de inversión y empleo a cumplir, entre otros aspectos.
Asimismo se modifica también la ley de medidas urgentes de agilización y simplificación de procedimientos de gestión y ejecución de fondos europeos de recuperación, con el objetivo de agilizar la tramitación de los convenios con las diputaciones financiados con estos fondos; y la ley del régimen administrativo y fiscal del juego, para la que se clarifica el procedimiento administrativo de cara a la declaración de zona saturada de locales de juego por parte de los municipios, introduciendo la necesidad de un informe favorable por parte de la Consejería de Hacienda.
Por otra parte, y con el objetivo de potenciar el turismo rural, se modifica la ley de ordenación del territorio y de la actividad urbanística, para permitir que en núcleos rurales tradicionales se puedan destinar a alojamientos de turismo rural hasta un tercio de las viviendas proyectadas, aunque como requisito deberán contar con acabados finales propios de la arquitectura tradicional y popular de la zona, así como su adecuación al paisaje.
