TOLEDO.- Las Cortes de Castilla-La Mancha han dado luz verde con la mayoría absoluta de Emiliano García-Page la ley de Aguas de Castilla-La Mancha, la segunda norma que sale adelante en lo que va de año tras la aprobación, también con los votos en solitario del PSOE, de la ley de acompañamiento a los presupuestos.
Normativa que sustituye a la obsoleta ley reguladora del ciclo integral del agua, que data del 2002, y a la antigua ley de Agencia del Agua; renovando los compromisos de sostenibilidad conforme a las directivas europeas y la legislación estatal, además de incluir varias disposiciones para seguir defendiendo la supresión del trasvase Tajo-Segura.
El texto aprobado en el Parlamento regional también introduce un nuevo impuesto que pagarán los castellanomanchegos en el recibo del agua y que se aplicará junto a las figuras tributarias contempladas en la legislación estatal –los cánones de aducción y depuración- y los tributos de las entidades locales.
En la nueva ley de Aguas se crea el 'canon medioambiental de la Directiva Marco del Agua (DMA)', conocido previamente como 'canon medioambiental del agua' por su denominación en los primeros borradores, siendo modificada para asociarlo con la Directiva de la Unión Europea, que establece el principio de "quien contamina paga".
Se trata de un tributo propio de la comunidad autónoma con naturaleza de impuesto indirecto que tiene la finalidad de "minimizar o corregir" la afección al medioambiente que produce el consumo del agua.
El impuesto será gestionado por la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, y su repercusión entre los colectivos se fundamenta en el volumen de agua consumida por los usuarios finales, pero también en la contaminación generada por los mismos.
En el caso de los usuarios domésticos, se establece una cuota con una parte fija de dos euros y y otra variable -entre 0 y 60 céntimos por metro cúbico- que se aplican mensualmente. El tipo impositivo tiene en cuenta el número de personas empadronadas en la vivienda y está dividido en cuatro tramos para garantizar su carácter progresivo. También se establecen bonificaciones para colectivos vulnerables.
La ley regional del agua ha contado con el rechazo del Partido Popular y Ciudadanos, que se han opuesto desde un primer momento a la creación del canon medioambiental presentando sendas enmiendas en las Cortes, todas con el voto en contra del grupo socialista.
Durante el debate parlamentario, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, justificaba el canon para asegurar la suficiencia financiera para realizar las infraestructuras hídricas vinculadas al ciclo integral del agua.
El consejero defendía en su intervención que la nueva normativa "mejora el abastecimiento, la depuración, así como los ríos y humedales" e insistía en que es necesario apostar "de manera decidida" por el establecimiento del canon medioambiental que, además, recalcaba, que lo "exige" la Directiva Marco del Agua.
En todo caso, subrayaba que la aplicación del canon es "progresiva", que "penaliza" los consumos elevados de agua, que "alivia" a los pequeños consumidores y que supondrá una "pequeña carga fiscal" de entre uno y cuatro euros mensuales.
En este punto, resaltaba el consejero que la medida incluye bonificaciones, redistribuye la riqueza y es "socialmente aceptable", ya que "prioriza" a las familias numerosas con descuentos del 20 y el 50 por ciento.
La ley de Aguas bonifica al cien por cien a las víctimas de violencia de género y a las personas en riesgo de exclusión social, además de contemplar reducción del 40 por ciento en el coste para el sector agroalimentario y del 50 por ciento para las cooperativas.
Martínez Arroyo también hacía hincapié en que la norma cumple con la ley contra la Despoblación, de modo que tiene una reducción del 25 por ciento para la cuota de los habitantes de municipios de menos de 5.000 habitantes y del 50 por ciento para localidades de menos de 2.000 vecinos.
Además, el consejero destacaba que se trata de un canon "hablado, trabajado, debatido y me atrevería a decir consensuado con las organizaciones" y que, en general, la ley "va a permitir resolver los problemas de la región en materia de agua y su repercusión en el medio natural", por el plan de depuración que hará realidad que en 2032 todo el agua de Castilla-La Mancha esté depurada.
Hacía también referencia al objetivo medioambiental de la norma y, a este respecto, aseveraba que en la actualidad hay 81 procedimientos abiertos por incumplimiento medioambiental y preguntaba a la oposición quién cree que los paga.
En la misma línea se pronunciaba el diputado socialista Francisco Pérez Torrecilla, ponente designado por la comisión de Agricultura para la defensa del dictamen, quien incidía en la necesidad de establecer el canon para financiar la construcción de una "considerable cantidad de grandes y pequeñas infraestructuras en muchos municipios".
De igual forma, manifestaba que los objetivos de la norma son "muy claros" y pasan por la optimización de la gestión, la mejora del servicio a los ciudadanos y la protección del medio ambiente, así como el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua.
Por parte del grupo Ciudadanos, la diputada Elena Jaime criticaba el "afán recaudatorio" de un "socialismo que es sinónimo de gasto público desmedido", al que acusa de crear una legislación "incalificable" y "tributaria en gran parte" para "endosar un impuesto más al agua".
La parlamentaria de la formación naranja afirmaba que el nuevo impuesto es "injusto" y "debe desaparecer de esta infame ley", al tiempo que ha negado que el canon regional sea igual al de otras comunidades autónomas.
"No se cansan de recaudar", espetaba Jaime en las Cortes regionales, quien también acusaba al Gobierno de falta de transparencia en la gestión de la Agencia del Agua. "Así no se crea futuro para Castilla-La Mancha", apostillaba.
La diputada regional del PP, Ana Guarinos, calificaba por su parte la nueva normativa de "engaño", asegurando que "no es una ley del agua", sino una ley que "con la excusa del agua aumenta la presión fiscal de los castellanomanchegos".
Recordaba que, por un lado, se incrementan los cánones de aducción y depuración; y por otro, se crea un nuevo impuesto. "Lo llaman 'canon Directiva Marco del Agua' para hacernos creer que es una imposición de la UE y que lo ponen porque les obligan", sostenía la parlamentaria, afirmando que esa cuestión "también es falsa".
Guarinos señalaba que "dos terceras partes de la ley son tributos y sanciones" -76 de los 118 artículos-, e indicaba que la ley general tributaria establece que las leyes que contengan reglas tributarias "deberán mencionarlo expresamente en su título y en la rúbrica de los artículos correspondientes".
