TOLEDO.- La Fiscalía Provincial de Toledo ha acordado la admisión a trámite y apertura de diligencias de investigación preprocesales contra el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mora, encabezado por el popular Emilio Bravo -candidato también a la reelección el próximo domingo-, a raíz de la denuncia presentada el pasado 13 de marzo por los tres grupos de la oposición, por la presunta adjudicación irregular de contratos en el consistorio.
Denuncia que firmaban los seis ediles de la oposición (cuatro del PSOE, una de IU y otro de Ciudadanos) solicitando una investigación a la Fiscalía a raíz de toda una serie de resoluciones de la alcaldía moracha consistentes en levantamiento de reparo, así como una serie de actuaciones que pudieran ser constitutivas de delito, particularmente en relación con el Patronato Deportivo Municipal (PDM).
En su escrito, consultado por PeriódicoCLM, los concejales firmantes explicaban cómo desde el inicio de la legislatura han sido "múltiples" las irregularidades presenciadas, y denunciadas en los plenos, a la hora de formalizar determinados contratos por parte del gobierno del Partido Popular.
En este sentido recordaban cómo en febrero de 2021, un informe de la Intervención Municipal sobre el control interno correspondiente al ejercicio 2019, se apuntaba la existencia de "determinados gastos repetitivos y de tracto sucesivo", que eran tramitados como contratos menores y recomendaba que en lo sucesivo se adjudicaran previa tramitación del correspondiente procedimiento de contratación.
Informe en el que también se llamaba la atención sobre la existencia de "gratificaciones" a personal, no contemplados en el capítulo 1 del presupuesto -referente a gastos de personal-, sino en el capítulo 2, insistiendo en la necesidad de incluirlos en el correspondiente.
Cuestiones que ni se han enmendado ni corregido en estos años, pese a las advertencias de Intervención y Secretaría, sino que las irregularidades "se han ido incrementando", habiéndose adoptado "un gran número de acuerdos" que podrían ser constitutivos de delito.
Señalan en su escrito varios ejemplos, los cuales podrían ser "una mínima parte de lo que está sucediendo" en el Ayuntamiento de Mora.
Así, por ejemplo, citan un informe del secretario de la Corporación, fechado en marzo de 2022, que en relación a los acuerdos adoptados por la comisión ejecutiva del Patronato Deportivo Municipal, señala la existencia de "graves irregularidades", como la ratificación de acuerdos por parte de un órgano incompetente; gratificaciones especiales al margen de cotizaciones sociales e impuestos; infracciones en gestión del gasto; la inexistencia de propuesta de gastos con unos datos mínimos que den certeza sobre la legalidad del acto a aprobar o la adjudicación de subvenciones sin tener competencia para ello.
Junto a ello, la aprobación de contratos menores y facturas de ejercicios anteriores sin aportar suficientes justificaciones, lo cual considera el secretario que podría pretender ocultar "gastos satisfechos indebidamente".
Situaciones ante las que recomendaba el reintegro de las cantidades percibidas indebidamente, así como de las subvenciones concedidas de forma indebida por cualquier órgano del PDM, advirtiendo de que las situaciones detectadas podrían "suponer una grave irregularidad contable".
Recomendaciones que han sido desoídas por el alcalde, que no ha iniciado procedimiento alguno para enmendar la situación, con el posible perjuicio que esto podría suponer para el Ayuntamiento.
SUBVENCIONES Y FACTURAS
Otro de los ejemplos citados por los denunciantes es el acuerdo adoptado en el pleno del mes de abril de 2022, por el que se aprobaba la concesión de una subvención directa, por importe de 98.100 euros, a la asociación deportiva Monitmora, pese a existir una nota de reparo suspensivo de la Intervención Municipal, debido a que se habían omitido trámites y requisitos esenciales.
Sin embargo, los votos favorables de los concejales del Partido Popular levantaron el reparo, y se acordó la concesión de la subvención sin haberse subsanado los defectos detectados por el interventor.
Una subvención que días antes, en la Comisión Especial de Cuentas y Asuntos Económicos se había señalado que sería destinada a la asociación que se encargaría "de todo el deporte en Mora", incluida la contratación de monitores, sembrando así la duda sobre el "fraude de ley" en la concesión de la misma.
Acuerdo que daba luz verde a un gasto anticipado, contra el que los grupos de la oposición interpusieron un recurso, que fue estimado por el secretario, proponiendo su anulación. Y aunque fue dictaminado favorablemente por la comisión especial de cuentas, el alcalde no lo ha elevado aún al pleno para su resolución.
Una cuestión sobre la que ya advirtieron entonces los grupos de la oposición que llevarían ante la Fiscalía, algo que finalmente se producía el pasado marzo.
O la aprobación en julio de 2022, también por la comisión ejecutiva del PDM, del levantamiento del reparo existente y aprobación del pago de facturas por más de 66.500 euros, emitidas todas ellas por "personas físicas que han sido monitores del Patronato, las cuales sorprendentemente tienen la misma numeración" y se emiten todas por el mismo concepto, estando además entre ellas "la emitida por el hijo del alcalde de Mora".
Denunciaban así que el reparo no fue levantado con argumentos jurídicos, "sino de oportunidad o conveniencia", por lo que podría existir "responsabilidad contable por alcance".
Como también se levantó el reparo del interventor municipal a la adjudicación de un contrato, por importe de casi 41.000 euros, correspondiente a la sonorización e iluminación del concierto de Café Quijano, y que fue tratado como contrato menor a pesar de superar el importe máximo para ser considerado como tal. Contrato aprobado además por un órgano "incompetente", sin constar el mínimo de ofertas legalmente previsto y sin justificación de necesidad, tal y como habrían recogido en sendos informes el secretario general accidental de la Corporación y la interventora municipal.
Cuestiones por las que podría tratarse de un presunto delito de prevaricación, al invadir competencias del pleno el alcalde levantando un reparo competencia del pleno, a sabiendas de que no podía.
Pero este no sería el único reparo levantado de forma arbitraria por Emilio Bravo que podría ser constitutivo de un delito de prevaricación, puesto que también hizo lo propio con la concesión de una subvención de 69.511 euros al PDM, aunque desde la Intervención Municipal se hubiera planteado por "insuficiencia o inadecuación de crédito".
Asimismo se denunciaban las resoluciones y providencias de alcaldía sobre el levantamiento de reparos relacionadas con un expediente, que afectarían al pago de más de 800 facturas, por un importe total superior a los 400.000 euros. Reparos que fueron levantados pese a la nota suspensiva de la Intervención por omisión de trámites y requisitos esenciales.
Cuestiones todas ellas por las que los seis concejales de la oposición (María Olvido Contento, de IU; María Elena Zufri, Elena Martín, Ana María Rodríguez y Raúl García, del PSOE; y Pablo Román Vegue, de Ciudadanos) consideran que se habrían podido utilizar fondos públicos para beneficiar a determinadas personas, y que la "actitud pasiva" de Bravo al no cumplir con sus obligaciones para iniciar los procedimientos que aclaren todas estas irregularidades, podría suponer también un perjuicio para las arcas municipales.
De ahí que pidieran a la Fiscalía Provincial de Toledo comprobar si existen indicios de posibles delitos y en caso de ser así ponerlo en conocimiento del juzgado competente. Diligencias de investigación que ahora se incoan, designando a un fiscal para su estudio y dictamen.
