En su carta a las formaciones políticas, Campoy les pide “mantener la titularidad pública y la calidad de los servicios públicos, que deben servir como correctores de las desigualdades sociales y como garantía de la universalidad y solidaridad de las prestaciones”.
La responsable de FSP UGT CLM recuerda a los partidos que “dirigir los servicios públicos implica una doble responsabilidad por parte de los Gobiernos electos: por un lado, desde la perspectiva del modelo de servicios y prestaciones que recibe la ciudadanía, por otro desde la perspectiva de impulsar un modelo de relaciones laborales con sus empleadas y empleados que sirva de ejemplo y estímulo para el conjunto del país”.
Así, Campoy insta “a los partidos políticos que obtengan representación en las Cortes de C-LM tras las elecciones del 24-M a que el Gobierno que nombren adopte una serie de medidas urgentes que frenen el deterioro de los servicios públicos y reviertan la situación, para avanzar en un modelo solidario y eficiente de bienestar social”.
Dichas medidas pasan por aumentar el prestigio de los Servicios Públicos con una apuesta por la gestión pública, frente a las privatizaciones, dotar a los Servicios Públicos de suficientes recursos humanos, dotar de modo suficiente económicamente a los Servicios Públicos para que sean de calidad, recuperar la jornada laboral de 35 horas semanales, evaluar las políticas públicas y la calidad de los Servicios Públicos de la región, recuperar la negociación colectiva como instrumento fundamental para la regulación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos de Castilla-La Mancha, recuperar el poder adquisitivo de los empleados y empleadas públicas de la región, invertir en formación de calidad que mejore la profesionalización de los recursos humanos de los Servicios Públicos, elaborar planes sobre materias claves para el desarrollo de la actividad profesional en condiciones de seguridad e igualdad y promover la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Campoy justifica esas medidas “por la necesidad de apostar por un modelo de gestión pública de los servicios de la Administración regional, que pase por la modernización, la profesionalidad e independencia de su personal, la transparencia como medida contra la corrupción, la sostenibilidad y creación de empleo, además de la negociación colectiva como base de sus relaciones laborales”.
“Con la excusa de la crisis financiera, el déficit y la deuda –argumenta la responsable de FSP UGT CLM- en los últimos años se ha recortado notablemente el gasto público, se ha apostado por un modelo privatizador y se han empeorado las condiciones laborales de los empleados y empleadas públicos, a quienes se ha acusado públicamente de privilegiados e ineficientes”.
Por eso, concluye Campoy, “el Gobierno de C-LM surgido de las urnas del 24-M debe apostar por los Servicios Públicos, porque defiendo lo público, avanzamos en derechos, tanto los trabajadores públicos que prestan esos servicios como la ciudadanía en su conjunto que los recibe”.
