Ante el inminente comienzo del curso escolar a principios de septiembre, la Federación de Enseñanza de CCOO apremia al Gobierno a responder a las demandas de la comunidad educativa y paralizar de manera urgente la LOMCE, de manera que se puedan frenar los efectos de una ley especialmente dañina para el sistema educativo español y el futuro de cientos de miles de estudiantes, que contó con el rechazo de la totalidad del arco parlamentario y que, en la actualidad, se niegan a aplicar una decena de comunidades autónomas. En concreto, considera inaplazable la retirada de la de la FP Básica, el 4º de la ESO y la selección antidemocrática de directores, y la recuperación de las políticas de atención a la diversidad.

Para Comisiones Obreras, volver a situar el derecho a la educación, la equidad, la laicidad y la escuela pública en el eje central del sistema educativo debe ser una prioridad para los Gobiernos surgidos de las elecciones del 24 de mayo, que, igualmente, deben tomar decisiones de calado relacionadas con la protección de la gratuidad del acceso a la educación de todas las personas con independencia de su origen social; la eliminación de las pruebas externas, que no evalúan sino que miden un conocimiento previamente adquirido de forma memorística; la salida de la catequesis de religión católica del currículo; y la revisión urgente del modelo de dirección de los centros para diseñar un escenario en el que haya cabida para toda la comunidad escolar.

En este contexto, se ha de eliminar la tasa de reposición y recuperar el empleo, poder salarial y derechos sociales perdidos durante los últimos años por el profesorado y el personal de administración y de servicios educativos, como el cobro del 100% de las prestaciones por baja por enfermedad común. Asimismo, urge el desarrollo de una red de formación continua pública y gratuita y abordar de forma rigurosa la puesta en marcha del Estatuto Docente y la carrera docente.

Además, desde el sindicato exigen que la financiación del sistema educativo público se garantice constitucionalmente y que se fije una inversión del 7% del PIB como un objetivo prioritario de la agenda educativa, así como la creación de un fondo de compensación educativa que garantice la equidad del ejercicio del derecho a la educación en todo el Estado.

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