Así lo ha indicado el secretario general de la formación morada castellano-manchega, José García Molina, durante la rueda de prensa que ha ofrecido junto a la secretaria de Acción Institucional de Podemos, Auxiliadora Honorato, y otros compañeros de la formación, en la que han dado cuenta del contenido de esta ley que se va a presentar, de momento, en siete parlamentos en la que la formación morada tiene presencia.
Además, el PSOE podría entrar en una grave contradicción si no apoyara esta Ley de Procedimientos de Emergencia Ciudadana que prepara Podemos, pues esta misma semana el diputado del Grupo Parlamentario Socialista, José Luis Escudero, recordó a los periodistas que esta medida estaba recogida en el acuerdo de investidura de García-Page y que por lo tanto los socialistas la hacían “suya” también.
En este sentido, el líder de la formación morada castellano-manchega ha explicado que el "escollo" con el PSOE no son las situaciones que se van a reconocer como de emergencia ciudadana, sino que el partido de gobierno "duda de apoyar esto como una ley o hacerlo por otros cauces", recordado que este era uno de los puntos del acuerdo de investidura que dio la Presidencia regional a Emiliano García-Page.
Convencido de que los socialistas, en caso de no sumarse a esta ley, si la apoyarán cuando llegue al pleno, ha insistido en que "en este tipo de cuestiones se verifica si el PSOE también quiere el cambio que votaron los castellano-manchegos las pasadas elecciones".
Preguntado sobre si ese acuerdo de investidura "peligra" en caso de que el PSOE no le acompañe en la presentación de esta ley, García Molina ha dicho que espera "no llegue ese momento" y que en caso de que llegue "habrá que analizar todos los factores y ver si tienen alternativa viable".
Tras insistir en que esta iniciativa que es "valiente" y está en el "ADN de Podemos" ha de tener rango de ley, ha asegurado que con el Grupo Parlamentario Popular no hablan de "este tipo de cosas", aunque ellos son conocedores de esta iniciativa "pero no han mostrado ningún interés".
Ayudas para luchar contra la pobreza y la exclusión social
De su lado, la responsable de Rescate Ciudadano en la región, María Díaz, ha alertado de que Castilla-La Mancha es la región que ha abanderado "los recortes y las políticas de austeridad" y registra los mayores niveles de desigualdad social, tras el paso de María Dolores de Cospedal.
Díaz ha tirado de diversos estudios, entre ellos el de Pobreza y Exclusión Social de EAPN, para decir que Castilla-La Mancha registra un 37 por ciento de población en riesgo de exclusión social, frente al 20 por ciento nacional, o que según Save the Children en la región el 43,3 por ciento de la población infantil están en riesgo de pobreza, sólo por debajo de Ceuta y Andalucía.
Una tasa de paro del 27 por ciento o 5.032 desahucios en un año, hacen más que necesaria, a su modo de ver, esta ley, que entre otros cosas persigue dotar de personal suficiente a la Administración para atender por ejemplo las ayudas de ingreso mínimo de solidaridad o las de dependencia, ámbito en el que la región registra 26.919 personas en lista de espera.
En cuanto a las situaciones susceptibles de ser reconocidas en el Anexo de esta ley como de Emergencia Ciudadana para que no queden a "bajo la discrecionalidad de nadie", Díaz ha manifestado que en el caso de Castilla-La Mancha Podemos contempla incluir las ayudas de emergencia social, los ingresos mínimo de solidaridad, ayudas a entidades sociales que trabajen con la infancia, a los mayores, la dependencia, las ayudas a la maternidad, por menores acogidos o a las mujeres víctimas de violencia de género.
Apuesta por las administraciones “humanas y eficaces”
Mientras, la secretaria de Acción Institucional de Podemos ha explicado que, tras la presentación en siete parlamentos de la Ley de Cuentas Abiertas, Podemos eleva ahora en las Cámaras de Andalucía, Valencia, Murcia, Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha esta Ley de Procedimientos de Emergencia Ciudadana para "trabajar de forma más contundente".
Según ha explicado esta norma pretende cambiar el funcionamiento las Administraciones, para que sean "humanas y eficaces" para que "reordenen" recursos y establezcan "prioridades", situando en el centro de su acción a las carencias y necesidades de las personas, que "no entienden de burocracia".
A modo de ejemplo, ha denunciado que por una mala gestión administrativa, uno de cada cinco solicitantes de las prestaciones por Dependencia fallece antes de que le llegue la resolución.
Para revertir esta situación, por medio de esta ley Podemos propone acortar los plazos de la tramitación administrativa a la mitad, dotando a las Administraciones de profesionales más dotados y en número suficiente, porque "esas plazas se cubren atendiendo a los intereses de partidos de gobierno".
De igual modo, quiere priorizar los pagos de las administraciones, situando estas situaciones de emergencia ciudadana muy por encima de los gastos de protocolo, publicidad o dietas de altos cargos, de tal modo que han de abonarse después de las nóminas de los trabajadores.
A modo de ejemplo, el secretario general de Podemos Extremadura, ha lamentado que en su comunidad, con una tasa de paro del 29 por ciento, el Gobierno saliente de Monago sólo hiciese efectivas en dos años 9.000 ayudas de su Ley de Renta Básica de Inserción, cuando por ejemplo "en un solo día se gastan 600.000 euros en la ceremonia de los Premios de Teatro Ceres, que no tienen repercusión ninguna para la cultura extremeña".
