Si los conservadores ya se mostraron en contra de la tramitación de esta iniciativa, hoy la posición del PP no ha cambiado de opinión en la votación de la Proposición de Ley presentada conjuntamente por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Parlamentario Podemos.
Así pues, gracias a los votos de la formación morada y los socialistas, la denominada Ley de Garantía de los Servicios Públicos ha sido tomada en consideración por las Cortes regionales y da así su primer paso parlamentario con la intención de que entre en vigor antes del 1 de enero.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha tomado la palabra al final del debate parlamentario para asegurar que esta iniciativa llega a las Cortes porque el anterior Gobierno "no hizo nada para blindar" los servicios sociales.
Esto se debe, en su opinión, a que "ha pesado más el papel de secretaria general que el de presidenta autonómica" de María Dolores de Cospedal, y esa es la razón por la que no se legisló bajo su mandato una medida "contraria" a la estatal.
"Solo tres autonomías no se han blindado ante la ley estatal. Las demás sí lo han hecho porque no se creían la ley de Rajoy", ha aseverado.
Los socialistas aseguran que Cospedal “no hizo los deberes”
Por su parte, la diputada del PSOE Blanca Fernández ha dicho en su intervención que esta proposición de ley es necesaria ya que complementa una legislación estatal "ineficaz", recordando que otras comunidades autónomas como Castilla y León ya han iniciado propuestas similares.
Ha lamentado además que el anterior Gobierno regional del Partido Popular "no haya hecho los deberes", indicando que en su acción gubernamental debería haber realizado algún proyecto de ley al respecto.
Por último, ha recordado que esta ley estatal del PP "quería cargarse alcaldes y ayuntamientos" y "atenta contra la autonomía municipal", por lo que ha criticado que ahora "se erijan como defensores de los consistorios".
Podemos dice que la legislación estatal “pone en riesgo los servicios básicos”
Por su parte, el diputado de Podemos José García Molina ha pedido, en la defensa de esta proposición, el voto a los tres grupos parlamentarios, asegurando que se trata de una ley "justa y necesaria" ya que la norma estatal de Administración Local "pone en riesgo los servicios básicos de proximidad".
Según ha dicho desde el estrado, esta proposición conjunta "es un punto de inicio y no de llegada". "No solo hay que establecer un marco jurídico que garantice esos servicios", ha apuntado.
Del mismo modo, ha abogado por establecer tres ejes para garantizar la "gobernanza municipal", como son los de "garantizar la autonomía de los ayuntamientos, aumentar la participación y consolidar el ámbito local como el elemento central de la democracia".
Igualmente, se ha mostrado confiado en que el nuevo Gobierno estatal que salga de las urnas el próximo 20 de diciembre "derogue la actual normativa" en la materia.
El PP denuncia que esta ley “es un abuso de los procedimientos”
La toma en consideración ha recibido el voto en contra de los dieciséis diputados del Partido Popular, que han argumentado en voz de su portavoz, Francisco Cañizares, que el hecho de tramitar la norma a través de una proposición de ley nacida en los grupos parlamentarios "es un abuso de los procedimientos", tras lo que ha defendido que esta ley debería haber nacido del propio Gobierno en forma de Proyecto de Ley.
Ha justificado esta postura incidiendo en que si hubiera sido una propuesta del Gobierno y no de los grupos parlamentarios la medida hubiera tenido informe de los servicios jurídicos, memoria económica e informe del Consejo Consultivo.
"Y tendría que haber tenido participación de ayuntamientos", ha recalcado, tras lo que ha abierto la puerta a participar en la elaboración de una ley "seria". Cañizares ha calificado la propuesta conjunta como "la más clara muestra" de "un bipartito bien avenido" entre PSOE y Podemos.
