Podemos ya tiene listo el borrador de su anteproyecto de ley de Participación Ciudadana. El documento regula entre otras cosas, que la ciudadanía pueda participar en la elaboración de los presupuestos de la comunidad autónoma o de las entidades locales de la región.
Como explica el anteproyecto de ley, el consejero en materia de Hacienda establecerá los mecanismos de participación ciudadana, para que así se puedan priorizar gastos en los aspectos que consideren más prioritarios los castellano-manchegos.
Las entidades locales, conforme a sus competencias y atribuciones, podrán iniciar procesos de participación ciudadana, como presupuestos participativos, para llevar a cabo una priorización sobre aspectos determinados de sus presupuestos consolidados.
La finalidad de estos procesos es que la asignación de gasto por parte de las entidades locales se haga teniendo en cuenta las prioridades manifestadas en un proceso participativo en el que se hayan oído previamente las opiniones, criterios y sensibilidades de la ciudadanía.
En esta línea, la propuesta de Podemos refleja además que la Junta fomentará la promoción y difusión de procesos de presupuestos participativos en base a los principios de universalidad y autorregulación, y colaborará en el impulso, promoción y sostenimiento de las cuentas desarrolladas por las entidades locales, a través de acciones positivas, información, formación y sensibilización.
Igualmente, acorde con este anteproyecto, la Junta tendría que realizar convocatorias de subvenciones públicas para la promoción y desarrollo de actividades relacionadas con la participación ciudadana en los presupuestos de las entidades locales a través de convocatorias públicas.
Procesos de deliberación participativa
El texto propone otra figura de participación, los procesos de deliberación participativa, en el que se abre un espacio por parte de los órganos competentes de las administraciones públicas de Castilla-La Mancha para conocer los intereses, posiciones y propuestas de la ciudadanía.
Los procesos de deliberación participativa podrán realizarse en el seno de procedimientos relativos a la determinación de las políticas públicas de las administraciones públicas de Castilla-La Mancha, que podrán iniciar estos procesos de oficio o a instancia de una iniciativa ciudadana a partir de 20.000 firmas de apoyo.
Los procesos de deliberación participativa se iniciarán por acuerdo del órgano competente autonómico o local mediante la adopción de un Acuerdo Básico Participativo.
Una vez aprobado el Acuerdo Básico Participativo, se procederá a la apertura del proceso de deliberación participativa, que se hará público en la sede electrónica, portal o página web del órgano competente y se podrá publicar mediante anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha o Boletín Oficial de la Provincia. El anuncio en la sede electrónica, portal o página web incluirá el texto íntegro del Acuerdo Básico Participativo.
Consultas populares
La tercera figura de participación ciudadana que desarrolla esta ley son las consultas populares, especificando que las administraciones públicas de Castilla-La Mancha podrán convocar y realizar estas consultas cuando consideren oportuno conocer la opinión de la ciudadanía sobre determinados asuntos o políticas públicas.
Las consultas populares podrán realizarse mediante los procedimientos demoscópicos que en cada situación sean más adecuados a la naturaleza o características del asunto, con el objeto de conocer la opinión de la ciudadanía.
Los foros de consulta son espacios de debate, creados por iniciativa de la Administración, que tienen por objeto debatir y reflexionar sobre los efectos de una política pública, así como elaborar análisis valorativos de los efectos reales de dichas políticas en la calidad de vida de la ciudadanía.
Participación en la proposición de políticas y elaboración de normas
También se podrá plantear la puesta en marcha de políticas públicas con 20.000 firmas de apoyo y remitiendo la iniciativa al órgano competente. Si la propuesta recibiera la aceptación autonómica o municipal, la Administración aprobará un documento que especifique, si las hay, las medidas que tenga la intención de proponer en respuesta a la iniciativa ciudadana y los motivos por los que se haya decidido a actuar.
Se tendrá derecho a participar igualmente en la elaboración de disposiciones de carácter general, menos las de carácter organizativo. Las ordenanzas locales también estarán sujetas a participación, del mismo modo que las políticas públicas de la Junta o la evaluación de las mismas.
