Las Cortes de Castilla-La Mancha han plantado cara a la Ley de Racionamiento de las Administraciones locales impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy con la aprobación de una legislación que blinda las competencias de los ayuntamientos, sobretodo en servicios públicos como la sanidad y la educación.
La propuesta, que ha sido realizada por el PSOE y Podemos, ha recibido el visto bueno del Parlamento de Castilla-La Mancha solo con los votos en contra de los diputados 'populares'. Como ha explicado el Consejero de Administraciones Públicas, Ruiz Molina, la nueva ley también “dota a las corporaciones locales y a sus funcionarios de la seguridad jurídica” que perdieron con la puesta en marcha de la legislación del Gobierno central.
El consejero ha puesto de manifiesto que Castilla-La Mancha no es la única comunidad autónoma que ha elaborado normas similares como respuesta a la Ley 27/2013 de Rajoy. Incluso algunas presididas por el Partido Popular lo han hecho. La única diferencia es que Castilla-La Mancha no ha evitado el debate parlamentario, y ha pasado la ley por las Cortes.
Ruiz Molina ha explicado también que se ha promovido esta ley porque el Gobierno “no daba todas las garantías de que las corporaciones locales pudieran seguir prestando sus servicios”.
Igualmente, ha aprovechado para decir que los "problemas" que se intentan solucionar a través de este texto se podrían revertir con un nuevo modelo de financiación local y autonómica. "Es verdad que se necesita una reforma de la Administración para saber dónde están las competencias, y a partir de ahí ver la financiación necesaria", ha declarado.
Los socialistas defienden que los ayuntamientos “no son menores de edad”
La diputada socialista Blanca Fernández ha defendido la nueva medida aprobada en el hemiciclo. Según explica Fernández, esta legislación asegurará que “los ayuntamientos puedan seguir prestando servicios públicos con tranquilidad”, añadiendo además que esta ley es “esencial” en las zonas rurales, que solo están amparadas por su alcalde.
Para la diputada, los municipios no tienen problemas para dedicarse a este tipo de competencias porque “apenas acumulan un 4% de la deuda pública española”. Fernández considera también que los ayuntamientos “no son menores de edad”, y que “saben gestionar” a pesar de las dificultades por las que pasan debido a los recortes de Cospedal.
Como expone Fernández, la ley solo facilita que puedan obtener esas competencias sin que la ley estatal lo impida, pero no obliga a los ayuntamientos a hacerlo.
Podemos asegura que la ley del PP perjudica a la gente
Por su parte, Podemos, que siempre ha defendido la importancia de los ayuntamientos a la hora de ofrecer servicios sociales y establecer políticas de cambio, ha asegurado que la legislación de Rajoy “perjudica a los ciudadanos porque hace que se le presten peores servicios.”
Así lo ha argumentado el secretario general del partido morado, José García Molina, que también ha criticado a los líderes del bipartidismo, declarando que le “sorprende que a veces se inste a la consignación presupuestaria para tomar medidas y otras veces no, en función de lo que les interese o de cuáles sean sus prioridades". Para Molina, “la economía es política, no una ciencia”.
En el PP piensan que el Gobierno de Page no asume sus competencias
En cambio, el PP, que ha votado en contra de la ley regional, ha espetado que esta medida ha sido impulsada por el PSOE y Podemos porque “no pueden asumir sus propias competencias”. La popular Ana Guarinos ha defendido esta teoría, declarando que “es una vergüenza decir que es una ley buena para los ayuntamientos”.
Guarinos ha seguido rechazando la ley regional, y ha criticado al PSOE, diciendo que la ley nacional fue promovida “como consecuencia de la reforma del artículo 135 de la Constitución”. Esta reforma, que fue exigida por Alemania y las instituciones europeas, se aprobó con el beneplácito del PP y PSOE durante la legislatura de José Luis rodríguez Zapatero.
Para terminar, la diputada conservadora ha declarado que la Junta quiere que los ayuntamientos paguen lo que tiene que pagar la comunidad, y ha calificado al Presidente Page de “incompetente”.
