Podemos acuerda con Page suprimir la financiación de los servicios religiosos en los hospitales

Ambas formaciones políticas han registrado conjuntamente en las Cortes de Castilla-La Mancha una propuesta que instará al Gobierno de España a suspender la obligación de financiar los servicios religiosos con dinero público.

Castilla-La Mancha pretende dar un nuevo paso hacia el laicismo. Después de anunciar la congelación de la financiación pública a los colegios concertados, en su mayoría gestionados por la Iglesia Católica, los socialistas y la formación morada han decidido presentar conjuntamente una Proposición No de Ley para dejar de subvencionar los servicios religiosos en los hospitales públicos.

Esta iniciativa, que fue introducida por Podemos en el acuerdo para la investidura de García-Page, tasa en 425.470 euros el gasto destinado únicamente a la asistencia católica, "inversión que resta capacidad de atención sanitaria al resto de los ciudadanos, discriminando con ello no solo a las demás confesiones sino a los ciudadanos que no declaran profesar religión alguna". Estos son los motivos por los que ambas formaciones políticas justifican la petición de suprimir dicha financiación, pues aseguran que provoca una "situación evidentemente injusta" por sufragar solamente los servicios religiosos de esta confesión.

En la proposición, los portavoces del PSOE y Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández y David Llorente, recuerdan que el convenio con la Iglesia Católica fue suscrito hace treinta años por España mediante un acuerdo internacional por el que el Estado asumía el pago de la asistencia religiosa católica en los Centros Hospitalarios Públicos. Obligación que fue asumida por las Comunidades Autónomas tras la transferencia de las competencias en materia sanitaria.

"España reconoce el arraigo creciente de otras confesiones" pero "mantiene una situación de evidente discriminación que choca frontalmente con el artículo 14 de la Constitución  y con el espíritu de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa", añaden.

Por ello, este documento, que será previsiblemente aprobado con los votos de PSOE y Podemos, instará al Gobierno de España a "garantizar la libertad de cualquier persona a recibir atención religiosa que precise" y a "suspender cualquier disposición derivada de acuerdos internacionales que trasladen la obligación de las comunidades autónomas de financiar con dinero público los servicios religiosos de cualquier confesión, en particular en el ámbito de los servicios públicos como sanidad, educación o bienestar social".

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