El pasado viernes se produjo un polémico choque de declaraciones entre el delegado del Gobierno en funciones, José Julián Gregorio, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Luego de que el presidente autonómico difundiera una serie de datos sobre una operación en curso de la Guardia Civil en Torrijos, Gregorio mandó callar al líder autonómico de una forma completamente irrespetuosa.
Según las declaraciones que pudo recoger el diario ABC, después de que un periodista preguntara por el número de detenidos en la operación policial, el delegado del Gobierno de Rajoy respondió que “no era normal que el presidente de la comunidad y el alcalde de Torrijos adelantaran algo que se les había dicho que se estaba produciendo en ese momento”.
Acto seguido, José Julián Gregorio dijo a la prensa que “no tenía nada en contra del presidente, pero la lengua se la podía haber metido…”. Tras sugerir que el presidente de Castilla-La Mancha tendría que haberse metido la lengua en alguna zona corporal, el delegado del Partido Popular pidió “perdón” a los asistentes y dijo que tendría que “la lengua tenía que haberla… guardado”.
Tras un bochornoso incidente para alguien como Gregorio, que está licenciado en Filología por la Universidad Complutense de Madrid, el delegado explicó que era “una operación abierta en ese momento”, y desde el Gobierno central se quería tener “la máxima consideración con las operaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional”.
El delegado volvió a reflexionar sobre las palabras de Page, esta vez preguntándose “a quién le habría llamado la atención si se hubiera escapado alguien en ese momento”. El funcionario estatal continuó con sus declaraciones, contando que “el estamento judicial les pide la máxima discreción porque son operaciones muy sensibles, y, sobre todo, por una cosa que el presidente debe comprender y que ahí se equivocó: la seguridad de las personas es fundamental”.
Gregorio terminó alegando que él muchas veces “no podía dar datos por el bien de los ciudadanos” y defendió que “cuando se intente erradicar a una banda criminal, se deje actuar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son los que saben”.
