El transporte sanitario de Castilla-La Mancha continuará privatizado. Durante un debate impulsado por Podemos en las Cortes regionales, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha defendido la externalización de este servicio debido a que es “muy común” en otras comunidades autónomas.
Así ha cerrado la puerta el Gobierno de Emiliano García-Page a la propuesta defendida por David Llorente, diputado regional de la formación morada, que pretendía, a medio plazo, "la regionalización del transporte sanitario", es decir, que sea gestionado directamente por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
Según ha manifestado Llorente, esta medida permitiría que los trabajadores fueran reconocidos como personal laboral de la Junta, como ocurre con médicos y enfermos, aunque seguidamente Fernández Sanz ha corregido al dirigente de Podemos señalando que los empleos que a los que se refiere están reconocidos como personal estatutario.
Tras esto, el responsable de la sanidad de los castellano-manchegos ha preferido matizar su postura explicando que “aunque el servicio esté gestionado por empresas privadas no significa que aboguemos por el beneficio de ellas”.
La propuesta de resolución de Podemos recogía también la separación de las plantillas del transporte sanitario urgente y el programado, que se supriman los dispositivos de localización y se vuelvan a crear sedes físicas para las guardias.
Sobre esto último, el diputado de la formación morada ha relatado que en la actualidad, la persona que está de guardia debe estar localizable en su domicilio y si entra un aviso, "vestirse, ir a por la ambulancia e ir a recoger al otro técnico para ir a la urgencia, por lo que es posible que cuando llegue al lugar del incidente, a lo mejor no es necesaria la atención médica". "¿Se imaginan a los bomberos o a la policía trabajando así?", ha denunciado Llorente.
El Partido Popular se abstiene
Finalmente esta resolución no ha salido adelante por el voto en contra del PSOE y la abstención del PP, todo ello a pesar de que el documento también lanzaba otra serie de iniciativas para "revertir los recortes" a corto plazo, como por ejemplo que haya una licitación del transporte sanitario "con garantías para los trabajadores, para la ciudadanía y con control público".
Para esto último, Podemos pedía que al adjudicar el contrato no se tenga en cuenta sólo el precio, sino también criterios como la igualdad de género, que la empresa favorezca la conciliación de la vida laboral y familiar y que se contrate a personas con discapacidad.
A favor de aumentar el presupuesto
Durante su intervención, Fernández Sanz ha contado que viene mantenido reuniones con trabajadores y expertos del sector y ha mostrado la voluntad del Ejecutivo regional de aumentar el presupuesto del contrato y el compromiso de establecer, en el pliego del contrato, condiciones garantistas con los derechos laborales de los trabajadores y que la calidad del servicio se sitúe por encima de criterios económicos.
Aun así, el consejero de Sanidad ha resaltado que no puede aportar datos ni detalles concretos sobre el futuro pliego de condiciones para la adjudicación del contrato porque aún no ha sido publicado.
Además, ha señalado que los tiempos de respuesta también formarán parte del pliego de condiciones, que promoverá la concurrencia de las empresas, con medidas como que la sociedad mercantil disponga de un plazo de dos meses desde la firma del contrato para contar con todo el parque móvil requerido para prestar el servicio, o mejorar la capacidad para atender a pacientes en el transporte sanitario no urgente, como por ejemplo a quienes tienen obesidad mórbida.
"Debemos mejorar de forma significativa la forma en que se presta el servicio público", ha admitido el consejero de Sanidad, que ha lamentado los recortes que, según ha denunciado, se introdujeron en el transporte sanitario durante el Gobierno de María Dolores de Cospedal con la aprobación del pliego de condiciones aprobado en 2012.
