TOLEDO.- El Gobierno de Emiliano García-Page ha bloqueado definitivamente la proposición de Ley sobre Memoria Democrática impulsada por Podemos. Así lo ha desvelado el líder castellano-manchego de la formación morada, José García Molina.
Molina ha comunicado esta información a través de un vídeo difundido en las redes sociales, en el que ha explicado que ha tenido conocimiento de este rechazo en la reunión de la Mesa de las Cortes autonómicas celebrada esta mañana.
"Aún me estoy reponiendo de la noticia, el Consejo de Gobierno de Emiliano García-Page ha decidido no tomar en consideración nuestra propuesta de ley para llevar a cabo una ley de Memoria Democrática en Castilla-La Mancha", ha expuesto.
A su juicio, es "un día especialmente triste para los derechos humanos" en Castilla-La Mancha y "también para la memoria del propio PSOE y de tantos socialistas que han luchado por esos derechos".
Molina ha considerado que, "la verdad es que esta semana se está confirmando algo" que ha dicho que todos sabían, "las afinidades" del PSOE respecto al PP. "Parece que sus políticas cada vez se acercan más, ninguno de los dos parece querer una ley de Memoria Democrática" en la región, ha dicho y ha insistido en que "eso, sinceramente, es una muy mala noticia".
EL GOBIERNO CONTESTA A PODEMOS
Tras estallar esta polémica, el portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, el socialista Nacho Hernando, ha explicado que no han rechazado la ley de Podemos por el fondo, sino por suponer un aumento de créditos presupuestarios. "Tiene que haber un planteamiento serio por parte del Gobierno de España que financie la normativa que ya hay a nivel estatal", ha dicho.
"Las comunidades autónomas no pueden asumir todas las competencias por la inacción del Gobierno de España", ha contestado Hernando al secretario regional de Podemos, recordándole además que "la ley de Memoria Histórica es una ley socialista".
"No vamos a hacer una ley en Castilla-La Mancha porque no se cumple la ley en España", ha insistido y ha sugerido a Podemos que presente "iniciativas parlamentarias" para pedir que se cumpla la normativa estatal "y que haya una dotación presupuestaria".
COPIA Y PEGA DE LA LEY ANDALUZA
Con ello, ha propuesto echarles una mano para preparar esa iniciativa y ha recalcado que "la que han presentado es una copia exacta de la legislación del PSOE en Andalucía". "Si quieren que les echemos una mano para redactar la iniciativa parlamentaria también lo podemos hacer, puesto que da la sensación de que no es una idea propia, sino que han intentado utilizar de manera tacticista el contenido de la ley andaluza, pues es un copia y pega", ha cuestionado Hernando.
Además, ha opinado que "si Andalucía ha hecho una ley complementaria es una cuestión del parlamento andaluz", pero ha insistido en que su postura pasa por dar "un paso previo y mucho más importante, pedir que se cumpla con la legislación que ya hay vigente".
Para concluir e ilustrar sus declaraciones, Hernando ha planteado un símil: "Si Rajoy sigue hurgando en la hucha de las pensiones y están en peligro por culpa de su inacción, no consiste en que las comunidades vayan a tener que rascar el bolsillo a la gente para implantar un sistema de pensiones regional".
MEDIDAS QUE NUNCA VERÁN LA LUZ
En cuanto al contenido, la ley que fue registrada por Podemos recogía que su finalidad es "garantizar el derecho de la ciudadanía a conocer la verdad de los hechos acaecidos, así como la protección, conservación y difusión de la memoria democrática como patrimonio histórico y cultural de Castilla-La Mancha".
A tal fin, el documento proponía la creación de un Plan castellano-manchego de Memoria Democrática y además, para alcanzar la máxima difusión y accesibilidad a la información sobre memoria histórica, se establecían protocolos de actuación en materia de enseñanza y de colaboración con medios de comunicación públicos y entidades locales.
Otro aspecto que pretendía implantar esta legislación era el establecimiento de un régimen sancionador o la posibilidad de que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha actúe de oficio en caso de incumplimiento de la norma.
Además, en el texto también quedaban tipificadas la gestión de las ayudas y las subvenciones públicas, la creación de un Instituto de la Memoria Democrática, encargado de gestionar bienes, símbolos y demás patrimonio histórico y cultural relacionado; así como un Consejo de Memoria Democrática que actuara como "órgano colegiado consultivo y de participación de las entidades memorialistas que operan en la región".
