TOLEDO.- Enésima reprimenda del Tribunal de Cuentas a María Dolores de Cospedal. El informe de Castilla-La Mancha correspondiente al año 2014 que ha aprobado por dicho órgano fiscalizador desvela que, a través de la televisión pública autonómica, el antiguo Gobierno del PP contrató a personal sin el informe previo y favorable de la Dirección General de Presupuestos, incumpliendo así la Ley de Presupuestos.
Según el documento, el Ejecutivo regional que presidía la actual ministra de Defensa tampoco respetó la normativa de contabilidad pública a la hora de presentar las cuentas de Radio Televisión de Castilla-La Mancha, una polémica práctica que los conservadores también extendieron a la Entidad de Derecho Público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha.
Además, el tribunal señala que el Gobierno de Cospedal incumplió la legislación al superar los gastos de personal que había presupuestado para la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, así como para las fundaciones Centro Tecnológico del Metal de Castilla-La Mancha, Promoción de Castilla-La Mancha, Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha y Hospital Nacional de Parapléjicos para la Investigación y la Integración, con el agravante de que las dos últimas mencionadas y el Jurado Arbitral Laboral de Castilla-La Mancha no registraron contablemente la cesión de uso de las instalaciones en las que desarrollaban sus actividades.
AMPLIACIONES DE CRÉDITO IRREGULARES
Por otro lado, informe realizado por el Tribunal de Cuentas indica que la Ley de Presupuestos también fue violada durante el mandato del Partido Popular debido a repetidas ampliaciones de crédito por valor de 290 millones de euros. Cabe destacar que durante el ejercicio de 2014 estaban prohibidas las modificaciones de crédito que suponían aumento en las necesidades totales de financiación.
En sus conclusiones, el Tribunal de Cuentas indica que, según el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de 2014, se cifra el déficit de Castilla-La Mancha en 669 millones de euros, lo que supone el 1,80 % del PIB, con el consiguiente incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
En cuanto al período medio de pago a proveedores de Castilla-La Mancha fue de 38,72 días en octubre de 2014; de 39,49 días en noviembre y de 36,04 días en diciembre, con lo que se superó el periodo de 30 días legalmente establecido.
GASTOS IMPUTADOS A FALSOS EJERCICIOS
El Tribunal de Cuentas pone de manifiesto que el Gobierno de Cospedal no contaba con un plan de disposición de fondos, que no existía vinculación entre la aplicación de inventario y la contabilidad para la totalidad de bienes, produciéndose además diferencias entre los registros de las rúbricas de inventario y los saldos contables de las cuentas de inmovilizado.
Concretamente, relativo al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, el informe critica que gastos por valor de 52,5 millones de euros fueron imputados al presupuesto de 2014 cuando realmente correspondían a obras, servicios y otras prestaciones realizadas antes de este año; mientras que los gastos que si se ejecutaron durante dicho ejercicio, por importe de casi 64 millones de euros, no fueron imputados en el mismo.
También indica el Tribunal de Cuentas que la información que consta en la Base de Datos Regional de Subvenciones, tanto sobre procedimientos de reintegro como sobre prohibiciones para ser beneficiario de subvenciones, es muy escasa y no se ajusta a las previsiones reglamentarias.
RECOMENDACIONES DEL TRIBUNAL
A raíz de estas conclusiones, el Tribunal de Cuentas realiza una serie de recomendaciones que recuerda que ya hizo en 2013, entre las que se encuentran que la Cuenta General debería integrar las cuentas de todos los entes del sector público regional, no solo de los sujetos a contabilidad pública.
También aconseja dictar la norma oportuna que regule la elaboración de un informe por las fundaciones, empresas y consorcios a presentar junto con sus cuentas anuales, relativo al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero asumidas como consecuencia de su pertenencia al sector público, de contenido similar al previsto en la Ley General Presupuestaria.
El Tribunal de Cuentas recuerda que, desde que Cospedal suprimió la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha en abril de 2014, ha realizado un "destacable esfuerzo" en la fiscalización del sector público castellano-manchego al aprobar un informe sobre la utilización durante 2013 de la encomienda de gestión a medios propios en dicho ámbito, así como los informes anuales referentes a las Cuentas Generales de los ejercicios 2012, 2013 y 2014.
Informe completo del Tribunal de Cuentas
