El Constitucional reabre la polémica sobre la incompatibilidad de un consejero de Page

Una sentencia estima el recurso de amparo presentado por el PP después de que las Cortes de Castilla-La Mancha hayan negado hasta en dos ocasiones la documentación relativa a la "puerta giratoria" de Juan Alfonso Ruiz Molina.

TOLEDO.- El Tribunal Constitucional ha dado la razón al Partido Popular estimando el recurso que presentaron tras la negativa de la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha a entregar la documentación relativa a la incompatibilidad del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, en relación a la "puerta giratoria" producida tras su contratación por parte de una empresa privada tras haber abandonado un cargo público en 2010. Tras la sentencia, la Mesa de las Cortes deberá volver a examinar la petición de documentación planteada por el Grupo Parlamentario Popular. 

Una presunta incompatibilidad que se dio a conocer en la comparecencia de Ruiz Molina ante las Cortes en 2015, donde se valoró su idoneidad para el puesto que ostenta actualmente. Desde entonces los ‘populares’ han venido denunciando esta circunstancia al considerar que se trata un claro caso de "puerta giratoria", alejado de la legalidad, y reclamando la documentación del expediente. Hasta en dos ocasiones la Mesa de las Cortes decidió no facilitar los documentos reclamados por el Partido Popular, argumentando que habían transcurrido más de cuatro años desde que se sustanciaron. 

Desde el PP recuerdan que Ruiz Molina ocupó el cargo de director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) entre los años 2007 y 2009, un periodo en el que este organismo público realizó diferentes contratos millonarios con la empresa privada Indra

A los siete meses de haber dejado el Sescam, Ruiz Molina fue contratado por dicha empresa, donde ejerció como director comercial y de desarrollo de negocio cuando, según la ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, "se establece la imposibilidad de los miembros del Gobierno, incluidos los responsables gerentes como el del Servicio de Salud regional, de ponerse a disposición de las empresas con las que se haya contratado, al menos en los dos años posteriores a su cese". 

La negativa de la Mesa de las Cortes a entregársela ha supuesto ahora el "reproche" del Constitucional, argumentan desde el PP. Explican que en su sentencia,  el tribunal considera que se vulnera el artículo 23.2 de la Constitución, al entender que se ha lesionado el derecho fundamental a ejercer las funciones representativas de los diputados del Grupo Parlamentario Popular de Castilla-La Mancha.  

Por todo ello, desde el PP se ha vuelto a pedir "el cese o dimisión inmediata" del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, cuya situación ha propiciado una declaración de inconstitucionalidad de acuerdos de la Mesa de las Cortes encaminados "a ocultar su flagrante caso de puerta giratoria", según defienden los populares. 

EL PSOE PIDE AL PP QUE "NO ENREDE"

Por su parte, desde el Grupo Parlamentario Socialista se pedía a los populares que "no enreden" y "dejen de inventar polémicas", puesto que la sentencia del Tribunal Constitucional "no habla de incompatibilidades". Así lo señalaba la portavoz socialista en las Cortes, Blanca Fernández, quien tras insistir en que cuando se adjudicó el contrato a Indra Ruiz Molina ya no era director gerente del Sescam, defendió que el ahora consejero, al ser contratado por la empresa privada, cumplía la ley de compatibilidades. 

“Cuando la Mesa de las Cortes tenga conocimiento de dicha sentencia la aplicará y ya está. Pero basta de espantar a los ciudadanos intentando enredar”, señalaba Fernández, quien lamentaba que desde el PP den “lecciones de transparencia”

PODEMOS PEDIRÁ RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Ante esta sentencia, desde Podemos han asegurado que serán "los primeros" en pedir todas las responsabilidades políticas si detectan que "ha habido un engaño" a la Mesa de las Cortes o que se ha ocultado información "comprometida" respecto a las incompatibilidades del consejero de Hacienda. 

En estos términos se pronunciaba su secretario general en la región, José García Molina, quien anunciaba que si en el nuevo proceso, tanto de solicitud de información como de peticiones y de entrega de documentación se detecta que efectivamente ha habido un engaño u ocultación, "seremos los primeros en pedir todas las responsabilidades políticas que pudieran derivarse y digo todas", apostillaba García Molina. 

Asimismo, Molina recordaba que el día que se desestimó la solicitud del PP fue "por un acuerdo tácito" entre los dos grupos mayoritarios en las Cortes y "porque sobre la Mesa de las Cortes había un informe del director general de la Administración Pública que decía que no había ningún tipo de incompatibilidad para que el consejero ejerciera su cargo". 

"Nosotros no tenemos por costumbre cuestionar ni el trabajo ni los informes que hacen los funcionarios de la Administración Pública", explicaba, "y menos cuestionarlos con lo que podía ser entendido como una cuestión de interés partidista", añadía el secretario general de Podemos, al tiempo que recordaba que, "ya en su momento" desde la formación morada se advirtió de la necesidad de hacer una reforma en este sentido, tanto del reglamento de las Cortes como de la ley del Gobierno para que estas cuestiones "quedaran claras". 

En este sentido, Molina ha indicado que la reforma del Gobierno "parece que está en marcha, aunque del reglamento seguimos sin noticias", ha lamentado, al tiempo que enviaba sus condolencias al consejero de Hacienda tras sufrir "una terrible pérdida", la de su madre. Con ello, ha lamentado que la petición del PP de dimisión a Ruiz Molina se produzca "en un día tan difícil como éste", y ha considerado que los populares tienen "el feo vicio de pedir dimisiones a granel y a destiempo".

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