TOLEDO.- Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado hoy, con los votos a favor del PSOE y Podemos y la abstención del Partido Popular, la ley 'antifracking', que hará "prácticamente imposible" la práctica de esta técnica de extracción de gas en la región. Una legislación que no prohíbe la fractura hidráulica, puesto que excede de las competencias de la Comunidad Autónoma, pero establece medidas adicionales de protección ante ella.
Medidas para prevenir, gestionar y reducir los impactos y riesgos para la salud pública y el medio ambiente derivados de la técnica de la fractura hidráulica con las que Castilla-La Mancha apuesta por "garantizar el medio ambiente y la salud pública frente a la temeridad".
La región es por lo tanto a partir de hoy "territorio libre de fracking". Así lo ha subrayado el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, quien destacaba cómo el trabajo conjunto del Gobierno con la sociedad civil de Castilla-La Mancha, -representada en la tribuna de invitados por miembros de las plataformas 'antifracking' de Campo de Montiel y Guadalajara, así como por diversos alcaldes de las zonas afectadas- ha posibilitado esta ley que "garantiza que no habrá fractura hidráulica en la región".
Un texto normativo en el que se ha sabido conciliar el interés social de Castilla-La Mancha con la acción de Gobierno, "escuchando al pueblo", ha subrayado Martínez Arroyo.
Una ley 'antifracking' que establece diversas medidas para imposibilitar el desarrollo de esta práctica, consistente en la inyección de grandes cantidades de fluido a alta presión en el subsuelo, con el fin de fracturar hidráulicamente un estrato rocoso, creando así una permeabilidad artificial que libere y permita el acceso a la superficie a hidrocarburos que se hallaban atrapados y diseminados en vetas de rocas profundas.
Entre ellas, el Plan Estratégico que deberá desarrollarse en los próximos meses y deberá ser aprobado mediante decreto por parte del Consejo de Gobierno. Aspectos estos que fueron objeto de enmienda por parte los grupos de Podemos y Partido Popular, el primero planteando una reducción de los 2 años de plazo propuestos por el Gobierno a 18 meses ‑enmienda incorporada tras su aprobación en Comisión‑ y el segundo pidiendo una reducción a un año y que fuese aprobado por las Cortes, cuestiones que siguieron vivas durante el debate en el Pleno, pero finalmente rechazadas en votación por PSOE y Podemos.
La ley "blinda" así a la región contra esta práctica, estableciendo que con carácter previo a la expedición de autorizaciones para la explotación, investigación o explotación de hidrocarburos que puedan precisar la aplicación de la fractura hidráulica, la Consejería competente en materia de medio ambiente en coordinación con las que ostenten competencias de salud pública, energía y ordenación del territorio, elaborarán un plan estratégico de utilización de la fractura hidráulica en Castilla-La Mancha.
En la elaboración de este plan, que establecerá medidas para prevenir, gestionar y reducir los impactos y riesgos de la fractura hidráulica en la región, participará la población afectada así como en su evaluación ambiental, siendo en ambos casos preceptivo el trámite de información pública y el informe del Consejo Asesor de Medio Ambiente.
Este plan, detallaba el consejero, deberá contener una "adecuada evaluación de riesgos" ante posibles fugas o migraciones de fluidos de perforación, fluidos de fractura hidráulica, material en estado natural, hidrocarburos y gases desde los pozos o las formaciones objetivo a las aguas superficiales o subterráneas, así como la sismicidad inducida que pudiera generarse.
Asimismo, recogerá una zonificación del territorio en la que queden diferenciadas las zonas en las que queda restringida esta técnica con el fin de dar protección a la salud humana y a la diversidad, los riesgos para la contaminación de aguas, por la sismicidad o para evitar afecciones sobre las áreas y recursos protegidos. Una zonificación que incluirá también las distancias mínimas de protección a guardar entre las zonas aptas para la fractura hidráulica y sus zonas de exclusión.
Además de los límites que establecerá este plan estratégico, la ley aprobada hoy en el Parlamento castellano‑manchego, incorpora una serie de requisitos "aún no contemplados por la legislación nacional pero sí recomendados por las instituciones europeas", con las que se da seguridad jurídica y se garantiza la preservación de la salud pública y del medio ambiente de la región.
Entre estos requisitos se encuentra la realización de una evaluación de riesgos del emplazamiento potencial, de la superficie circundante y del subsuelo; la obligación para los operadores de introducir medidas preventivas para evitar accidentes y limitar sus consecuencias, paralizar las operaciones y realizar medidas correctoras en casos de accidentes; así como la realización, en las fases de exploración, explotación o producción de un seguimiento periódico. Se exigirá asimismo contar con una garantía financiera que cubra las condiciones de la autorización y las responsabilidades potenciales por daños al medioambiente.
EL PP HABLA DE "PARIPÉ"
Desde la bancada conservadora, el diputado Antonio Martínez ha calificado esta ley como "una mentira", por lo que su formación no estaba dispuesta a formar parte del "paripé". Los ‘populares’ han echado en cara al Gobierno que este proyecto "no es lo que se esperaba ni lo que prometieron", al tiempo que reprochaba a los diputados de Podemos que se presten como "cómplices" de esto.
"Estamos de acuerdo con la necesidad de proteger y defender el medio ambiente, con aquello que preocupa a nuestra gente", ha asegurado Martínez, pero no "con la forma en que se ha tramitado esta chapuza de proyecto de ley, con mentiras".
PODEMOS RECUERDA LA MINERÍA DE TIERRAS RARAS
Por su parte desde la formación morada el diputado David Llorente respondía al PP invitándoles a decir si están o no en contra del 'fracking', algo que hasta ahora "no han sido capaces de hacer".
Tras ello se pronunciaba contra el modelo "extractivista, sucio y depredador" que representa la "amenaza" del 'fracking', del mismo modo que la minería de tierras raras. Desde Podemos, ha asegurado, "apostamos por un modelo de desarrollo sostenible, con el viento, el sol y las energías renovables como alternativa" a este modelo que tanto PSOE como PP "han estado permitiendo hasta ahora".
Desde Podemos reclaman "no solo leyes regionales que dificulten, sino leyes nacionales que prohíban estas prácticas", para lo cual en el Congreso se ha presentado ya una proposición de ley.
