TOLEDO.- El Gobierno de Mariano Rajoy pretende excluir el trasvase Tajo‑Segura del Plan de Sequía y del Pacto Nacional por el Agua. Así se desprende después de que el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que dirige Isabel García Tejerina haya dejado fuera de sus análisis el impacto que genera esta controvertida cesión de agua al Levante tanto en situaciones de sequía como en la sobreexplotación por incremento de las demandas en la cuenca del río.
Una situación que ha denunciado Ecologistas en Acción después de que, en la reunión del Consejo del Agua del Tajo celebrada este martes en Madrid, la Confederación Hidrográfica expusiera las propuestas iniciales del Ministerio en relación con la revisión del Plan Especial en Situación de Alerta y Eventual Sequía que debe aprobarse en 2018, así como las relacionadas con el Pacto Nacional por el Agua.
Respecto al primero, y respondiendo a preguntas del representante de Ecologistas en Acción, que acudía en nombre de las organizaciones ambientales en el Consejo del Agua, se ponía de manifiesto que el Ministerio no tiene intención de considerar el trasvase Tajo-Segura dentro de los sistemas que provocan un mayor estrés hídrico en la cuenca y que, por tanto, más influyen en la generación de situaciones de sequía y falta de caudales en la cuenca.
Los ecologistas critican así que la revisión del Plan de Sequía, a la hora de evaluar la presión que generan las demandas que sobreexplotan de forma endémica los recursos del Tajo, el departamento de Tejerina ha omitido de sus cálculos la producida por el trasvase del Tajo al Segura y que la propia Confederación cifra en un promedio de 450 hectómetros cúbicos al año, de los cuales más de tres cuartas partes se destinan a regadío.
Una decisión que supone dejar fuera de la evaluación una cuarta parte de las demandas totales de la cuenca y más del 80 por ciento de las de cabecera.
De este modo, el Plan de Sequía quedaría supeditado en cabecera a las disposiciones del trasvase, y no a las necesidades de la cuenca del Tajo, tal y como denuncian desde Ecologistas en Acción.
Por ello, en este escenario consideran que no sería extraño que utilizando artimañas legales como ya han hecho con el Memorándum del Tajo‑Segura o como ocurrió ya en 1995, se puedan reducir aún más los caudales mínimos en Aranjuez.
En lo que respecta al Pacto Nacional del Agua, las organizaciones ambientalistas también han mostrado su posición contraria al planteamiento del Ministerio de Agricultura, al considerar que está lejos de atacar los problemas de sobreexplotación y mal estado de las masas de agua, la falta de ahorro y de ausencia de aprobación de caudales ambientales.
Y es que, tal y como se indica en el primer eje del documento del Plan Nacional del Agua, lo que se pretende es atender lo que denominan "déficits estructurales de algunos territorios", para lo cual se establece que "las interconexiones dentro de la misma cuenca y el aporte de recursos de otras cuencas pueden ser una necesidad si se quieren mantener las demandas de agua". Un punto de partida que supedita el cumplimiento de la Directiva Marco de Agua y los objetivos medioambientales, explican.
De este modo, de aprobarse este documento y tramitarse como pretende el Ministerio, las aspiraciones de reconsideración de las demandas que sobreexplotan el Tajo, y en particular del trasvase Tajo‑Segura, "serían inviables", subrayan los ecologistas.
Por ello, desde las organizaciones ambientales en los consejos del agua, entre ellos los presentes en el del Tajo, han dirigido un escrito al Ministerio de Agricultura pidiendo la retirada de este Plan Nacional del Agua y su reconsideración en el marco del cumplimiento de las directivas europeas y de las necesidades de impulsar medidas de reducción de la demanda como la que provoca el trasvase Tajo-Segura.
Para Ecologistas en Acción, el Plan Nacional de Agua lo que debe plantear no son nuevas infraestructuras, sino cómo se eliminan o reducen los impactos que, como el trasvase Tajo‑Segura, dañan los ríos.
"INACEPTABLE" PARA EL GOBIERNO REGIONAL
Denuncia de Ecologistas en Acción sobre la que también se ha pronunciado el Ejecutivo que preside el socialista Emiliano García‑Page, cuyo portavoz, Nacho Hernando, no ha dudado en calificar como "inaceptable" la pretensión del Ministerio de Agricultura de dejar el trasvase Tajo‑Segura fuera del Plan de Sequía y del Pacto Nacional por el Agua.
Hernando ha apuntado que desde el Ejecutivo regional no se entiende la "discriminación" que sufre Castilla-La Mancha en materia de agua. Por ello pide al Gobierno central que sea "parte de la solución", puesto que "si no hace nada, puede ser una negligencia del Gobierno de España el haber convertido nuestro país en un desierto".
En este sentido, exige al Ejecutivo de Rajoy que trate a todos los españoles "por igual" ya que, ha recordado, el Ministerio de Agricultura no reconoce ni siquiera a los regantes de Castilla-La Mancha de la cuenca del Segura. "En España hay regantes de primera y regantes de segunda", denunciaba el portavoz regional, quien ha precisado que el problema no es con los regantes de Murcia, "sino con que no se reconozcan los derechos de los regantes castellano‑manchegos y se decreten sequías en ciertas zonas, pero no en nuestra región".
Asimismo, asegura comprender la preocupación del Gobierno murciano ya que "para bien o para mal, en esta situación vale más una foto que mil palabras, y ahora hacen falta medidas concretas por parte del Gobierno de España para abordar esta grave situación de crisis nacional en materia de agua".
Sobre este problema, el portavoz del Gobierno de Page también ha anunciado impulsarán una iniciativa legislativa en el Congreso de los Diputados para reclamar al Ejecutivo central que active las desaladoras del Levante, y así "dar salida a esa inversión de cientos de millones de euros", rebajando incluso el precio del agua para equipararlo al del trasvase. De lo contrario, advierte, "en menos de dos años no va a quedar ni una sola gota de agua en los pantanos de Entrepeñas y Buendía".
