TOLEDO.- El intento del Partido Popular de frenar la nueva ley de caza del Ejecutivo de Emiliano García-Page ha fracasado, rechazando con sus votos los diputados socialistas y de Podemos la enmienda a la totalidad planteada por los populares. Y es que ni siquiera la invitación a dejar sobre la mesa y volver a negociar el texto normativo, les ha hecho variar el rumbo establecido, dando así al traste con la intención de los populares de alargar la vida de la ley aprobada unilateralmente por el Gobierno de María Dolores de Cospedal.
Una enmienda a la totalidad en la que se consideraba que la norma propuesta por el Ejecutivo "no viene a mejorar el sector cinegético, sino todo lo contrario", ya que para los populares lo que hace es "entorpecer y perjudicar la práctica de la caza". Por ello desde el PP defendían la ley aprobada en 2015 bajo su gobierno en Castilla-La Mancha, puesto que -según su opinión- no ha tenido el recorrido "suficiente" para comprobar sus "bondades".
Una ley, cabe recordar, que fue aprobada de forma unilateral por el PP haciendo uso del 'rodillo' que le daba la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico. Una ley aprobada en solitario, "sin apoyo de nadie" y con una sociedad "absolutamente en contra", tal y como recordaba el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo.
Frente a ello, han sido más de setenta los colectivos consultados por el Gobierno de García-Page para la elaboración de esta nueva propuesta, que "mejora" la ley de caza vigente. Un texto que pone punto final a dos de los aspectos más polémicos de la norma diseñada por el anterior Ejecutivo, en la cual se daba máxima prioridad a la caza, contemplando el "lanceo" de animales y permitiendo que perros y gatos pudieran ser "abatidos" sin mayor miramiento.
Un aspecto de la ley aún en vigor al que desde las filas populares su portavoz adjunto en las Cortes, Francisco Núñez trató de restar importancia desde la tribuna de oradores, al preguntarse "a cuántos perros y gatos" han disparado cazadores a lo largo de estos casi tres años. Y es que, según el diputado popular, "el cazador es el mejor ecologista que hay en cada pueblo".
Una ley que los populares querían mantener a toda costa, sin modificaciones, por lo que consideraban "mucho más procedente" trabajar en su desarrollo reglamentario que sustituirla por otra nueva en la que sí se ha contado con la opinión de numerosos colectivos.
Sin embargo, para el Partido Popular este rechazo a su enmienda a la totalidad representa el primer paso "para cargarse" la caza en la región. Así lo señalaba Francisco Núñez, quien arremetía contra el PSOE y Podemos por ello.
Una intervención en la que Núñez trataba de enfrentar a ambas formaciones a costa de la proposición de ley que el partido de Pablo Iglesias ha llevado al Congreso, en la que se plantea una reforma del Código Penal en la que se pretende "equiparar a los cazadores con delincuentes y poder imponer penas de cárcel a los mismos".
Un nuevo intento de crispar las relaciones entre los socios de Gobierno, en el que el popular tampoco ha olvidado recurrir al manido "esta vez también va a tragar" dirigido al diputado de Podemos David Llorente.
Buscaba así otro punto de confrontación con el PSOE refiriéndose a la propuesta de Podemos de elevar la edad para poder cazar a los 16 años, algo a lo que aseguran los populares "se opone tajantemente el sector" y que ni los socialistas ni el consejero habrían rechazado en la Cámara.
Núñez defendía la caza como actividad "fundamental" en Castilla-La Mancha, tanto por su vinculación al turismo cinegético como actividad "social" -entendida como forma de encuentro, relación y recreo- que se realiza en cada uno de los pueblos de la región.
Una caza social que fomenta el nuevo texto normativo, en el que se contempla la creación de cotos sociales, algo bien distinto a la especie de privatización que intentó el anterior Ejecutivo regional poner en marcha sacando a licitación el uso de montes públicos para la actividad cinegética.
ACTIVIDAD COMPATIBLE
Por su parte, la diputada socialista Carmen Torralba insistía en que con esta nueva ley se persigue fomentar la actividad cinegética haciéndola "compatible" con los recursos naturales, de modo que puedan cohabitar en el medio natural todos los sectores.
Una modificación "necesaria" y que ha contado con un amplio refrendo del sector, siendo muestra de ello las escasas alegaciones presentadas en periodo de información pública, que no han llegado a las cincuenta, frente a las más de 120.000 firmas en contra del texto que Cospedal hizo "de espaldas a la ciudadanía".
Esta nueva ley devuelve además el uso libre de los caminos públicos en los cotos de caza, de modo que ya no será necesario pedir permiso a los titulares de los mismos y mantiene el uso público del monte.
Aspecto sobre el que incidía el diputado de Podemos David Llorente, quien criticaba que la ley de caza del PP contara en su elaboración "solo con una parte del sector", apostando por un modelo más intensivo de "caza comercial", vulnerando así los derechos de los ciudadanos a disfrutar del medio ambiente al prohibir actividades que pudieran entorpecer la caza e imponiendo duras sanciones por ahuyentar a los animales.
