TOLEDO.- La asociación Proanimal ha registrado un escrito ante el Defensor del Pueblo para pedir la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Caza del Gobierno de Emiliano García-Page, al considerar que vulnera varios artículos de la Carta Magna por poner en peligro a los menores y limitar el derecho de propiedad.
Una norma, aprobada por el Parlamento autonómico el pasado 15 de marzo ‑con los votos a favor de PSOE y Podemos‑ y publicada en el Diario Oficial de Castilla‑La Mancha once días después, que según el colectivo animalista vulnera cuatro artículos de la Constitución Española, por lo que piden la intervención del Defensor del Pueblo, al ser ésta la única forma que como asociación tienen para poder llevar su denuncia al Tribunal Constitucional.
Cuestiones que consideran "caen por su propio peso" y que sin embargo han quedado negro sobre blanco en la norma ya publicada, tal y como señala a PeriódicoCLM el presidente de Proanimal, Domingo Ruiz. La vulneración "más grave", a su juicio, es el que se mantengan los 14 años como edad mínima para poder obtener la licencia de caza. Consideran que con este precepto se infringe el artículo 96 de la Carta Magna, en relación con el Tratado Internacional de las Naciones Unidas sobre la Convención sobre los Derechos del Niño, así como los artículos 15 y 39 de la Constitución Española.
Aunque fue uno de los aspectos que mayor polémica suscitó durante la tramitación del nuevo texto normativo, al plantearse desde Podemos la necesidad de elevar ese límite hasta los 16 años, sin embargo, se mantuvo como en la anterior norma aprobada por el Ejecutivo de Cospedal en 2015.
Desde este colectivo animalista castellano‑manchego consideran inconstitucional que la Ley 2/2018 permita que niños, desde 14 años hasta que adquieran su mayoría de edad, puedan obtener licencia para la actividad de la caza, suponiendo ésta "un riesgo objetivo para la vida e integridad física de estos niños", al portarse armas, incluidas las de munición letal y "se producen accidentes e incluso muertes de los propios cazadores".
De este modo, y tras señalar que la Administración tiene la obligación de velar por el interés superior del menor, así como por la salvaguarda de su vida e integridad, tal y como establece la Convención de los Derechos del Niño, han decidido recurrir al Defensor del Pueblo. Además, recuerdan que dicho tratado también fue firmado por el Gobierno de España, y que "sin embargo, no se acata", subraya el presidente de Proanimal.
Por otra parte, también consideran que en esta Ley de Caza, en su artículo primero, apartado veinticinco ‑por el que a su vez se reforma el número 37 de la anterior Ley de Caza aprobada en 2015 por el Gobierno de Cospedal‑ se vulneran en su apartado primero los artículos 33 y 149.8 de la Constitución Española, por los que se reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación civil.
Denuncian que al regular la constitución del coto de caza, estableciéndose que podrán constituirlo quienes acrediten el arrendamiento, cesión o cualquier otro negocio jurídico por los que se posean los derechos sobre "al menos el 60 por cien de la superficie" para la que se solicite el acotado, se abre la puerta a que puedan incluirse en los mismos, terrenos de propietarios que no hayan cedido sus parcelas para ese fin. Se trataría pues de una "expropiación de los derechos cinegéticos" a los propietarios de las fincas, en favor de quienes pretendan constituir un coto privado de caza.
De este modo, subrayan desde Proanimal, se limita el derecho de propiedad, consagrado en el artículo 33 de la Constitución y regulado en los artículos 348 y siguientes del Código Civil.
En este sentido, el presidente del colectivo explica que con este planteamiento "se rebaja" la cantidad de tierras necesarias para que una persona pueda "asimilar" las de otro para establecer un coto de caza.
Asimismo, Ruiz lamenta que quienes tanto se remiten a las leyes para ciertas cuestiones que se refieren al trato con animales, cuando éstas no están en su parte, "no tienen problema en saltárselas".
Algo que también ocurre, según Ruiz, en el proyecto de Ley de Bienestar Animal que se ultima en Castilla-La Mancha, en el que "se incumplen cosas que ya están estipuladas".
Ante esta situación, desde el colectivo animalista reclaman que se respeten las leyes, tanto en lo relativo a la protección de los menores como en el respeto a la propiedad. Por ello el pasado 12 de abril registraban en la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real el escrito dirigido al Defensor del Pueblo, instándole a interponer ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Caza regional.
[Primera página del escrito del colectivo Proanimal al Defensor del Pueblo]
