Castilla-La Mancha destinará 5,5 millones para 14.000 becas de comedor el próximo curso

Al término de la legislatura habrán sido al menos 46.000 las ayudas de comedor escolar concedidas por el Ejecutivo de Emiliano García-Page, después de que Cospedal suprimiera estas becas durante su mandato. 

TOLEDO.- Al menos 46.000 ayudas de comedor escolar habrá concedido el Gobierno de Castilla-La Mancha al terminar esta legislatura, de las cuales 14.000 corresponderán al próximo curso 2018-2019. Datos que contrastan con los cuatro años en los que María Dolores de Cospedal estuvo al frente del Ejecutivo autonómico, en los que no se concedió ni una sola ayuda para este servicio. 

Una legislatura la 2011-2015 durante la que se suprimió la concesión de este tipo de ayudas para el alumnado cuyas familias se encontraban con necesidades económicas. En plena crisis, se privó a estos menores de tener asegurada al menos una comida completa en los centros educativos. 

Ayudas que, sin embargo, fueron recuperadas con el cambio de Gobierno tras las elecciones de mayo de 2015, y para las que de cara al curso que arrancará en septiembre, se prevé destinar 5,5 millones, tal y como anunciaba este lunes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante el acto de colocación de la primera piedra del nuevo instituto de Enseñanza Segundaria de la localidad toledana de Yuncos.  

Un acto en el que el presidente regional subrayaba que su Ejecutivo seguirá implementando las medidas puestas en marcha en 2015, también a lo largo de la próxima legislatura, con nuevas ayudas a la adquisición de libros de texto, comedor escolar y un nuevo Plan de Infraestructuras Educativas con el que se eliminarán todas las aulas prefabricadas que existen en la región. 

En este sentido cabe recordar que durante la legislatura pasada el Ejecutivo del PP paralizó el Plan de Infraestructuras de 2011 que encontraron en marcha a su llegada al Palacio de Fuensalida. Un plan que tenía un centenar de obras en marcha, y 34 proyectos en licitación que no llegaron a adjudicarse. Asimismo, se disponía de 119 proyectos redactados y para otros 27 se habían realizado las actuaciones previas para el encargo del proyecto. La resolución de estos proyectos costó a las arcas castellano-manchegas un total de 9 millones. 

Un plan, apuntaba García-Page, que se viene desarrollando desde 2016 y que este verano posibilitará la creación de un millar de puestos de trabajo y otros 2.000 a partir de septiembre, cuando se aborden los últimos proyectos del plan vigente. 

Medidas que, junto a las que prevé poner sobre la mesa durante el periodo 2019-2022, harán que “ningún niño” quede “sin educación por problemas económicos”.  

Será en 2019 cuando se ponga en marcha el nuevo Plan de Infraestructuras Educativas que prevé más de 500 actuaciones, una veintena de nuevos centros, un centenar de ampliaciones educativas e intervenciones de reformas en la mitad de los 1.200 centros que existen en la región, tal y como adelantaba el pasado mes de junio Emiliano García-Page durante la colocación de la primera piedra del nuevo colegio público de Seseña. 

Un nuevo plan que comenzará a “bordarse” con los distintos agentes sociales a la vuelta del verano, y que se pretende lleve aparejado un plan de inversión tecnológica y de consolidación de plantilla, avanzaba entonces el presidente del Ejecutivo regional, quien calificaba este nuevo plan como “el más ambicioso” de los que ha tenido Castilla-La Mancha. 

Y es que, incidía García-Page, el educativo es uno de los retos “esenciales” a los que se enfrenta el país en los próximos años para labrar un futuro competitivo, de ahí la necesidad de invertir “en la creatividad y en la inteligencia de nuestros niños”.  

“Haremos tal inversión en ayudas para libros o comedores escolares”, entre otros, subrayaba el presidente regional, “como para que sea posible decir que el que quiera estudiar podrá hacerlo haciendo uso de su inteligencia, independientemente del bolsillo de sus padres”. 

En este sentido, cabe recordar que el pasado mes de abril el Gobierno de Castilla-La Mancha aprobaba una nueva convocatoria de ayudas para la compra de libros de texto y becas de comedor para las que se habilitaba un presupuesto de 8,7 millones. De este modo se pretendía ampliar el número de familias beneficiarias, pudiendo llegar ser 80.000 las ayudas. 

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