TOLEDO.- El Ministerio para la Transición Ecológica ha decidido paralizar el permiso de construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en la localidad conquense de Villar de Cañas. Así pues, queda en punto muerto el proyecto planteado inicialmente por José Luis Rodríguez Zapatero, y promovido e impulsado en última instancia por el Gobierno de Mariano Rajoy, de la mano de la Junta de Castilla-La Mancha, entonces también en manos 'populares'.
Una decisión que se ha trasladado mediante carta al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), para que suspenda la tramitación del permiso de construcción, a la espera de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tenga diseñada su política en materia energética por completo, después de que la polémica ubicación fuera elegida por el Partido Popular a finales de 2011 y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a principios de 2012.
Detalles de una paralización que adelanta en su edición de este miércoles el diario El País que, citando a fuentes del Ministerio que dirige Teresa Ribera, señala que el escrito fue remitido la semana pasada al CSN, órgano encargado de analizar y avalar la construcción del silo.
Desde el Gobierno central se confirmaba oficialmente al Ejecutivo castellano-manchego esta decisión a última hora de este martes. Concretamente el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, fue el encargado de ponerse en contacto telefónicamente con el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, para comunicárselo.
Precisamente este asunto fue una de las cuestiones que Emiliano García-Page llevaba hace unos días a la reunión con la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, la primera oficial que mantenía con un miembro del nuevo Ejecutivo de Sánchez.
Un encuentro en el que el presidente regional trasladaba a la ministra el posicionamiento de Castilla-La Mancha y su petición de paralización del proyecto de construcción del cementerio nuclear.
Por su parte, desde la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Villar de Cañas se esperaba este cambio de rumbo desde la entrada del nuevo Gobierno. Se habían depositado esperanzas en que fuera precisamente una de las primeras decisiones del nuevo Gobierno tras el primer Consejo de Gobierno, aunque finalmente se ha debido esperar un mes y medio para que se produzca este movimiento.
El pasado 6 de julio este colectivo cuestionaba las declaraciones de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que había vinculado la continuidad del ATC al cierre de las centrales nucleares. Le recordaban entonces las "graves deficiencias" de los terrenos, que justificaban por sí mismas el fin del proyecto, independientemente del futuro de la energía nuclear. Asimismo, alertaban que un aplazamiento en la decisión sobre el ATC podría abrir la puerta a que un Gobierno salido de las urnas en las próximas elecciones relanzara el proyecto.
AÑOS DE RETRASO
Aunque sobre la necesidad de construir un almacén de residuos nucleares ya se puso sobre la mesa en el año 2006, no fue hasta diciembre 2011 cuando el Consejo de Ministros, presidido entonces por Mariano Rajoy, eligió Villar de Cañas para su ubicación. Habían sido más de una decena las localidades que se habían ofrecido para ello, pero el impulso recibido por parte del Gobierno regional presidido entonces por María Dolores de Cospedal, también secretaria general del PP, fue definitivo.
Un proyecto que desde el inicio contó con la oposición tanto del PSOE regional como de otros partidos políticos y organizaciones, a los que pronto se sumaron los primeros informes contrarios. La previsión era que el ATC de Villar de Cañas estuviera funcionando en 2016, pero dos años el proyecto seguía aún sin materializarse.
En este sentido, cabe recordar cómo tras el cambio de Gobierno en Castilla-La Mancha, el Ejecutivo de Emiliano García-Page se marcó como objetivo paralizar el proyecto. Para ello, en 2016 aprobaba un decreto que ampliaba la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Laguna de El Hito, tratando así de frenar la construcción de la infraestructura, al establecer la necesidad de aprobación ambiental previa.
Un decreto que, sin embargo, fue suspendido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en la misma línea que el Supremo, que suspendió cautelarmente dicho acuerdo de ampliación de protección ambiental tras el recurso planteado por el Gobierno central.
Pese a ello, también se rechazaba desde la Administración regional el plan especial de reordenación urbana del Ayuntamiento de Villar de Cañas, necesario para la construcción.
Era noviembre de 2015 cuando la Consejería de Fomento remitía la resolución definitiva de la Junta de Comunidades relativa al Plan de Ordenación Municipal (POM) de Villar de Cañas, que había sido aprobado meses antes por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cuenca, estando el Gobierno del PP ya en funciones.
Una resolución, avalada posteriormente por el alto tribunal castellano-manchego, que declaraba anulado y sin efecto, debiendo reiniciarse toda su tramitación para redactarla acorde a las normas infringidas. Entre los motivos, se hacía referencia a tres informes sucesivos emitidos por la Confederación Hidrográfica del Guadiana informando desfavorablemente sobre la suficiencia de recursos hídricos para las demandas contempladas en el plan, entre las cuales se integraba la propia actividad del ATC.
