TOLEDO.- El Tribunal Superior de Justicia de Castilla‑La Mancha ha anulado el decreto del Gobierno de Emiliano García-Page por el que se ampliaba la zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Laguna del Hito hasta la localidad conquense de Villar de Cañas, ubicación elegida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy a finales de 2011 ‑publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a principios de 2012‑ para construir el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares.
Concretamente, el fallo del alto tribunal de la región, con fecha de este lunes y al que ha tenido acceso PeriódicoCLM, estima el recurso interpuesto por la Abogacía General del Estado y el Ayuntamiento de Villar de Cañas, contra dicha protección ambiental aprobada por la Junta en julio de 2015, una maniobra que habría dificultado la construcción del basurero radiactivo, actualmente paralizado ‑de manera independiente a esta resolución judicial‑ por el Gobierno de Pedro Sánchez.
La sentencia, de 55 páginas y contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo en un plazo de treinta días desde su notificación, recoge en sus fundamentos de derecho que la Junta castellano‑manchega, a través de los actos impugnados, ha tratado de "impedir o perturbar el ejercicio previo y legítimo de la competencia asumida por el Estado" en materia de residuos radiactivos.
"No es conforme con el orden de distribución de competencias que una comunidad autónoma pretenda introducir importantes restricciones que hagan inoperativo el ejercicio de la competencia exclusiva del Estado, y ello lo lleve hasta el extremo de conllevar la paralización de la obra proyectada", recoge la sentencia.
Y todo ello, máxime cuando "el Estado ha venido ejercitando dichas competencias de forma inmediata y previa, en contraposición a la Junta, que ha actuado arbitrariamente, en el sentido de adoptar posturas claramente antípodas en un breve intervalo de tiempo".
En este sentido, apunta que el proceder de la Administración autonómica en lo referente a la ampliación del espacio protegido de la Laguna del Hito ha sido "errático y contradictorio", poniendo como ejemplo, entre otras, el hecho de que en marzo de 2015 el Gobierno regional había reducido la extensión del espacio protegido de la Laguna de El Hito a menos de 1.000 hectáreas y meses después, en julio, lo quiso ampliar hasta las 24.000.
Sin embargo, reconoce la sentencia que el hecho de que el Estado pueda declarar el proyecto como de interés público de primer orden, "no supone que la Administración estatal, cuando ejerce sus propias competencias sustanciales sobre la proyección y construcción de la obra consistente en el almacenamiento nuclear y su centro tecnológico, no deba ser respetuosa con la normativa de protección ambiental".
De ahí que si la Comunidad Autónoma no estuviera entonces de acuerdo con la evaluación de impacto ambiental que le corresponde efectuar a la Administración estatal, pueda interponer el recurso contencioso administrativo contra la resolución que apruebe el proyecto, si lo considera pertinente.
A pesar de ello, entiende el Tribunal que "lo que no cabe en ningún caso" es "perseguir una finalidad subrepticia de obstrucción del ejercicio de la competencia estatal, amparándose en la apariencia de la necesidad de ampliación y conservación de espacios naturales, por muy loable que pueda resultar tal propósito".
Es desde esa perspectiva desde la que el alto tribunal castellano‑manchego declara la nulidad del íntegro contenido del decreto recurrido por el Estado y el Ayuntamiento de Villar de Cañas, al considerar que "el verdadero propósito que encierran los acuerdos impugnados explica la extensión de la nulidad a la totalidad de los mismos, sin que pueda limitarse a una mera afección parcial".
LA JUNTA RECURRE ANTE EL SUPREMO
Sentencia que el Gobierno que preside el socialista Emiliano García‑Page ya ha anunciado recurrirá ante el Tribunal Supremo, al considerar que "aún hay posibilidad de que prevalezcan los intereses medioambientales sobre los nucleares".
Así lo ha asegurado su consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quien apuntaba que desde el Ejecutivo regional se respeta la decisión del Tribunal Superior de Castilla‑La Mancha, como "órgano soberano". No obstante, se estudiará "con detalle" el fallo y, en cualquier caso, a partir de ahora, se "recurrirá" el mismo.
Y es que desde la Junta se va a "seguir peleando" en las instancias judiciales que sea posible "por defender los intereses ambientales". Advertía así el consejero que el entorno natural de la Laguna del Hito "tenía que haber estado protegido mucho antes", pues existe una instrucción de la Comisión Europea al respecto que "obliga" a la Junta de Comunidades a hacerlo, pero sin embargo "en la legislatura pasada no se hizo nada", ha lamentado.
Arroyo ha recordado que el Consejo de Gobierno aprobó el 5 de octubre del año 2016 la ampliación de la Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) de dicho espacio por ser una zona excepcional desde el punto de vista de la biodiversidad que además incluye hábitats únicos, con un ambiente estepario y zonas cerealistas.
OBRA PARALIZADA POR EL MINISTERIO
A pesar del revés judicial, el consejero ha querido destacar que este se produce en un momento en el que el proyecto está detenido. "La propia ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha paralizado la construcción del ATC", se congratulaba Martínez Arroyo, quien también ha recordado que en la localidad de Villar de Cañas "no existe un Plan de Ordenación del Municipio (POM) que permita su edificación".
Al respecto, ha dicho que desde el Ejecutivo se va a "continuar trabajando para que en Castilla‑La Mancha no haya un basurero nuclear y en eso tenemos, como estamos pudiendo comprobar, el apoyo del Gobierno Central", cuya decisión de paralizar el polémico proyecto fue "muy bien recibida" por la Junta.
LA PLATAFORMA, MOLESTA POR LA SENTENCIA
Ante esta sentencia también han manifestado su descontento los miembros de la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, que estaban personados en la causa a través de Ecologistas en Acción, y que ahora estudian si se unen al recurso anunciado por la Junta.
No obstante, insisten en que si el nuevo Gobierno de Sánchez hubiera retirado el recurso, tal y como solicitaron desde el colectivo, "la sentencia podría haber sido muy diferente". Además, consideran que este fallo judicial el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha ha entendido que prima la gestión de los residuos nucleares sobre la protección de la zona, un argumento que "pierde fuerza" ante un ATC "a punto de ser historia".
Afirman que, independientemente de la repercusión sobre el futuro del cementerio radiactivo, la ampliación de la ZEPA de El Hito habría sido "una buena noticia para la población de la zona afectada", que podrían beneficiarse de programas europeos y de un modelo de desarrollo sostenible, "justo lo contrario de lo que representaba el cementerio nuclear".
Así pues, la portavoz de la Plataforma y ganadera de la comarca, María Andrés, ha puesto de manifiesto la voluntad de recurrir esta sentencia, pero ha añadido que la decisión final dependerá de lo que recomiende el abogado del colectivo, "que ha hecho un gran trabajo totalmente voluntario".
