TOLEDO.- El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes 7 de septiembre varios reales decretos por los que concedía la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a 47 ex altos cargos del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Un elenco que comparten ex secretarios y subsecretarios de Estado, exsecretarios generales e incluso algún jefe de gabinete del anterior Gobierno, y en el que se encuentran tres dirigentes del PP castellano-manchego y colaboradores de la que es todavía su presidenta, María Dolores de Cospedal. 

Forman parte de este grupo al que se quiere “premiar” los méritos de carácter civil adquiridos durante su paso por el Gobierno, el exsecretario de Estado de Educación, Marcial Marín, así como el exsecretario y el exsubsecretario de Estado de Defensa, Agustín Conde y Arturo Romaní, respectivamente. 

Altos cargos a los que llegaron impulsados de una forma u otra por Cospedal, tras haber formado parte de su Gobierno en Castilla-La Mancha dos de ellos -Marín y Romaní-, mientras que Conde se convertía poco a poco en su mano derecha y terminaba llevándosele al Ministerio como su ‘número dos’, en noviembre de 2016. 

CONDE, EL CONSEJO DE EUROPA Y LA HOMOFOBIA

De hecho, antes de llegar a Defensa, Conde había formado parte de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que, el pasado mes de junio acordaba prohibir “de por vida” al toledano el acceso a cualquier sede de la organización, así como a otros trece exparlamentarios de la Cámara, por vulnerar su código de conducta. 

Y es que el que fuera también presidente del PP regional, senador y alcalde de Toledo, habría violado “seriamente” tres artículos del código de conducta, relativos a los ponentes y a las comisiones de seguimiento, tal y como concluía el informe sobre supuestas prácticas corruptas emitido el pasado enero. Cuestiones sobre las que Conde tampoco quiso responder ante la comisión de investigación, cuya convocatoria para testificar al respecto ni siquiera atendió. 

En concreto el exsecretario de Estado de Defensa, ahora distinguido con la Gran Cruz de la Orden del Mérito, fue acusado de actuar en favor de Azerbaiyán en 2015 y 2016, cuando acudió como observador a las elecciones parlamentarias y como ponente de la comisión de seguimiento. Entre las alegaciones recibidas, figuraban la negativa de Conde a mantener encuentros con ONG críticas con el régimen azerí, por lo que la comisión de reglamento consideró que se produjo “una violación menor de las reglas éticas” por parte del toledano, lo cual conlleva esa penalización. 

Antes de esto, en su paso por el Senado, fue el encargado en 2005 de defender la posición del PP  en la comisión que se creó para analizar la adopción por parte de las parejas del mismo sexo. En este marco, Conde dijo una serie de comentarios homófobos como que ”la incidencia de padecer abusos sexuales por parte de niños que conviven con parejas homosexuales es tremendamente superior a los que lo hacen en parejas heterosexuales”.

Según dijo, ”el riesgo de que un niño pueda ser violado por uno de sus progenitores es del 29% en el caso de una pareja homosexual y en el caso de una pareja heterosexual es del 0,6%”, datos que sacó de un estudio publicado por la asociación ultracatólica 'Hazte Oír'.

ROMANÍ, LAS EXTRA Y EL DESPIDO DE INTERINOS

También al Ministerio de Defensa llegaba de la mano de Cospedal el que fuera su consejero de Hacienda durante su etapa al frente de la Junta castellano-manchega. Arturo Romaní, inspector de Hacienda de profesión, al que le encargaba el cometido de reducir el déficit autonómico. Entre sus ‘logros’ la puesta en marcha del polémico Plan Económico Financiero aprobado en mayo de 2012, entre cuyas medidas se contemplaba un ahorro de más de 1.600 millones, casi un tercio de ellos en gastos de personal. 

Medidas algunas de las cuales, a posteriori, representaron una merma en las arcas públicas, derivadas de las millonarias indemnizaciones que se tuvieron que asumir por los despidos ilegales de interinos de la Administración regional, del mismo modo que se ha tenido que desembolsar para devolver a los funcionarios la paga extra suprimida ese mismo año. 

Paga extra que también Romaní ha querido recuperar en esta legislatura, al igual que lo habían hecho los funcionarios. Y es que el ‘número 3’ de Cospedal en su etapa en Defensa consideraba que le correspondía percibir también su abono, una petición que planteó por carta y fue rechazada desde el Ejecutivo de Emiliano García‑Page, instándole si estaba en desacuerdo a recurrir a los tribunales para ello. 

Tribunales que, por otra parte, denegaban esta misma petición al que fuera secretario general de la Consejería de Hacienda, y segundo de Romaní, Eliseo Gómez Velasco, al considerar el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que no existen fundamentos jurídicos que justifiquen que un ex alto cargo pueda cobrar la parte correspondiente de la paga extra retirada en 2012 por el Gobierno del PP, del cual, además, formaban parte

MARÍN, LA EDUCACIÓN PRIVADA Y LOS RECORTES

Junto a Conde y Romaní, también ha recibido este reconocimiento en forma de Gran Cruz el que fuera consejero de Educación durante el Gobierno de Cospedal, y ya también exsecretario de Estado de Educación, Marcial Marín. Quien no dudara en afirmar hace unos años que el elevado fracaso escolar en Castilla-La Mancha se debía a que había “más enseñanza pública que privada”, quien fuera partícipe de los mayores recortes en materia educativa vividos en la región e incluso llegara a sancionar a un maestro sin empleo y sueldo por informar a sus alumnos de las razones que le llevaban a secundar la huelga de 2012 –sanción anulada por el Constitucional hace unos meses-, recibe ahora también el reconocimiento del Gobierno de Sánchez. 

A todos ellos se les concede esta Gran Cruz de la Orden al Mérito Civil, con la que se premian los servicios “relevantes” prestados al Estado; la realización de trabajos extraordinarios “de indudable mérito”; la laboriosidad o la capacidad extraordinaria puestas de manifiesto en bien del interés general, y “las grandes iniciativas de influencia nacional y, en general, los hechos ejemplares que, redundando en beneficio del país, deban estimularse”

Méritos que no se detallan en el dossier de acuerdos del Consejo de Ministros para cada uno de los 47 premiados, pero que se presupone deben haber sido señalados por quien les haya propuesto para recibir la condecoración. 

Entre ellos otra castellano-manchega, la bioquímica y empresaria Carmen Vela Olmo, natural de Sigüenza, quien estuvo al frente de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.