TOLEDO.- El anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana se ha convertido en el último motivo de enfrentamiento entre los socios del Gobierno de Castilla-La Mancha, que se debaten entre la constitucionalidad o no del texto elaborado por Podemos.
Un anteproyecto de ley que para salir adelante no tiene que tener "ninguna pega" y ser ajustado "a la legalidad", tal y como defendía este miércoles el portavoz del Ejecutivo autonómico, el socialista Nacho Hernando, por lo que considera que se le debe dar aún "un par de vueltas".
Opinión que choca frontalmente con la del vicepresidente segundo de su mismo Gobierno y líder de la formación morada castellano-manchega, José García Molina, para quien "no hay duda" de que el texto respeta "escrupulosamente" la Constitución, las leyes básicas del Estado y las de la Comunidad autónoma.
Un nuevo encontronazo en el Gobierno regional, que vuelve a poner de manifiesto que la relación no es fácil y que podría complicarse más aún en las próximas semanas, dada la cercanía del proceso de primarias en Podemos -al que García Molina ya ha anunciado que volverá a concurrir- y que ambos partidos ya se encuentran con el punto de mira en las elecciones autonómicas del 26 de mayo.
Y es que para Hernando "hay temas" que se tienen que ver, "porque algunos planteamientos al inicio, en alguna alegación, incluso pueden vulnerar el orden constitucional", al tiempo que considera necesario analizar el texto "con más detenimiento" para que pueda ser "factible".
En este sentido, el portavoz regional recordaba que en un primer momento se planteaba la posibilidad de regular la participación de los ayuntamientos, algo que, afirmaba, "no es constitucional".
Cuestión a la que el vicepresidente segundo respondía horas después preguntándose si Hernando se había leído el texto, especulando así con la posibilidad de que, entre tanta pregunta en el Consejo de Gobierno, le hubieran pillado "con el pie cambiado" y se tratase todo de "una equivocación".
Después de este choque, el propio García Molina decidía salir hoy en rueda de prensa con el director general de Participación Ciudadana, José Luis García Gascón, para ofrecer más detalles sobre el proyecto de ley, en el que también se contempla la reserva de una cuantía mínima de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, que oscilaría entre el 1 y el 10 por ciento, para que sean los ciudadanos quienes puedan decidir sobre su gestión.
Asimismo, los ciudadanos podrán pedir a los gestores públicos que rindan cuentas y, además, se rescatan algunas funciones del desaparecido Defensor del Pueblo, suprimida durante la pasada legislatura por el Gobierno de María Dolores de Cospedal.
Para García Molina se trata de la ley "más participada de la historia", puesto que en su redacción habrían participado más de seiscientas personas, entre juristas, funcionarios, asociaciones de vecinos o del tercer sector, interesándose para su elaboración en normativas similares de otros países y comunidades autónomas.
En este sentido, el director general detallaba que de las 340 aportaciones realizadas por la ciudadanía, el 97 por ciento han sido incluidas en la ley, lo cual la dota de un amplio consenso y viene a "profundizar y ampliar la democracia en Castilla-La Mancha".
Entre las novedades que introduce el texto García Gascón apuntaba los "convenios ciudadanos", según los cuales la Administración se compromete a adoptar las decisiones mayoritarias de los ciudadanos.
Asimismo, prevé la creación de un nuevo órgano, un observatorio "cien por cien ciudadano", cuya misión será "hacer cumplir la ley", incorporando para ello algunas de las funciones que tenía la figura del Defensor del Pueblo; y establece sanciones para quienes incumplan la norma.
Considera el director general que con esta norma se podrá desarrollar una administración pública "más limpia" y que "prevenga la corrupción".
Y es que además de que los ciudadanos puedan pedir explicaciones sobre su gestión a los gobernantes, también se introduce la evaluación y control de políticas públicas, a través de la cual los ciudadanos podrán evaluar los resultados de proyectos y programas de las administraciones públicas.
En su opinión, esta ley posibilitará una mejora económica de la región y que sea más justa, puesto que los planes plurianuales de sectores estratégicos como la economía, el empleo, el turismo, la agricultura, la sanidad y la educación se tendrán que hacer de manera participativa.
Pero para su aprobación, aún queda camino, puesto que tal y como ha apuntado el vicepresidente segundo, aún debe pasar por el Consejo de Gobierno y ser informada por el Consejo Consultivo, para posteriormente pasar por el Parlamento autonómico. No obstante, García Molina es optimista y lo considera factible, al haber experiencias similares en otros países y comunidades autónomas, en las que funciona.
