ALBACETE.- Antonia, viuda, y su hijo Manuel, de 19 años y con una discapacidad reconocida del 50 por ciento y progresiva, no han dejado de pagar la hipoteca ni el alquiler, pero el pasado viernes terminaron en la calle. Han sido desalojados de la vivienda en la que residían desde 2015 en la localidad albaceteña de Hellín, la cual era propiedad de la madre de Antonia, pero que ahora su padre adoptivo ‑de 93 años‑, con el que no tiene relación desde hace décadas, reclama como propia.
Era el segundo intento de lanzamiento de esta familia que, aunque en un primer momento se ha negado a abandonar la vivienda, finalmente, tras conversar con los agentes de la Guardia Civil que acompañaban a la comitiva judicial, ha terminado cediendo y no se ha hecho uso de la fuerza. De este modo han sido desalojados de la vivienda, dando cumplimiento a la sentencia del Juzgado de primera instancia e instrucción número dos de Hellín, pese a que hace tan solo quince días se opusieron a abandonar la casa en el primer lanzamiento.
Un desalojo "frío y muy crudo", señalaban desde la Plataforma Stop Desahucios de Hellín, varios de cuyos miembros acudieron hasta la calle Virgen de la Esperanza, en la pedanía hellinera de Nava de Campaña, para tratar de evitar que Antonia y su hijo tuvieran que dejar la vivienda, aunque sin éxito.
De este modo, sin poder recoger sus enseres, con apenas un par de bolsas con documentos, las medicinas de Manuel y los abrigos, ambos se han quedado en la calle.
Antonia y su hijo se encuentran así en una precaria situación y sin nadie a quien poder acudir, puesto que su madre falleció hace unos años y su hermana -la otra heredera de la vivienda en litigio- reside en Murcia.
Antonia, a la derecha, junto a su hermana Isabel. EL FARO DE HELLÍN
Debido a esta situación, Antonia solicitó a los tribunales la paralización del lanzamiento, que no fue atendido, según la Fiscalía, porque la causa alegada "no es motivo de suspensión".
Así, desde el colectivo antidesahucios lamentan haber tenido conocimiento del caso demasiado tarde, por lo que no les dio tiempo a "estudiarlo de manera correcta para haber llegado a una solución menos dramática", y han explicado que la mujer percibe únicamente una ayuda de 430 euros, la cual finaliza el próximo mes de febrero. Por ello, consideran que ahora deben ser los Servicios Sociales del Ayuntamiento ‑desde los que se les ha ofrecido un alojamiento temporal‑ los que se hagan cargo del asunto, aunque desde la plataforma aseguran que seguirán pendientes del caso.
Mientras tanto, Antonia y su hermana siguen defendiendo que su madre dejó en su testamento que la casa sería para ella y para su hermana Isabel. Ambas acreditan ser las herederas legítimas de dicha vivienda y únicamente quieren que se cumplan sus derechos.
Al tratarse de un asunto relacionado con una herencia, y no de impagos como suele ser lo más habitual en este tipo de situaciones, esta vecina de Hellín no puede acudir a la Oficina Antidesahucios puesta en marcha por el Gobierno regional, tal y como apuntan desde Stop Desahucios, que califica este desalojo como "una atrocidad marca España en pleno siglo XXI".
Pese a ello, el día siguiente de sufrir el desahucio, tanto Antonia como su hijo Manuel volvieron a entrar en la vivienda. "Le pegué una patada a la puerta, me volví a meter en mi casa otra vez y cambié la cerradura", explicaba la propia madre a las cámaras de la televisión pública castellano‑manchega.
Respecto a la postura de su padre adoptivo, la mujer reconoce que "nunca, desde el primer momento, nos ha querido". "Esta casa es una vivienda familiar privativa, nos corresponde a mi hermana y a mí por la muerte de nuestra madre, pero mi padre la quiere libre para dársela a su sobrina", ha sentenciado Antonia.
