TOLEDO.- El Grupo Parlamentario Podemos ha presentado ante la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha un recurso de reconsideración contra la decisión de este propio órgano del pasado 24 de enero, por la que asumía sin verificar ni argumentar el veto del Consejo de Gobierno a la tramitación de la proposición de ley de minería de tierras raras.
Así lo ha anunciado el portavoz de Podemos en el Parlamento regional, David Llorente, quien ha avanzado que de no ser reconsiderada la decisión por parte de la Mesa, se planterará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Una petición de reconsideración cuya presentación ya se adelantaba desde Podemos el pasado jueves, desde la propia tribuna de oradores del salón de plenos, y que hoy se ha materializado.
Recurso que se produce después de que el Consejo de Gobierno ‑del que también forman parte miembros de la formación morada‑ manifestase su 'no conformidad' a la tramitación parlamentaria de esta proposición de ley, esgrimiendo como excusas por una parte que la cuestión se encuentra ya ampliamente regulada y por otra que supondría un incremento presupuestario ‑no previsto, al haberse prorrogado las cuentas de 2018‑ para hacer frente a la elaboración del plan estratégico contemplado en la propuesta normativa. Un plan similar al que supuso el realizado al amparo de la ley 'antifracking' y cuyo coste se estima en 138.000 euros.
Argumentos que no convencen ni al diputado regional que registró la proposición de ley ni a la plataforma ‘Sí a la Tierra Viva’, colectivo del que partió la iniciativa registrada en el Parlamento castellano-manchego el pasado 12 de diciembre, con el objetivo de regular la actividad de la minería de tierras raras de forma que se garantice la protección a la salud pública y al medio ambiente, fundamentalmente "la vida de nuestros pueblos".
Una proposición de ley con la que se daba continuidad a las distintas resoluciones aprobadas en sede parlamentaria en este sentido, llegando a instar al Gobierno regional a regular sobre esta materia.
Sin embargo el veto del Ejecutivo ha sido "asumido sin más" por parte de la Mesa de las Cortes, a la que ahora desde el Grupo Parlamentario Podemos ‑que también cuenta con representación en este órgano, a través de la diputada y vicepresidenta de las Cortes, María Díaz‑ se pide que reconsidere su decisión.
En este sentido, Llorente ha destacado que "no es cierto" ‑como argumenta el Gobierno‑ que la elaboracion del plan estratégico al que se imputa un coste estimado de 138.000 euros, por analogía con el llevado a cabo en relación a la ley 'antifracking', requiera de un aumento del crédito presupuestario.
Así, detalla que este gasto afectaría a la partida 22706 de Estudios y Trabajo Técnicos, del programa 442F de Evaluación y Cambio Climático de los Presupuestos de 2018 ‑prorrogados para este ejercicio‑, que tiene asignados 362.500 euros y de los cuales el pasado año "apenas se han ejecutado 45.000 euros".
Y es que, incluso restando esta partida lo ejecutado y el coste estimado del plan, seguirían restando cerca de 180.000 euros "el cuádruple de lo que se ha ejecutado realmente en 2018". Así, y "como demuestran los datos", la proposición de ley no requeriría ningún incremento de crédito, al contar con "un amplísimo margen presupuestario".
De este modo, Llorente ha lamentado no solo que el Gobierno regional esgrima un argumento "falso" y que lo haga incluso basándose en un informe emitido por alguien que tiene "interés de parte", como es el caso del director general de Industria, Energía y Minería, José Luis Cabezas, "que fue quien acompañó a los directivos de la empresa 'pirata' Quantum a los municipios del Campo de Montiel para promocionar los proyectos" de tierras raras.
No obstante, para Podemos el "problema" no es ya tanto que desde el Ejecutivo se esgriman argumentos falsos para vetar una proposición de ley, sino que desde la Mesa de las Cortes se haya dado directamente por bueno "sin verificar" ni justificar su rechazo a la tramitación.
En este sentido, David Llorente ha recordado que tal y como establece una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, en la que se señala que la mesa de un parlamento "tiene la obligación de ejercer el control efectivo de la facultad de veto del gobierno, verificando la información", así como de "velar por el derecho fundamental a la participación política" de los ciudadanos.
Una obligación que la Mesa de las Cortes "ha incumplido", ha insistido Llorente, "vulnerando el derecho fundamental de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos", bien directamente o bien a través de sus representantes, tal y como establece el artículo 23 de la Constitución española.
De ahí que en primer lugar se haya planteado este recurso de reconsideración ante la Mesa, que de no ser estimado dará pie a un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de los derechos fundamentales.
"DERIVA ANTIAMBIENTAL"
Para el diputado regional de Podemos es "evidente" que este veto responde a una decisión política del Ejecutivo autonómico que preside Emiliano García-Page, que "ha cedido ante las presiones del lobby minero y no tiene voluntad política para regular debidamente esta práctica".
Un ejemplo más que "profundiza en la deriva antiambiental y autoritaria del Gobierno regional", sobre la que alertaba también el pasado 25 de noviembre el colectivo Ecologistas en Acción, desde el que se denunciaba el "acoso y menosprecio" al movimiento ecologista por parte del portavoz del Gobierno, Nacho Hernando, cuya "actitud autoritaria" también era criticada la semana pasada por STAS Intersindical al cuestionar el derecho de la plataforma ciudadana 'Queremos saber la verdad de Puy du Fou' a plantear un recurso contra la declaración de proyecto de singular interés por parte del Gobierno, ha recordado Llorente.
Ahora, ha continuado Llorente, "incluso impone un veto para impedir la tramitación de una iniciativa legislativa para regular la minería de tierras raras". Una iniciativa que "responde a una demanda de la sociedad civil" y que da seguimiento a las resoluciones aprobadas por las Cortes regionales.
Un "atropello" del Gobierno regional ante el que "no vamos a quedarnos de brazos cruzados", ha advertido Llorente, para a continuación recordar al PSOE de García-Page que debe plantearse "si cuenta con el apoyo parlamentario necesario para que algunas de sus iniciativas legislativas salgan adelante".
Por último, Llorente ha reiterado que esta situación es "una contradicción más" de la participación de Podemos en el Gobierno castellano‑manchego, pero ha confiado en que en el seno de las Cortes ninguna persona esté en contra de defender el derecho del grupo parlamentario a tramitar esta iniciativa.
EL PSOE SE REAFIRMA
Tras la presentación del recurso por parte de Podemos, el Grupo Socialista en las Cortes regionales se ha reafirmado en el veto del Ejecutivo autonómico a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de minería de tierras raras, al considerar que es "legal" porque "hay un incremento del gasto".
Así ha respondido su portavoz socialista en el parlamento autonómico, Blanca Fernández, quien a preguntas de los periodistas sobre esta cuestión, ha tildado de "error" el aviso de David Llorente advirtiendo de que no se quedará de brazos cruzados y que las propuestas socialistas que se presenten en adelante podrían dejar de contar con su apoyo. A este respecto, la dirigente del PSOE ha señalado que cada iniciativa parlamentaria representa los intereses de un colectivo distinto y "no se puede jugar con los intereses de las personas".
También ha hecho hincapié en que en Castilla-La Mancha "no hay minería de tierras raras" porque el único proyecto abierto lo ha clausurado el Gobierno regional "con una declaración de impacto ambiental negativa".
Además, ha incidido en que personas como el portavoz del grupo Podemos en las Cortes, David Llorente, defienden el medio rural, a su juicio, "de forma equivocada" al oponerse a cualquier actuación en el campo, cuando la gente que vive en estas zonas recibe "con los brazos abiertos" cualquier iniciativa empresarial. La portavoz socialista ha indicado que la sostenibilidad medioambiental es "compatible" con dar facilidades a los empresarios para generar riqueza y empleo, siempre que la puesta en marcha de sus actividades empresariales respeten las condiciones medioambientales y cumplan la normativa vigente.
