TOLEDO.- Volver a la ley del Aborto del 85 como medida para luchar contra la despoblación en el medio rural es una de las últimas propuestas del líder nacional del Partido Popular, Pablo Casado, que desde Castilla-La Mancha sus acólitos no dudan en replicar, llegando a situar esta medida entre aquellas "valientes y decididas" que es necesario tomar para evitar que los pueblos "se mueran".
Entre ellos la secretaria general del PP castellano-manchego, Carolina Agudo, quien defendía en rueda de prensa esta propuesta como media para impedir que en la región "haya pueblos que mueran, que se cierren y que la gente se tenga que marchar de ellos por no tener oportunidades".
Un planteamiento con el que los populares insisten en su giro hacia la derecha más radical, aunque ello suponga recortar los derechos de las mujeres, algo que parece no tener la menor importancia para algunas dirigentes de este partido.
Esta es la 'receta' propuesta desde el PP para luchar contra la despoblación del medio rural, regresando a una ley que despenalizaba la interrupción del embarazo únicamente en los supuestos de violación, riesgo para la salud física y psíquica de la madre y malformación el feto, y establecía penas de seis meses a un año de cárcel, para quien abortase fuera de esos tres supuestos.
Y es que según Agudo es necesario "luchar mucho" para paliar la despoblación en provincias como Cuenca y Guadalajara, donde el Gobierno de Castilla-La Mancha "no hace nada para frenarla". Una lucha en la que los populares consideran fundamental apostar "por la familia y la vida".
En este sentido, la número 2 de los populares castellano-manchegos subrayaba que su formación "siempre ha sido el partido de la familia, de la vida", por lo que aseguraba que las medidas que el PP llevará en su programa electoral, tanto en el regional como en el nacional, irán encaminadas a que la gente de la región se quede en los pueblos "donde se apueste por la familia y la vida" y a que no se sufra esa despoblación.
No obstante, y preguntada si volver a la ley del Aborto del 85 contribuiría a frenar la despoblación, Agudo daba un paso atrás y apuntaba que "sería ahondar en temas que actualmente no se están trabajando ni siquiera en el Congreso de los Diputados", para a continuación señalar que lo de Casado "son simplemente unas declaraciones como apuesta para acabar con la despoblación".
En esta misma línea se pronunciaba horas después el presidente del PP regional, Francisco Núñez, quien considera que para fijar población como precisa Castilla-La Mancha, se debe hacer "generando empleo y aumentando la natalidad".
Explicaba así que desde su partido se trabaja en un Foro de la Familia, de modo que en las próximas semanas se mantendrá una reunión con los principales colectivos que abordan medidas que propician la familia y la conciliación "para trabajar en esa línea".
Un político para el que, cabe recordar, el papel que debe tener para que la sociedad avance es el de "buena esposa, buena madre y buena compañera de viaje", tal y como manifestaba sin complejos hace casi dos años, siendo alcalde de Almansa, durante la celebración de un acto con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Sin embargo en esta ocasión, y quizás al estar tan solo a unos meses de las elecciones autonómicas, Núñez mostraba cierta cautela ante la propuesta abierta de su jefe de filas, Pablo Casado, de volver a la ley del Aborto de 1985, al considerar que los "debates sensibles tienen que venir de la mano de un consenso social amplio".
Distintas sensibilidades que coexisten también en el seno del propio Partido Popular, que van desde aquellos planteamientos más radicales absolutamente contrarios a cualquier supuesto -como el secretario general del PP Teodoro García-Egea que ha llegado a afirmar que "el aborto no es un derecho"- a otros que sí consideran que deben ser tenida en cuenta la situación de la mujer.
Por el momento parece que no habrá ninguna propuesta más en ese sentido, dados los distintos puntos de vista existentes sobre la cuestión entre los propios populares, y a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso planteado en 2010 por Mariano Rajoy, contra la ley de plazos por la que el Ejecutivo socialista sustituyó la norma del 85.
