TOLEDO.- Ni aún queriendo. Ya es materialmente imposible aprobar la ley de Garantía de Rentas y Garantías Ciudadanas en esta legislatura, una iniciativa a la que oficialmente no le salen las cuentas, aún en el caso de que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se decidiera desbloquear la tramitación del proyecto y remitirlo a las Cortes. Y es que ni siquiera alcanzarían los tiempos con la aplicación del procedimiento de urgencia, previsto en el artículo 122 del Reglamento del Parlamento autonómico, que reduciría los plazos para la presentación de enmiendas a siete días.
Así pues, en esta legislatura no verá la luz la ley 'estrella' de Podemos, una de las justificaciones para su entrada en el Ejecutivo que preside el socialista Emiliano García-Page y que llevó a crear incluso una nueva Consejería en la Junta, la de Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, que ocupa la dirigente del partido morado Inmaculada Herranz, junto a la Vicepresidencia Segunda que ostenta el líder regional de la formación, José García Molina.
Para ello un elemento fundamental a tener en cuenta es que el último Pleno de la legislatura en el Parlamento castellano‑manchego tendrá lugar el 28 de marzo, ya que el día 2 de abril debe publicarse en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) el decreto por el que se convocan las elecciones a las Cortes regionales para el 26 de mayo. Así lo dispone el artículo 19 de la ley 5/1986, de 23 de diciembre, Electoral de Castilla-La Mancha, en el que se establece que "el decreto de convocatoria señalará la fecha de las elecciones, que habrán de celebrarse el día quincuagésimo cuarto posterior a la convocatoria".
Aunque este decreto no implica la disolución de las Cortes, la Cámara tendría, de conformidad con el artículo 50.2 de la ley orgánica del régimen electoral general, serios inconvenientes para llevar a cabo la actividad parlamentaria en lo referido a la celebración de comisiones y sesiones plenarias tras la convocatoria de las elecciones, ya que señala la prohibición desde esa convocatoria hasta la celebración de las mismas, de cualquier acto organizado por los poderes públicos que contenga "alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones".
De este modo, excluyendo domingos y festivos, se reducen a solamente seis los días hábiles que restan para la celebración de la sesión plenaria del 28 de marzo.
Resulta por tanto irrealizable que en esos días se tramite todo el procedimiento para la aprobación del proyecto de ley. Un procedimiento que precisaría de una reunión de la Mesa de las Cortes para admitir a trámite el proyecto de ley y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes; un plazo de siete días hábiles para la presentación de las correspondientes enmiendas ‑siempre y cuando se solicitase el trámite de urgencia‑; una nueva reunión de la Mesa de las Cortes para calificar y admitir las enmiendas y remitirlas para su publicación en el Boletín, y la convocatoria de la comisión correspondiente.
A ello seguiría la celebración de dicha comisión para la deliberación y votación de las enmiendas y la elaboración del dictamen sobre el proyecto de ley. A continuación se precisaría otra reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces para elevar a Pleno el debate y votación del dictamen emitido sobre el proyecto de ley, y finalmente la celebración de la sesión plenaria.
Imposibilidad material que, sin embargo, parece tener asumida ya desde hace algún tiempo la formación morada, resignada a que el bloqueo por parte del mismo Ejecutivo del que forman parte haya impedido sacar adelante uno de sus proyectos 'estrella'. A pesar de ello, los miembros de Podemos han optado por aguantar y agotar la legislatura en el Gobierno regional, el cual decidió paralizar su actividad legislativa ante la división interna que sufre el partido morado a nivel autonómico.
Resignación que ya mostraba el pasado 12 de marzo la consejera encargada de la Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, al señalar que por su parte se había hecho "todo" lo que tenían que hacer para la aprobación del proyecto de ley.
Una iniciativa que justo un mes antes era aprobada por el Consejo de Gobierno y horas después era "bloqueada" por el presidente regional, tras permitir que la propia consejera y el vicepresidente segundo del Gobierno, José García Molina, ofrecieran una rueda de prensa anunciando la aprobación del proyecto de ley y su disposición para ser remitido a las Cortes.
Una decisión tomada por Emiliano García-Page, sobre la cual no ha llegado a quedar claro si García Molina y Herranz estaban al tanto, aunque el largo silencio posterior a lo sucedido pudiera dar cabida a esa hipótesis.
Fuese o no conocida por ellos la decisión, lo cierto es que la semana pasada Herranz subrayaba que su "trabajo" era que el Consejo de Gobierno aprobara el 12 de febrero el proyecto de ley. Una aprobación que sin la consiguiente tramitación y aprobación parlamentaria, carece de todo valor.
No obstante, la consejera insistía en que desde su departamento se iba a "trabajar" con los "mecanismos" con los que se había venido haciendo desde el principio, citando así el conocer "cuáles son los indicadores de vulnerabilidad" y hacia dónde se tienen que dirigir las políticas del Gobierno. Algo que ya avanzaba, "vamos a seguir haciendo hasta el último momento".
De este modo, considerando que ya han cumplido con su parte al conseguir la aprobación en el Consejo de Gobierno del proyecto de ley, los representantes de Podemos parecen estar convencidos de que haber llegado a este punto muerto no les pasará factura en las elecciones.
Una idea que comparten con la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Blanca Fernández, quien está convencida de que el no haber aprobado la ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas en las Cortes no tendrá efectos a nivel electoral ni para el PSOE ni para la formación morada.
