TOLEDO.- A escasos días de celebrarse las elecciones generales y todavía centrados en la campaña nacional, hay quien tiene ya las miras puestas en los comicios del próximo 26 de mayo, también en lo que se refiere a la manipulación y sesgo de la información. Así se puede comprobar en un artículo publicado este lunes por OkDiario con el que se pone en el punto de mira al presidente del Ejecutivo castellano-manchego y líder de los socialistas en la región, Emiliano García-Page, 'amoldando' el contenido del informe de fiscalización publicado por el Tribunal de Cuentas diez días antes a la premisa de atacar al también candidato a la reelección.
Un artículo cuyo titular ya manipula los datos del informe publicado por el órgano fiscalizador, al asegurar que "El Tribunal de Cuentas aflora 1.000 millones de contratos públicos sin justificar del socialista García-Page".
Un informe que dice es "demoledor" -mismo término empleado horas después de su publicación por la candidata de Ciudadanos a la Junta, Carmen Picazo- y que, según el digital de Inda, habría detectado "anomalías en la mayoría de los 656 contratos públicos adjudicados en 2016 y 2017" por la Junta que preside Emiliano García-Page "por un importe total de 988 millones de euros".
Una clara tergiversación de lo recogido en el informe del Tribunal de Cuentas, tanto en lo que se refiere al número de contratos de esos dos ejercicios a los que se refiere el documento, como del montante total de los mismos. Y es que, aunque son 656 los contratos comunicados por el Gobierno de Castilla-La Mancha a este órgano de fiscalización, son tan solo 68 a los examinados, 51 correspondientes al ejercicio 2016 y los 17 restantes del ejercicio 2017.
Expedientes contractuales examinados, y respecto a los cuales hace sus observaciones el Tribunal de Cuentas, que representan apenas el 10 por ciento del total comunicado, y cuyo importe total asciende a 186,3 millones de euros. Una cifra bien distinta a los 988 millones que sí sumaron el total de contratos comunicados al Tribunal de Cuentas y que ese medio 'redondea' hasta el millar -sin distinguir entre contratos comunicados y examinados- para atribuir a García-Page supuestos contratos públicos "sin justificar".
Pero la manipulación de los datos en esta información de OkDiario no se limita al titular, puesto que también se extraen fragmentos del informe del Tribunal de Cuentas y se atribuyen de forma particular al examen realizado a la contratación pública en Castilla-La Mancha, cuando en realidad se trata de una apreciación conjunta a las cinco comunidades autónomas -junto a Castilla-La Mancha se encuentran Cantabria, Extremadura, La Rioja y Región de Murcia- y las dos ciudades autónomas Ceuta y Melilla- cuyos contratos son objeto de fiscalización en este informe, al carecer todas ellas de un órgano externo que se ocupe de ello.
Así, por ejemplo, cuando se afirma que "el tribunal concluye que en la mayoría de los contratos fiscalizados no se ha justificado suficientemente la necesidad de su celebración", en realidad el informe se refiere al conjunto de "contratos analizados", esto es no solo a los de Castilla-La Mancha, sino también a los de las otras cuatro comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.
Un matiz importante que el diario de Inda "omite", para afirmar a renglón seguido que "la administración autonómica ni siquiera ha conseguido en muchos casos acreditar la urgencia que supuestamente justificaba el contrato", introduciendo así otro aspecto sobre el que distorsiona el contenido del informe.
Y es que en lo que se refiere a la tramitación de urgencia de los contratos, el Tribunal de Cuentas tan solo hace observaciones en este sentido a 3 de los 68 contratos examinados. En dos de los casos por figurar en el anuncio de licitación que la tramitación sería ordinaria, pero posteriormente en el pliego figuraría el trámite de urgencia y en la adjudicación, en ambos casos sin motivación o justificación; mientras que en el tercer caso considera el órgano fiscalizador que la justificación es "excesivamente genérica".
Lo mismo ocurre cuando se indica en dicho artículo que el Tribunal de Cuentas "censura" a la Administración regional de García-Page ya que "los expedientes aportados presentan deficiencias porque los informes sobre la justificación de la necesidad aportados se limitan, bien a mencionar la competencia, a describir el objeto del contrato o, son sumamente genéricos, sin concretarse las necesidades supuestamente existentes en ese momento, que dieron lugar a la tramitación de los respectivos expedientes con los consiguientes gastos".
Una supuesta censura que no es tal, puesto que la afirmación en la que se apoya para señalarlo, es tan solo un fragmento de un párrafo más amplio, que comienza precisamente señalando: "Con carácter general, en los contratos celebrados por las comunidades autónomas y ciudades autónomas sujetas a fiscalización -Cantabria, Castilla-La Mancha, Ceuta, Extremadura, Melilla, Región de Murcia y La Rioja-". Demostrando así como de la generalización que hace el Tribunal de Cuentas este medio extrae lo que le interesa para arremeter contra el Ejecutivo socialista castellano-manchego y su presidente.
Lo mismo sucede respecto a las observaciones relativas a "la ausencia de los informes o de los estudios económicos necesarios para garantizar que el precio del contrato fuera el adecuado al mercado", que si bien este medio atribuye a una incidencia señalada "en muchos de los contratos firmados por la Junta de Castilla-La Mancha en 2016 y 2017", lo cierto es que lo que señala el Tribunal de Cuentas es que "en diversos expedientes" de las comunidades autónomas de Cantabria y Castilla-La Mancha, así como de Melilla, se ha observado dicha ausencia.
Y de igual manera hace exclusiva de la comunidad castellano-manchega la observación relativa a la existencia en algunos pliegos de contratos "de causas de exclusión o de prescripciones técnicas que limitan la concurrencia", cuando es algo que también se observa en la fiscalización de Cantabria.
Asimismo, el artículo en cuestión atribuye al Tribunal de Cuentas una "especial preocupación" supuestamente por el hecho de que "los contratos públicos de la administración de García-Page vulneran el precepto legal de que la inversión de fondos públicos y el consiguiente gasto que la mayoría de los contratos implica solo puede justificarse por la existencia de una auténtica, efectiva y concreta necesidad de interés público motivadora de la tramitación de cada expediente". Preocupación que no se manifiesta como tal, sino que se plantea el precepto legal -en términos generales- para posteriormente detallar en todas y cada una de las comunidades fiscalizadas, aquellos contratos a los que se hace esta observación, no siendo más numerosos ni llamativos los señalados para Castilla-La Mancha que los de Cantabria, La Rioja o Extremadura.
Muestras todas ellas de la utilización sesgada y tergiversada del contenido del informe del Tribunal de Cuentas sobre contratación pública durante los ejercicios 2016 y 2017, con la única intención de atacar al presidente castellano-manchego y candidato a la reelección, Emiliano García-Page, aspecto éste que tampoco olvida resaltar el diario en su artículo, planteando falsos "descubrimientos" y "preocupaciones" del órgano fiscalizador hacia la gestión de "quien aspira a revalidar su mandato en las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo".
Un artículo al que se han aferrado sus rivales en las urnas, tanto Ciudadanos como el Partido Popular, para repetir sin cuestionarlo ni verificarlo, el discurso expuesto por el diario de Inda.
