"Xenófoba" e "inconstitucional": los sindicatos estallan contra la promesa de Unidas Podemos sobre empleo público

  • Intersindical advierte que no están dispuestos a que les quieran "vender la moto, sin matrícula ni gasolina"; piden "respeto y rigor" a la hora de plantear medidas relacionadas con el sector y exigen la retirada inmediata de la propuesta.
  • Desde UGT subrayan lo "irresponsable" de la iniciativa, al tiempo que les reprochan "profundo desconocimiento de la ley" y la intención exclusivamente "electoralista" de una medida que es de "imposible" aplicación.
  • CCOO considera un nuevo "despropósito" el planteamiento de García Molina, con el que pretende "engatusar" y "confundir" a miles de opositores, al ser imposible de cumplir por vulnerar derechos constitucionales.

TOLEDO.- La propuesta de Unidas Podemos de priorizar en el acceso al empleo público a los nacidos y empadronados en Castilla-La Mancha, en contra de los principios de mérito y capacidad que recoge la Constitución, se les ha vuelto en contra y ha provocado que desde los sindicatos no solo se le exija a la coalición la retirada de la polémica iniciativa, sino que también han solicitado respeto hacia la función pública y que no se juegue con ello en periodo electoral.

Una medida que era anunciada este lunes en rueda de prensa por el propio candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Junta, José García Molina, quien la reiteraba en otro de sus vídeos de campaña y la incluía tal cual en su programa ‑bajo el título 'Darle la vuelta al mundo'‑ con el que la coalición ha querido sorprender en esta campaña. Propuesta sobre la que hoy PeriódicoCLM ha detallando los artículos de la Carta Magna y la normativa autonómica a los que es contraria.

Así pues, desde Intersindical rechazan el planteamiento realizado por el candidato regional de Unidas Podemos y todavía vicepresidente segundo de la Junta, al considerar que el plantear ofertas de empleo público restringidas "para la gente empadronada en Castilla-La Mancha", además de inconstitucional "es demagógico y xenófobo", adoptando así "el discurso de la ultraderecha populista de la disputa de la escasez entre la gente trabajadora y de los de aquí primero".

Así lo señalan en un comunicado, en el que han subrayado que "no hace falta tener una cátedra en Derecho Constitucional" para saber que el artículo 23.2 de la Constitución española reconoce como derecho fundamental de los ciudadanos "acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes".

Afirman desde Intersindical que el derecho a acceder a la función pública se establece como un modo de participación de los ciudadanos en las administraciones públicas, estando ligado ese acceso a los principios de "mérito y capacidad", recogidos en el artículo 103.3 de la Constitución.

En este sentido, recuerdan que el artículo 23.2 impone la obligación de no exigir para el acceso a la función pública requisito o condición alguna que no sea referible a dichos principios de mérito y capacidad, "de manera que pudieran considerarse también contrarios al principio de igualdad" todos aquellos que establezcan una diferencia entre españoles, como puede ser el hecho planteado desde Unidas Podemos de estar empadronado en una comunidad autónoma u otra.

Por ello, para Intersindical es "evidente" que la propuesta de García Molina "no deja de ser una ocurrencia electoral cargada de demagogia", con la que se trata de apelar "a los sentimientos más elementales de la ciudadanía castellano‑manchega". Una propuesta "sin ningún rigor jurídico y que en la práctica es de imposible cumplimiento", puesto que con el actual marco constitucional, "cualquiera que presentara una demanda contra este tipo de oferta pública de empleo tendría todas las posibilidades de tumbarla", advierten en su comunicado, en el que recuerdan que "ya ha sucedido por numerosas sentencias que anulan bases de convocatorias en este sentido".

Además de todo ello, consideran que "políticamente" la propuesta de García Molina "lleva implícito un claro sesgo xenófobo", al excluir del acceso al empleo público a los españoles empadronados en otras comunidades autónomas, que "implícitamente son tratados como extranjeros que vienen a quitarnos el trabajo a los castellano‑manchegos".

Para Intersindical se trata pues de "un discurso más cercano a las posturas de la ultraderecha populista y reaccionaria, que de una formación que se diga de izquierdas". Algo que, según denuncian, "llega al absurdo" si se aplica al caso personal del propio García Molina, "oriundo de L'Hospitalet de Llobregat, que estudió en la Universidad de Barcelona, y que en base a su propia propuesta no podría haber accedido a su plaza en la Universidad de Castilla-La Mancha".

Ante esta situación, desde el sindicato exigen a García Molina que "retire inmediatamente esta propuesta" y que "deje de frivolizar" con el empleo público en Castilla-La Mancha, con "medidas ilegales e irrealizables" que llevan "a la confusión y al engaño de miles de opositores que están preparando ahora mismo las pruebas selectivas". Propuestas que "nada aportan al aumento de las plantillas y a la mejora de la calidad de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía".

Concluyen su comunicado exigiendo a los partidos políticos que se presentan a las elecciones autonómicas que "expongan sus medidas sobre el sector público con el rigor y el respeto que se merece", puesto que "no vamos a consentir que nos vengan a vender motos sin matrícula ni gasolina".

"IRRESPONSABLE" Y "ELECTORALISTA"

Pero Intersindical no es el único sindicato que se ha pronunciado contra la ocurrencia de García Molina y la coalición a la que representa, puesto que desde UGT se ha llegado a tildar de "irresponsabilidad" la propuesta y una demostración del "profundo desconocimiento de la ley" por parte del candidato de Unidas Podemos.

Consideran "inaceptable" que alguien que concurre como candidato a presidir la Junta "haga declaraciones contrarias a la propia Constitución".

A través de una nota de prensa, la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de este sindicato a nivel regional ha insistido en que esta medida abanderada por García Molina es "absolutamente discriminatoria" y "contraria al ordenamiento jurídico", que además es "absolutamente imposible de aplicar y supondría una discriminación directa contra cualquier persona que no pertenezca a Castilla-La Mancha".

Finalmente, desde UGT consideran que quien aspira a presidir la región y actualmente ocupa la Vicepresidencia Segunda del Ejecutivo "no debería hacer declaraciones tan sumamente irresponsables con un objetivo exclusivamente electoralista", cuando en realidad "es una propuesta de ejecución imposible y que cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento del ordenamiento jurídico, sabe que va contra el sistema de acceso al empleo público recogido en nuestra Constitución".

"NO TODO VALE EN CAMPAÑA"

Tampoco se ha quedado García Molina sin respuesta por parte de Comisiones Obreras de Castilla‑La Mancha, desde cuya Federación de Servicios a la Ciudadanía dicen al candidato de Unidas Podemos que "se equivoca mucho" y le recuerdan que en campaña electoral "no todo vale".

Este sindicato, nuevamente a través de un comunicado, responde a la "propuesta inconstitucional" de García Molina, que consideran "la guinda" de los "despropósitos" que ha ido planteando en precampaña y en estos primeros días de campaña electoral. Intervenciones que han estado "plagadas de afirmaciones y compromisos poco o nada creíbles, insostenibles y directamente inasumibles".

A ello se suma ahora "la propuesta de convocar ofertas de empleo público con el padrón como criba", exigiendo el empadronamiento en Castilla-La Mancha para el empleo público en la región.

Una iniciativa que denota, en opinión de Comisiones obreras, que "García Molina ignora, o pretende ignorar, los derechos y libertades fundamentales del Título Primero de nuestra Constitución", y que "igualmente desconoce por completo, o pretende obviar, tanto la legislación en materia de acceso a la función pública como la recurrente jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina del Tribunal Constitucional", que "sin margen a la interpretación" ‑subrayan desde el sindicato‑ "han dejado meridianamente claro que para acceder al empleo público no se puede exigir ningún requisito que discrimine a cualquier ciudadano español".

Asimismo, consideran que el candidato de Unidas Podemos "se equivoca políticamente" al tratar de "engatusar y confundir" a miles de personas que se presentan a las ofertas de empleo público proponiendo "una medida que es imposible de llevar a cabo", por vulnerar un derecho constitucional fundamental y por incumplir toda normativa existente en relación al acceso al empleo público.

En este sentido, desde CCOO creen que "levantar barreras" como las que plantea García Molina "ni es aceptable bajo ningún concepto ni es posible en nuestro Estado de Derecho; ni es tampoco solución para problema alguno".

Le han recordado así que al igual que hay gente de fuera que opta a plazas en Castilla-La Mancha, son muchas las personas de la región que opositan en otras comunidades autónomas, obteniendo muchas de ellas también plaza.

Para Comisiones Obreras la propuesta de García Molina, que califican como "desafortunada ocurrencia", "no puede encontrar respaldo de ninguna organización política medianamente seria". Así, desde el sindicato le reclaman al dirigente del partido morado "más política y menos oportunismo político", así como "más fundamento y menos populismo ramplón", han sentenciado.

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