Estado de parálisis en las exhumaciones de las fosas del franquismo en Castilla-La Mancha

Menos de la mitad. Desde el 2000 hasta este año tan solo se han excavado 47 fosas con un total de 883 víctimas recuperadas en la región, quedando por intervenir 64 fosas localizadas y 3 exhumadas parcialmente, sin expectativas de poder continuar con la labor ante la falta de apoyo institucional y financiación. Otras muchas todavía no han sido ni halladas.

El jueves de la semana pasada, 24 de octubre de 2019, asistimos a la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos ‑lugar improvisado por el régimen tras su muerte y donde nunca pidió que se le enterrase‑, por parte del Gobierno de España con un coste total de 63.061 euros.

Dentro de todo el dispositivo financiado por el erario público encontramos la clausura del Valle de los Caídos, maquinaria pesada, preparación de espacios privados para los familiares y hasta un traslado en helicóptero hasta el Cementerio de Mingorrubio, campo santo donde también reposa gran parte de la esfera franquista, sobre todo escolta de Franco, y ubicación del colosal panteón en el que se enterró a su mujer Carmen Polo.

Sin embargo, la cobertura mediática de la exhumación de Franco ha oscurecido una de las cuentas pendientes que aún tienen las instituciones y la sociedad española con la Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007, de 26 de diciembre), aprobada durante el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Según está redactado en uno de sus apartados, el relacionado con las fosas comunes de la Guerra Civil, dice: "El estado debe ayudar a la localización, identificación y eventual exhumación de las víctimas de la represión franquista y los aún desaparecidos y los enterrados en fosas comunes". Pero la verdad es que esta ley se ha tambaleado demasiado por los vaivenes de la confrontación política entre la izquierda ‑promotora de la normativa‑ y una derecha que la ve innecesaria, bajo la excusa de no ‘reabrir heridas’.

Acabando así en una lucha por su derogación, por parte de los partidos conservadores, junto con la realidad existente en la escasa comunicación, falta de financiación y retrasos en los procesos judiciales que permiten las exhumaciones e identificación de nuevas fosas tanto en Castilla-La Mancha como en el resto de España.

ESTADO DE LAS FOSAS EN LA REGIÓN

Las excavaciones tuvieron su inicio en el año 2000. Desde ese año hasta la actualidad se han intervenido en España 748 fosas y recuperado 9000 cuerpos, mientras que en Castilla-La Mancha son 47 las fosas excavadas y recuperadas 883 personas.

Una de las fosas más importantes de nuestra región y que aún sigue en plena excavación debido a su magnitud y a la cantidad de represaliados que contienen es el Cementerio de La Tahona donde han recuperado 439 cadáveres, durante tres campañas, procedentes del Monasterio de Uclés (Cuenca) que sirvió como Hospital Republicano durante la Guerra Civil y de 1939 a 1943 como Cárcel de presos políticos del régimen franquista.

El gran problema de las fosas comunes en Castilla‑La Mancha es que muchas de ellas aún no han sido localizadas, lo que implica una investigación exhaustiva entre la historia oral de familiares u otro tipo de archivos difíciles de encontrar, así como otro tipo de fosas no es posible intervenir debido a labores de construcción o remoción de tierras lo que ha hecho perder los cadáveres.

Los datos que se recogen a continuación son producto de la información pública de la Dirección General de Memoria Histórica del Ministerio de Justicia, Mapas de Memoria (UNED) y Mapas de la Memoria Democrática de Albacete y provincia (UCLM)

  • ALBACETE (de un total de 22 fosas)

Sin intervenir: 2 en Albacete capital, 1 en Chinchilla de Aragón, 1 en Casas Ibáñez, 1 en Hellín, 1 en La Roda, 1 en Yeste y 1 en Villarrobledo

  • CIUDAD REAL (de un total de 52 Fosas)

Sin intervenir: 1 en Valdepeñas, 1 en Manzanares, 1 en Puertollano, 1 en Fuencaliente, 1 en Tomelloso, 1 en Viso del Marqués, 1 en Torrenueva, 1 en Abenójar, 1 en Solana del Pino, 1 en Alamillo, 1 en Los Cortijos, 1 en Luciana, 1 en Almadén,  2 en Almodóvar del Campo, 2 en Alcázar de San Juan

Exhumadas parcialmente: 1 en Valdepeñas, 1 en Solanilla del Tamaral, 1 en La Solana, 1 en Carrión de Calatrava, 1 en Porzuna, 1 en Puebla de Don Rodrigo, y 1 en Los Cortijos

  • CUENCA (de un total de 50 fosas)

Sin intervenir: 1 en Algarra, 2 en Bachín del Hoyo, 1 en Belmonte, 1 en Beteta, 1 en Boniches, 1 en Cañete, 2 en Cañizares,, 1 en Huerta de Marojales, 1 en Laguna del Marquesado, 1 en Tarancón, 1 en Santa Cruz de Moya, 1 en Pesquera, 1 en Villar del Saz de Arcas, 1 en Carboneras de Guadazaón, 1 en Cardenete, 1 en Cuenca, 1 en Cueva del Hierro, 1 en Dehesa de Cotillas, 1 en Henarejos, 1 en Los Hinojosos, 1 en Huete, 1 en Motilla del Palancar, 1 en Navalón, 1 en Talayuelas, 1 en Sotos, 1 en Priego, 1 en Villarta, 1 en Valdemoro-Sierra, 1 en Tragacete y 1 en Pajaroncillo.

Exhumadas parcialmente: 1 en Uclés

  • GUADALAJARA (de un total de 11 fosas)

Sin intervenir: 2 en Guadalajara, 1 en Mazarete y 1 en Sigüenza

  • TOLEDO (de un total de 45 fosas)

Sin intervenir: 2 en Carpio del Tajo, 1 en Consuegra, 1 en Madridejos, 1 en Ocaña, 1 en Quintanar de la Orden, 1 en Santa Olalla, 2 en Talavera de la Reina, 1 en Toledo, 2 en Torrico, 1 en Velada y 1 en Torrijos

Exhumada parcialmente: 1 en Camuñas y 2 en Toledo

CUENCA, CON MÁS FOSAS Y LA MAYORÍA SIN INTERVENIR

El caso de la provincia de Cuenca es desolador. De las 50 totales hay 32 sin intervenir y 2 de ellas desaparecidas, además de que aún se está trabajando en la fosa del Monasterio de Uclés, una de las más grandes de España por la cantidad de cadáveres. El resto de fosas han sido exhumadas o trasladadas por Patrimonio Nacional al Valle de los Caídos.

Esta es la realidad a la que se enfrentan miles de familias esperando a desenterrar a sus padres o abuelos, debido a la falta de dotación presupuestaria por parte de ayuntamientos o la Diputación de Cuenca y al alto grado de diseminación de las fosas por toda la provincia, lo que resulta mucho más complicado y caro realizarlo. Sin contar la alta probabilidad que existe de que el número crezca debido a la identificación de nuevas fosas hasta ahora desconocidas.

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES: LA GRAN INICIATIVA

Sin duda, Ciudad Real y Albacete son unos de los ejemplos de más compenetración entre instituciones públicas y la universidad como es la UNED. Normalmente, las diputaciones y ayuntamientos aportan fondos a la exhumación de fosas, según la tendencia política del consistorio o la importancia dada al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, sin embargo, destaca que fuera del plano nacional o de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación de Toledo fue la primera de estas instituciones en aportar una cantidad de 20.000 euros, un acto aplaudido por muchas asociaciones memorialistas de la región que velan por el cumplimiento de la normativa.

La Diputación de Ciudad Real, institución presidida por el socialista José Manuel Caballero Serrano, ante la lentitud de los plazos con el gobierno nacional y regional, llegó a un acuerdo con el CIEMEDH (Centro de Estudios de Memoria y Derechos Humanos de la UNED) para la consecución del proyecto ‘Mapas de Memoria’ y una provisión de fondos de 50.000 euros que incluye la búsqueda de nuevas fosas, exhumación y un libro titulado bajo el mismo nombre del proyecto, publicación donde se describen las excavaciones y citan a los represaliados y exhumados en las fosas.

Otro proyecto similar es el de "Mapa de la Memoria democrática de Albacete y provincia", presentado en 2018 y cuyo promotor fue la Diputación de Provincial con el apoyo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Compuesto por un equipo investigador de dicha universidad, aborda temas como el hallazgo de fosas y su localización, represaliados, prisiones, durante la guerra, el régimen franquista e incluso con una categoría sobre la etapa democrática en Albacete.

CRÍTICAS DE LAS ASOCIACIONES MEMORIALISTAS

Entre las críticas de los diversos colectivos implicados en la reparación a las víctimas del franquismo en fosas comunes de la Guerra Civil, encontramos alusiones a retrasos en la falta de anulación de sentencias injustas a represaliados por el régimen, pero el mayor problema es la inactividad política por la incapacidad de formar gobierno. Esto provoca una cierta parálisis en gobiernos regionales, provinciales y locales esperando financiación del Estado, lo que hace que muchos de los miembros de las Asociaciones por la Memoria Histórica  ‑Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Foro por la Memoria Histórica de Toledo, Asociación por la Memoria Histórica de Cuenca, Víctimas de la dictadura, Foro por la Memoria de Guadalajara, la Asociación de Familiares de Ejecutados en el Cementerio de Ocaña, Asociación por la Memoria Histórica de Ciudad Realse quejen de la falta de financiación, retraso de plazos, falta de apoyo institucional y los retrasos en los trámites judiciales o burocráticos para poder enterrar dignamente a los represaliados.  

La mayoría de los colectivos se quejan de que los planes de exhumación, más que hacerlo por convicción humanitaria o mero cumplimiento de la ley de Memoria Histórica, la exhumación de fosas son tratadas como medidas electoralistas. En la mayoría de las ocasiones, el bloque de la derecha en España ‑compuesto por Partido Popular, Ciudadanos y Vox‑, obstaculiza por no considerar prioritario en sus presupuestos la excavación de fosas comunes o simplemente "liquidan" la Ley de Memoria Histórica como ha pasado en Andalucía con su llamada "Ley de Concordia", muy alejada de la verdadera reparación a las víctimas del franquismo y sin financiación pública.

El problema existente en Castilla-La Mancha ha sido la falta de iniciativa y valentía del gobierno entre PSOE y Podemos para llegar a un acuerdo en referencia a la Ley de Memoria Histórica, una propuesta que fue registrada por el partido morado en marzo de 2019 y duramente criticado por los colectivos memorialistas, no llegando más que simplemente a presentar la ley en las Cortes castellano-manchegas.

LA MEMORIA, A LA ESPERA

Como ya conocimos en febrero de este mismo año, el Ministerio de Justicia hizo pública la petición de la Dirección General por la Memoria Histórica para que 656 ayuntamientos de toda España retirasen los vestigios de exaltación franquista, de los cuales 125 ayuntamientos son de Castilla-La Mancha ‑un llamativo 19,05 por ciento‑.  Pero aún es más reseñable por provincias, ya que de las cinco provincias con más consistorios a los que se ha pedido eliminar estos vestigios, se encuentra en primer lugar, Toledo con 49, Valladolid con 43, Cáceres con 40, Salamanca con 36 y Cuenca, en quinto lugar, con 35.

No es de extrañar que la confrontación política entre la derecha y la izquierda, produzca una lentitud de plazos o falta de financiación para hacer cumplir la ley. Siendo llamativo que no se cumple igual la ley al mismo tiempo en todos los territorios, ya que según el color del gobierno se hará más prioritaria la excavación de fosas comunes o se tratarán con más lentitud.

Un caso a tener en cuenta es la urgencia en el cumplimiento de la ley en Cuenca y Toledo, provincias de Castilla-La Mancha con más fosas comunes sin intervenir y otras paralizadas. Otra cosa es que esa lentitud puede hacer que muchos de los familiares que esperan desenterrar a sus familiares represaliados mueran sin haberles dado un entierro digno. Por eso, se considera que en Castilla-La Mancha, al igual que en toda España, debe haber un compromiso más uniforme de todas las instituciones y una obligación en plazos para el cumplimiento legal.

En cuestión de financiación pública, asociaciones por la Memoria Histórica y colectivos de historiadores y arqueólogos consideran que el apoyo debe ser más homogéneo en el plano estatal, regional, diputaciones, ayuntamientos e incluso su colaboración con universidades públicas como lo ha hecho en este caso, las diputaciones de Albacete y Ciudad Real. Una lamentable situación que en ocasiones ha llevado a familiares y activistas de la causa a financiar de manera privada la exhumación de víctimas.

Viendo el espectáculo y desembolso del cambio de ubicación de la tumba de Franco, mucha de la población considera que el Gobierno ha tenido un trato de favor con la familia Franco. Un gasto de dinero que nunca se haría con un solo represaliado del régimen franquista y, por lo tanto, un ejemplo de que pese a ser un cumplimiento de la Memoria Histórica, es visible que la financiación y los plazos de exhumación han sido diferentes para un dictador genocida, que para miles de víctimas que, a día de hoy, permanecen en fosas comunes o cunetas a la espera de reencontrarse con sus familiares y tener un entierro digno.

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