TOLEDO.- Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado por unanimidad la ley del Tercer Sector Social, la cual permitirá ordenar, definir y apoyar a las entidades sociales de forma "clara, transparente, consensuada y sostenible".
Las tres formaciones políticas con representación parlamentaria han votado así a favor de esta norma que llegaba al pleno con enmiendas vivas para su debate, a pesar de lo cual se ha conseguido un voto unánime.
Lo hacía posible la retirada por parte del Grupo Parlamentario Popular de tres de las siete enmiendas parciales que había mantenido vivas, se han transado otras tres y la aprobación de por los tres grupos de la séptima. Asimismo también se lograba un acuerdo sobre las cinco enmiendas que habían mantenido vivas desde Ciudadanos.
Se ha dado así luz verde a una ley cuyo objetivo fundamental es "mejorar la vida de la gente", avanzando "hacia cohesión y el bien común".
Así lo destacaba la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, durante su intervención en el pleno celebrado este jueves, en el que se ha felicitado por la "corresponsabilidad y el ejemplo de consenso" que PSOE, PP y Ciudadanos han dado.
Sánchez se ha mostrado convencida de que ha sido posible este consenso al crear esta ley "un sistema transparente" de colaboración entre la Administración y las entidades del tercer sector, definiendo el modelo de relación y a su vez garantizando "la seguridad jurídica y la estabilidad del tejido social de Castilla-La Mancha".
La consejera ha valorado de esta ley su sencillez y concreción, al contar con unos objetivos "muy definidos". Así ha destacado entre las principales novedades que introduce la norma la creación de una Comisión para el Diálogo Civil, así como la realización de un inventario de entidades sociales y el desarrollo de una estrategia de promoción. Asimismo con esta nueva ley se contempla el concierto social como una fórmula para la prestación de servicios públicos.
La titular de Bienestar Social ha recordado que se trata de una ley reguladora y ordenadora del Tercer Sector, y que por tanto no supone incremento del gasto público, aunque contempla la estabilidad de las entidades sociales.
Sánchez ha explicado que la financiación media anual destinada a las iniciativas que desarrollan las entidades sociales en los ámbitos que incluye la norma, asciende a cerca de 300 millones de euros.
Un Tercer Sector Social que en Castilla-La Mancha está compuesto por 5.200 entidades, que atienden a 400.000 personas de forma directa y a un millón más indirectamente. Asimismo, según ha detallado Sánchez, cuenta con 6.400 personas contratadas de forma directa, lo cual hace que el sector sea un motor de creación de empleo y riqueza económica y social en la región.
Entre los principios rectores de la ley la consejera destacaba la transparencia, la igualdad, la solidaridad y la justicia social, al tiempo que recoge obligaciones para las entidades, con el objetivo de dotarlas de procedimientos más participativos.
Durante su intervención, Sánchez ha defendido la rigurosidad de esta norma, para cuya redacción se han elaborado estudios "exhaustivos", y se han incluido en ella necesidades emergentes como la soledad no deseada.
Por su parte los grupos parlamentarios han destacado la necesidad de contar con una ley del Tercer Sector Social y han agradecido a las entidades su "incansable y constante" trabajo, al tiempo que han valorado la voluntad de diálogo mostrada por todos grupos para alcanzar un acuerdo.
El parlamentario socialista y ponente del dictamen, Pablo Camacho, ha recordado el proceso de tramitación parlamentaria de esta norma desde que se registró en las Cortes el 30 de octubre de 2019, al tiempo que ha destacado el "consenso amplio" existente. Asimismo ha agradecido el "espíritu negociador" de los grupos parlamentarios.
Camacho ha destacado que esta ley establece cauces para mejorar el diálogo y avanzar en un modelo participativo, a la vez que reconoce el trabajo "bien hecho" del sector, que desarrolla una labor "necesaria e imprescindible".
En esta misma línea se ha pronunciado el diputado del PP Vicente Aroca, quien ha subrayado que las enmiendas planteadas por su grupo no tenían otro fin que "aclarar y mejorar el texto".
Asimismo ha ofrecido los detalles sobre cómo se había conseguido esta unanimidad, tras varias llamadas telefónicas y una larga reunión de trabajo en la que se consensuaban las enmiendas que habían quedado vivas tras la Comisión.
A pesar de su voto a favor de la aprobación de esta ley, los populares han advertido de que estarán "vigilantes" para que la norma se cumpla y sea efectiva.
Por su parte desde Ciudadanos su diputada Úrsula López ha subrayado la importancia de esta ley, que dará "estabilidad" y "unas normas de juego claras" al sector. Asimismo, durante su intervención, apuntaba algunas de las aportaciones realizadas al documento, como la incorporación de la discriminación por razón de orientación o condición sexual, o el impulso de procedimientos de reconocimiento a los voluntarios.
