TOLEDO.- El CoVid-19 no distingue entre clases sociales a la hora de ser infectado, pero sí en cuanto a la cobertura que se recibe. Mientras que la mayoría de castellano-manchegos, incluido el personal sanitario, ha presentado problemas a la hora de conseguir acceder a las pruebas del coronavirus debido a su falta de disponibilidad; se ha sabido que la antigua presidenta de la comunidad autónoma, María Dolores de Cospedal, ha podido ser sometida al test junto a su marido, Ignacio López del Hierro, resultando en ambos caso positivo.
Se desconoce si han sido atendidos en un centro público o privado, pero lo que sí queda patente son los efectos que han tenido las políticas de austeridad de la dirigente popular en el conjunto de la ciudadanía de Castilla-La Mancha.
Una época que estuvo marcada en primer lugar por los severos ajustes económicos en el SESCAM. Entre los años 2010 y 2015, el presupuesto de la Sanidad de la región se redujo en casi dos mil millones de euros, suponiendo un recorte del 15 por ciento en las partidas destinadas al servicio de salud autonómico.
La más afectada de ellas fue la de Inversiones, que pasó de contar con 296 millones de euros en 2009 a quedarse en poco más de 48 al terminar la Legislatura. Algo que se notó tras la paralización de la construcción de cuatro hospitales de la región, así como de varios centros de salud.
En los cuatro años de gestión del Partido Popular, se cerraron 688 camas en los hospitales de Castilla-La Mancha. Un hecho que supuso que la región llegara a encabezar en 2013 el ranking nacional de recortes en este indicador. Del mismo modo, se aprobó el polémico copago sanitario, que afectó a los colectivos con menos ingresos.
El personal sanitario también sufrió la tijera del Gobierno de María Dolores de Cospedal. Durante su mandato, se despidieron a 2.791 profesionales, lo que suponía cerca del diez por ciento de la plantilla total. De ellos, unos 1.500 formaban parte de la plantilla orgánica, mientras que el resto de despedidos pertenecían al personal eventual.
Una destrucción de empleo público que el Ejecutivo del Partido Popular no consideró suficiente. Después del cambio de Gobierno en la región, la consejería de Sanidad reveló un polémico informe que se elaboró en la etapa de José Ignacio Echániz. En el documento, llamado "plantillas horizontes", se planeaba que el servicio público de salud despidiese a siete mil trabajadores más, una reducción que habría situado a la plantilla en niveles del año 2005.
En la misma línea, Cospedal nunca llegó a convocar ninguna oferta de empleo público en el sector. Como tampoco se hizo con los concursos de traslados en Atención Primaria ni con las plazas de especialistas. Los únicos contratos que se realizaron en sus cuatros años de gestión fueron ofertas precarias y de carácter temporal, con el fin de cubrir necesidades estructurales.
Unas contrataciones en las que se incorporó, al menos, a cuatro trabajadores sanitarios sin titulación homologada por parte del Ministerio de Sanidad. Un escándalo similar al que utilizaron los populares para pedir posteriormente la dimisión de Jesús Fernández.
Los pocos profesionales que se mantuvieron en el SESCAM sufrieron a su vez recortes en sus retribuciones. Tras cuatro años de Gobierno del Partido Popular, pasaron a percibir un 3,8 por ciento menos de salario del que recibían durante la gestión socialista.
UNA SANIDAD PRIVATIZADA Y DEPENDIENTE DE MADRID
En su breve estancia en el Palacio de Fuensalida, Cospedal no solo buscó reducir la financiación y el personal del sistema de Salud Pública. De igual forma, fueron sonados los intentos de privatización de los distintos centros hospitalarios de la región.
A lo largo de 2012, se anunció la intención de externalizar la gestión de los hospitales de Almansa, Manzanares, Tomelloso y Villarrobledo. Poco después, se supo a través de un informe que los populares buscaban ceder los hospitales a las empresas ACS y Acciona a cambio de condonar la deuda contraída por la construcción de la Autovía de los Viñedos.
La Junta encargó además un documento que trazaba "la hoja de ruta" de la privatización de estos hospitales, que fue elaborado por dos consultoras de prestigio internacional. Un trabajo que supuso un coste de cien mil euros para los bolsillos de los castellano-manchegos.
Por otro lado, los populares contemplaron la privatización de las residencias de mayores, que ya habían desmantelado parcialmente. En las residencias de Talavera de la reina, Torrijos y Toledo, el Ejecutivo de Cospedal redujo el personal en un 25 por ciento, sin realizar en sus cuatro años de gestión ninguna sustitución por baja o incapacidad temporal.
Al mismo tiempo que se desmantelaba la Sanidad de Castilla-La Mancha, el consejero José Ignacio Echániz ofreció como solución a las saturadas listas de espera la firma deun convenio sanitario con la Comunidad de Madrid. Un acuerdo que suponía un coste a las arcas regionales de casi 65 millones de euros y que destinaba íntegramente a financiar hospitales privados en los que el Partido Popular tenía intereses.
Pese a que el convenio se justificó argumentando que favorecería a los vecinos del norte de Toledo y Guadalajara, el SESCAM hizo uso de él para realizar derivaciones kilométricas, como el conocido escándalo de "La Milagrosa", donde diez niños sufrieron terribles negligencias. Tras un viaje de cuatrocientos kilómetros, los pacientes fueron abiertos en canal y cosidos sin más. Algunos de ellos tuvieron que ser intervenidos meses después debido a las "chapuzas" realizadas en el quirófano madrileño.
Otro de los escándalos que saltaron a la luz pública sobre la gestión sanitaria de Echániz y Cospedal fue el del hotel Cumbria de Ciudad Real, donde se realizaban ecografías para reducir las listas de espera de los hospitales de forma fraudulenta. Unas instalaciones que ni siquiera contaban con licencia de apertura. En 2011, los técnicos municipales denunciaron hasta en seis informes que el complejo no contaba con las medidas de seguridad adecuadas.
DESVIÓ FONDOS DEL HOSPITAL DE TOLEDO EN PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
El Complejo Hospitalario de Toledo estuvo en el punto de mira de los conservadores. Además de paralizar las obras del hospital toledano, el Gobierno aprobó la externalización del servicio que ofrecían los trabajadores del personal no clínico. Algo que habría llegado a afectar a 307 personas de no ser por un recurso de Comisiones Obreras en los tribunales, que acabaron tumbando el proceso debido a que la empresa adjudicataria no cumplía con la legislación.
Todo ello sin renunciar al préstamo de cien millones de euros que ofreció el BBVA al Gobierno de José María Barreda. Pese a la paralización de las obras, Cospedal siguió haciendo uso del dinero prestado por la entidad financiera, destinándolo a gastos ordinarios de la Junta, entre las que se incluían publicidad institucional y subvenciones en pleno año electoral.
LAS LISTAS DE ESPERA SUBIERON EN 45.000 PERSONAS
Estos ajustes, escándalos y despidos masivos tuvieron su efecto en la atención a los ciudadanos de Castilla-La Mancha. El más notable fue el aumento de las listas de espera de los hospitales de la región, que pasaron de poco más de 96.000 en el 2010 a 140.750 personas en junio de 2014, aumentando el número de pacientes sin atender en 45.000. De todos ellos, un total de 41.389 se encontraban pendientes de una intervención quirúrgica, mientras que casi 76.000 esperaban ser atendidos por un especialista.
Unas cifras que fueron incluso mayores en los años más duros. En junio de 2013, el dato alcanzó el máximo histórico, llegando a ser más de 171.000 los castellano-manchegos que tenían pendiente una intervención quirúrgica o de una consulta con el especialista.
La mala praxis en la gestión sanitaria no solo se notó en el número de pacientes en espera, sino que además incrementó la media de días que llevaban esperando su consulta o intervención. En 2014, la espera media en consultas externas se situaba en 50 días, 18 días más que durante el posterior Gobierno de Emiliano García-Page. En cuanto a las técnicas diagnósticas, el tiempo medio de espera se llegó a situar en casi 70 días.
Datos que produjeron unos recortes que sí existieron, a pesar de que Cospedal acabara negándolos en el ocaso de su vida política; y de los que el sistema sanitario de la región no se ha podido recuperar hasta el final del pasado año, cuando el nuevo Gobierno dio por culminada la recuperación de los servicios públicos.
