TOLEDO.- El debate sobre la armonización fiscal se ha abierto también a nivel nacional, después de que desde Castilla-La Mancha se lleve tiempo reclamando la intervención del Gobierno central para acabar con las ventajas fiscales de unos territorios sobre otros a costa de los impuestos.
Una necesidad de armonización fiscal sobre la que hace poco más de un año todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en las Cortes se mostraban de acuerdo, tal y como reflejaron en una resolución conjunta aprobada por unanimidad, pero ante la que ahora el PP de Paco Núñez se desdice.
Una resolución conjunta que recibía el voto a favor de los 33 parlamentarios autonómicos, en la que se acordaba instar al Gobierno de España, entre otras cuestiones, a dar prioridad a la reforma del modelo de financiación autonómico contemplando para ello la "necesaria armonización de los tributos cuya recaudación corresponde a las comunidades autónomas".
Cabe recordar, tal como recoge el diario de sesiones del pleno celebrado el 5 de septiembre de 2019, que a esta resolución conjunta se llegaba tras un intenso debate sobre política fiscal, centrado en la reclamación al Gobierno central del desbloqueo de las entregas a cuenta y la liquidación del IVA del ejercicio de 2017, en total 360 millones de euros.
Sin embargo este sábado en el transcurso de un acto de partido en Guadalajara, el presidente del PP en Castilla-La Mancha exigía a García-Page su intervención para paralizar la ley de armonización fiscal planteada desde el Ejecutivo de Sánchez, al considerar que la propuesta de ERC de subir los impuestos al conjunto del país para que haya más dinero en los Presupuestos Generales del Estado para regiones como Cataluña constituye "un ataque frontal" a los intereses, entre otros, de Castilla-La Mancha.
También desde el PP, el senador por Toledo, José Julián Gregorio, se acusaba al presidente regional de haberse "alineado" con Rufián, Sánchez y Podemos "para subir los impuestos a Madrid y al resto de España" excepto en Cataluña y el País Vasco.
Algo que consideraba "sinónimo de subida de parados" y que aseguraba el PP, "con Pablo Casado a la cabeza y con Paco Núñez en Castilla-La Mancha, no va a permitir".
Precisamente el mismo Núñez que hace poco más de un año votaba junto al Partido Socialista y a Ciudadanos en el Parlamento castellanomanchego una resolución conjunta en la que además de pedir al Ejecutivo en funciones de Sánchez el desbloqueo inmediato del problema de las entregas a cuenta a ayuntamientos y comunidades autónomas, así como de la liquidación del IVA de 2017, se instaba también a abordar el sistema nacional de dependencia y la deuda del Estado con Castilla-La Mancha pendiente desde el año 2012.
Asimismo se aprobaba instar tanto al Gobierno de España como a las fuerzas políticas representadas en las Cortes y en las comunidades autónomas a comprometerse para "dar prioridad a la reforma del modelo de financiación autonómico" y hacerlo, subrayaban entonces, "con criterios objetivos, rigurosos, equilibradores y solidarios", teniendo además en cuenta "las peculiaridades y características propias de nuestra región".
Punto en el que también se instaba a contemplar "la necesaria armonización de los tributos" cuya recaudación corresponde a las comunidades autónomas.
Por último la resolución incluía también la petición de impulsar, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, las negociaciones necesarias para alcanzar un acuerdo de cara a la aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómica que corrija la actual situación y que hiciera posible que Castilla-La Mancha recuperase el dinero perdido durante los últimos años.
Un cambio de criterio el de los populares que denunciaba este martes el presidente del grupo socialista en las Cortes, Fernando Mora, quien recordaba cómo hace un año los populares votaron a favor de la armonización .
Y es que para los socialistas el PP de Paco Núñez "cambia como las veletas", ante lo cual pedía a los populares que sean "consecuentes".
En este sentido recordaba al PP que "los ciudadanos de Castilla-La Mancha tienen los mismos derechos y los mismos deberes que el resto de los ciudadanos de cualquier parte de España", por lo que "no estamos dispuestos a admitir ventajas fiscales de nadie", apostillaba Mora.
El presidente del grupo parlamentario socialista recordaba así que Castilla-La Mancha es una región "bastante despoblada en su interior, con una densidad de población muy pequeña, la más baja de España, comparada con una región que está al lado -la Comunidad de Madrid-, que tiene una concentración grande de servicios y que nosotros tenemos que dispersar a lo largo de 919 municipios para población tremendamente dispersa".
Por ello pedía que el PP "sea consecuente" y no rechace las cosas por rechazar y "por aplaudir los parabienes de una comunidad rica porque sí".
Insistía Mora en que "el equilibrio presupuestario y la solidaridad" son necesarias en España "para que haya unidad, para que haya fuerza y para que todos nos sintamos igualmente españoles en derechos y en deberes" tal y como señala el artículo 14 de la Constitución.
Asimismo recordaba que aunque este tema se ha vuelto a colocar en las portadas, el presidente regional, Emiliano García-Page, "lo sacó ya hace tiempo" y en el Debate del Estado de la Región celebrado en el mes de octubre se comprometió a presentar una ley de armonización fiscal para "trasladarle al Gobierno de España las necesidades de que todos los ciudadanos de España, con independencia de donde vivan, reciban los mismos servicios".
En este sentido Mora señalaba que la aportación en impuestos "tiene que ser igual para todos con independencia del sitio en el que vivan", ya que "no se cotiza por territorios, se cotiza por personas y, por tanto, es necesaria la igualdad en la prestación de servicios y también en la imposición de los tributos propios de las comunidades autónomas".
Por ello ha considerado "insultante" que haya "un desfase como el que hay" al respecto. Así ha puesto como ejemplo a la Comunidad de Madrid, desde la que el pasado año se "reivindicó al Estado 1.900 millones de euros cuando resulta que estaba haciendo exenciones por importe de más de 4.500 millones".
