CIUDAD REAL.- Tensión a las puertas de los juzgados de Tomelloso, a los que hoy acudía a declarar como imputado el director de la residencia Elder, José Manuel Sampedro, con la finalidad de determinar la relevancia penal de su actuación durante los primeros meses de la pandemia de covid en este centro, en el que murieron 75 residentes entre marzo y junio de 2020.
Una imputación que se producía tras la denuncia por homicidio imprudente y omisión del deber de socorro planteada por ocho familias de mayores que fallecieron en el centro durante ese tiempo, al considerar que la gestión "fue nula", que no se tomaron las medidas necesarias para proteger a los residentes y tampoco se informó de cuál era la situación real. Quieren que "se haga justicia realmente" y que "se aclare lo que ocurrió allí".
Familiares que hoy se han encontrado a las puertas de los juzgados con un grupo de trabajadores de la residencia Elder, familia y amigos de Sampedro -entre los que también se encontraba algún cargo público del partido del que fue concejal hasta que estallara esta polémica, como el portavoz del PP de Socuéllamos, Carlos Espinosa- quienes han acudido a arroparle al considerar que su imputación es "injusta" y que "en la pandemia no hay culpables".
Algo completamente distinto a lo que defienden las familias de las víctimas de la residencia Elder, algunos de cuyos representantes han vivido momentos de tensión con la comitiva de apoyo a Sampedro, siendo acosados cuando trataban de buscar respuestas a por qué en este centro murieron 75 mayores y en otras residencias vecinas los fallecimientos por covid no llegaron a la decena.
Las familias denunciantes consideran que se ha demostrado que la gestión "no fue como debía ser" y que "no se tomaron medidas" mientras que en otros centros sí se hizo.
Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas el portavoz de las ocho familias que han denunciado, Francisco Javier García Moreno, cuyo padre murió reducido a "piel y huesos"- aunque desde el centro se le aseguraba que estaba bien y que comía- y pidiéndole poco antes que le sacara de allí porque "aquí me matan".
Un relato de falta de información y de mentiras que comparten el resto de familias que se han unido para presentar esta querella, pero también otras muchas que "no se ha querido adherir por miedo o por otras circunstancias".
Familias a las que dos meses y medio después de haber fallecido sus seres queridos recibían una llamada en nombre de la residencia para darles el pésame y para saber "qué íbamos a hacer", si pensaban denunciar lo sucedido.
Y es que estas familias tienen claro que en la residencia Elder no se actuó como se debería haber hecho. "En España el 31 de enero ya había covid; en febrero ya estaba Madrid superinfectado y las residencias se sabía cómo estaban. Esta es una zona muy cercana a Madrid, la gente va a trabajar, y no se tomó ninguna medida: no se cerró la residencia, ni los trabajadores se quedaron como en otros centros de España para que no fuera a más", explica García Moreno.
A ello se suma el hecho de que en las otras dos residencias de mayores que hay en Tomelloso, una de ellas tan solo a 100 metros de la Elder, los fallecimientos por el covid fueran "en una ocho y en otra diez". Consideran los familiares que fue así porque "se tomaron medidas" y no como en el centro dirigido por Sampedro, al que reprochan que "si no tenía protocolos, ni EPIs o no sabía cómo actuar, lo suyo hubiera sido por lo menos preguntar, preocuparse un poco" de los residentes, que "son personas, no un número", ha subrayado.
Familias que quieren que se esclarezca qué ocurrió durante aquellas semanas en la residencia Elder; qué sucedía realmente mientras que se les decía que todo estaba bien y el director aseguraba en las redes sociales el 16 de marzo que no había problema, que se estaba trabajando "con normalidad" y que los residentes estaban bien, para dos días después aparecer en un programa de televisión denunciando un supuesto abandono por parte de la Administración regional, que ya eran 14 los fallecidos por covid en el centro y que se estaba informando puntualmente a las familias.
Quieren ante todo "respuestas", tal y como ha señalado por su parte el abogado de las familias, Luis Miguel Polo, para quien una de las principales explicaciones que se tienen que dar es "por qué en esta residencia no se adoptó ningún protocolo de actuación para proteger a los usuarios cuando ya en otras residencias sí lo estaban haciendo".
Una actuación que desde la comitiva que ha acudido al juzgado para mostrar su apoyo a Sampedro se ha defendido que fue "la que se ha dictado desde un principio. En toda España ha sido igual, lo que se iba marcando, no podíamos hacer otra cosa".
Así lo aseguraba una trabajadora del centro, que actualmente desempeña la función de gobernanta al encontrarse la titular de baja -tal y como ella misma ha detallado ante los medios-, quien erigida en portavoz de los defensores de Sampedro, ha señalado que "actuación hemos tenido en todo momento, tanto él como los trabajadores". Considera que "la culpa no es nuestra", puesto que "desde el principio no nos han dejado derivar gente al hospital".
Una afirmación que choca frontalmente con lo que se ha defendido desde el primer momento desde la Administración regional, cuyo director general de Salud Pública, Juan Camacho, desmentía el mismo 18 de marzo públicamente las palabras de Sampedro en televisión, asegurando que no había sido hasta el fin de semana anterior (14 de marzo) cuando desde la residencia Elder se había comunicado a la Gerencia de Área de Tomelloso que había un grupo de residentes con síntomas, momento desde el que se ponen a su disposición, y al día siguiente, domingo 15 de marzo, que eran varias las muertes registradas.
Situación ante la que el propio Camacho, tal y como explicó en su momento, se pone en contacto con el director de la residencia Elder, que le refiere "una situación compleja, donde no hay equipos de protección individual para los trabajadores", a pesar de que siendo esta empresa de titularidad privada la responsabilidad de proteger a sus trabajadores recae sobre ellos.
También le informa de que "no tiene médico y la situación es alarmante", por lo que desde el Sescam se envía un equipo médico y enfermera para realizar las primeras tareas de triaje y se ponen "las primeras medidas de control epidemiológico sobre la población residente".
Ese mismo domingo por la tarde se enviaban a la residencia otros tres equipos formados por médicos y enfermeras para realizar un triaje a los 75 usuarios que en aquellos momentos presentaban síntomas, permaneciendo durante la noche uno de los equipos para atender a los residentes.
Preguntada sobre esta falta de médico en la residencia, la portavoz de la comitiva de apoyo a Sampedro ha asegurado que "no es cierto", puesto que "nosotros en plantilla hemos tenido siempre a dos o tres médicos, te lo puedo asegurar. Hoy por hoy siguen siendo los mismos médicos; no hemos cambiado: los médicos son los mismos, el director es el mismo, la gente es la misma".
"Las únicas personas que han cambiado son las que siguen de baja, que no se han incorporado todavía; los demás somos los mismos, los de antes y los de ahora, que quede claro, no se ha cambiado nunca".
Afirmaciones que tan solo unos instantes después no ha tenido más remedio que matizar, después de una de los familiares de las víctimas le haya insistido al preguntar que si nunca habían cambiado. Y es que ella misma precisamente es quien está supliendo a la gobernanta, por lo que ha tenido que admitir que "claro, hay que cambiar de gente, porque si hay gente de baja hay que cubrirlas".
Una versión que no comparten los familiares de las víctimas, cuyo portavoz ha explicado que precisamente algunos de los trabajadores que han acudido hoy al juzgado a mostrar su apoyo a Sampedro son "gente de la plantilla, gente que tampoco en el momento de la pandemia" estaban en el centro, puesto que -recuerda- "muchos fueron despedidos por el propio Sampedro y otros se dieron de baja".
Cabe recordar que el 'apoyo' de los trabajadores al director de la residencia ya se pudo ver que no era tal hace un año, cuando el 29 de julio alrededor de 200 personas se concentraban ante la Elder para pedir la demisión de Sampedro. Una concentración convocada por el sindicato Comisiones Obreras, cuyas delegadas sindicales recordaban que en el centro ya "había un conflicto laboral previo" y que se había "profundizado durante la pandemia".
Concentración a la que se sumaron familiares y también algunos residentes, que en declaraciones a Cuadernos Manchegos aseguraron entonces que la actuación de los dirigentes del centro era "una vergüenza", que se habían cerrado las puertas "cuando ya todo el mundo estaba infectado y los trabajadores también venían sin protección" y que cuando ya se habían producido varias muertes Sampedro acudió a televisión "a decir que nos tenían abandonados y eso no es cierto, el que nos abandonó fue él que se fue a su casa por no infectarse".
Con la comparecencia ante el juez del director de la residencia, José Manuel Sampedro, se pone fin a una serie de declaraciones, que debía haber concluído el pasado mes de abril, pero que finalmente tuvo que ser aplazada.
Durante el proceso además de la declaración del imputado, se ha escuchado en calidad de testigos a responsables del GAI de Tomelloso, así como distintos profesionales sanitarios del Sescam y trabajadores de la residencia en el momento en el que se produjeron los hechos denunciados.
