Las familias pagarán una cuota fija de dos euros y otra variable en función de los metros cúbicos consumidos. Foto: EFEVERDE

TOLEDO.- El recibo del agua contará con un impuesto más en Castilla-La Mancha. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de la Ley de Aguas de la Comunidad Autónoma, como primer paso para su tramitación en los próximos meses en las Cortes regionales.

Un nuevo texto que tiene como propósito sustituir la ley reguladora del ciclo integral del agua, que data del 2002, y con el que Castilla-La Mancha busca dejar de ser "la única autonomía que no tiene actualizada la normativa en toda España",  tal y como explicó Emiliano García-Page durante su intervención posterior al Consejo itinerante celebrado en Seseña.

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El presidente adelantó que la legislación renovará los compromisos de sostenibilidad conforme a las directivas europeas y la legislación estatal, además de otorgar "legitimidad" a la Junta para seguir defendiendo la supresión del trasvase.

Para conseguirlo, la futura ley incluye varias disposiciones que, por un lado, abren la puerta a la intervención de la comunidad autónoma en las tareas de control de los caudales de aprovechamientos para usos agrícolas e industriales y, por otro, al requisito de dar trámite de audiencia a la comunidad autónoma en todos los procedimientos donde se pueda ver afectada.

Entre las novedades que introduce se encuentra además la creación de un 'canon medioambiental del agua', un nuevo tributo propio con naturaleza de impuesto indirecto que tiene la finalidad de "minimizar o corregir" los costes medioambientales que supone el consumo de este recurso, en línea con el artículo 9 de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea.

El impuesto será gestionado por la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, y su repercusión entre los colectivos de usuarios se fundamenta en el volumen de agua usada o consumida por los usuarios finales, pero también en la contaminación real introducida en el medio hídrico.

De esta forma, se establece para usos domésticos una cuota fija de dos euros y otra variable –entre 0 y 60 céntimos por metro cúbico-, que se aplican mensualmente. Entre los usos particulares que se incluyen en el canon se encuentran el uso de agua en viviendas para beber, para sanitarios, duchas, cocina, comedor, limpieza, riego de huertos y jardines, climatización, piscinas y otras instalaciones.

El tipo impositivo en el consumo doméstico tiene en cuenta algunos valores como el número de personas empadronadas en la vivienda, y está dividido en cuatro tramos de consumo, con el objeto de garantizar la progresividad de la tarifa.

También se establecen bonificaciones para colectivos vulnerables, que serán del cien por cien para los usuarios en riesgo de exclusión social que no paguen las tasas municipales del agua o las mujeres que acrediten ser víctimas de violencia de género.

En cuanto a las familias numerosas, se beneficiarán de reducciones de un 20 por ciento en la categoría general y del 50 por ciento en la categoría especial, aunque la bonificación solo se aplicará en la vivienda habitual.

Como "medida para combatir el despoblamiento rural", el texto contempla bonificaciones del 25 por ciento para las personas residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes, que se amplía al 50 por ciento en el supuesto de que la población sea inferior a los 2.000.

En el caso de los usos no domésticos, aquellos que estén vinculados a algún tipo de actividad económica, el tipo de gravamen aplicable presenta más diversificación. Por un lado, la cuota fija se determinará en función del diámetro del contador, y la variable se puede determinar en función del volumen consumido o de la carga contaminante.

Según el anteproyecto, el canon medioambiental busca asegurar la "suficiencia financiera", de manera que exista una capacidad real de dar cobertura a los programas de gastos de la comunidad autónoma en lo que concierne al ciclo del agua.

En definitiva, un nuevo impuesto que se aplicará junto a figuras tributarias contempladas en la legislación estatal, los cánones que se aplican desde 2002 –aducción y depuración- y los tributos de las entidades locales.

"PRESIÓN FISCAL A LAS FAMILIAS"

La aprobación del anteproyecto de ley no ha sentado bien en algunos partidos de la oposición. Desde Izquierda Unida, que llevan denunciando la introducción del nuevo impuesto desde hace un año, advierten de que, una vez aprobado, "incrementará en hasta 35 euros el recibo del agua".

Aunque coinciden con el Gobierno regional en la necesidad de actualizar la ley vigente, consideran que la reforma debería tener un "objetivo muy diferente", garantizando el acceso sostenible al agua potable en cantidad y calidad mediante unas infraestructuras eficaces.

La coalición de izquierdas ha criticado que "se grave el uso del un derecho humano con la excusa de un consumo eficiente", y apuntan a que la intención de la Junta con el nuevo tributo es sufragar el programa de construcción de nuevas depuradoras en la región, además de impulsar un modelo agrícola de regadío en una región seca.

Por todo ello, han exigido al Gobierno autonómico que dé "marcha atrás" y no aplique este canon que supone una "presión fiscal a las familias" de la región.